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Inmobiliaria a cargo de importante proyecto en Rancagua pide su quiebra: ¿Cuáles son las razones?

¿Qué pasó?

Un complejo escenario económico es el que está atravesando la Inmobiliaria VDA Rancagua, representada por Mauricio Moya Mac- Kay, luego de que la sociedad solicitara su liquidación voluntaria (quiebra) ante el Poder Judicial.

De acuerdo con lo que informa el Diario Financiero, los pasivos de la inmobiliaria superan los 38 mil millones y el principal acreedor es el Banco Scotiabank.

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La sociedad anónima fue constituida en febrero de 2018 y nació con la responsabilidad de la ejecución de un proyecto de uso mixto (viviendas y oficinas) llamado Edificio Plaza El Cobre, el cual consiste en una construcción de 19 pisos emplazada en el casco histórico de Rancagua.

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"El proyecto fue diseñado con altos estándares de calidad y con una planificación financiera y técnica rigurosa, sustentada en estudios de mercado, análisis de costos y cronogramas de ejecución que permitían su desarrollo en condiciones normales. Sin embargo, desde sus primeras etapas, la sociedad se vio enfrentada a una serie de eventos extraordinarios, imprevisibles y ajenos a su voluntad, que alteraron gravemente la viabilidad del proyecto y, por consiguiente, la estabilidad financiera de VDA Rancagua S.A", dice el documento presentado a la justicia.

Las causas que llevaron a la inmobiliaria a pedir la quiebra

En el texto se subraya que "como consecuencia del estallido social ocurrido en octubre de 2019 y de la posterior crisis sanitaria provocada por la pandemia de Covid-19, dicha empresa fue sometida a un procedimiento de liquidación concursal, siendo dictada la Resolución de Liquidación el 28 de abril 22 (...) lo que derivó en el abandono de las obras". 

"Este hecho generó un impacto devastador en la planificación original, tanto en términos financieros como en los plazos de ejecución, obligando a la sociedad a incurrir en gastos no contemplados y a reformular completamente el desarrollo del proyecto, como muchas empresas de este rubro especialmente afectado por la pandemia.

De la misma forma, se agrega que la inmobiliaria, para dar continuidad a las obras y evitar perjuicios en compradores y acreedores, adjudicó la construcción a una nueva empresa, la cual durante dos años avanzó en la ejecución del proyecto. Pero en 2023 también abandonó las obras, alegando una situación financiera deficitaria.

Posterior a eso, la empresa asumió directamente la ejecución de las obras, conformando nuevos equipos de trabajo y gestionando recursos adicionales. Si bien con esto, según aseguran, les permitió un avance físico del 99,5% del proyecto, el prolongado retraso generó un sobrecosto estructural "que comprometió gravemente la liquidez de la sociedad".

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