Alerta por demanda: acusan a empresa estadounidense por estafar a veteranos discapacitados y cobrar más de $ 20.000 por trámites

Una demanda colectiva federal enciende las alarmas en Estados Unidos. Acusan a una empresa de aprovecharse de veteranos discapacitados mediante el cobro de sumas que superan los 20.000 dólares por trámites relacionados con beneficios ante el Departamento de Asuntos de Veteranos (VA, por sus siglas en inglés).

El caso se enfoca en presuntas prácticas engañosas y abusivas que habrían afectado a un número indeterminado de exmilitares y sus familias, posiblemente en cifras que van desde cientos hasta cientos de miles de dólares, reseña Military.

La demanda contra Trajector Inc. y Trajector Medical

La acción legal fue presentada el 10 de abril en un tribunal federal de California por un grupo de bufetes que señalan a las compañías Trajector, Inc. y Trajector Medical, LLC como responsables de ofrecer servicios sin la acreditación requerida por el VA. Según la demanda, estas empresas habrían asistido en la preparación de reclamaciones por discapacidad, una labor que, de acuerdo con la normativa federal, debe ser gratuita cuando la realizan representantes acreditados.

El documento judicial sostiene que los honorarios cobrados por Trajector son excesivos y superan los límites permitidos, alcanzando cifras de entre 4.500 y más de 20.000 dólares. Además, se acusa a la compañía de no informar a los veteranos sobre la existencia de alternativas gratuitas disponibles a través de organizaciones autorizadas, lo que habría contribuido a inducirlos a pagar por servicios innecesarios.

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La demanda también detalla un patrón de conducta que incluiría prácticas comerciales desleales, cobros agresivos y el uso indebido de información personal de los veteranos para monitorear el estado de sus beneficios sin consentimiento. Estas acciones, según los demandantes, habrían agravado la situación de personas ya vulnerables, muchas de ellas afectadas por estrés postraumático o lesiones graves.

Trajector rechaza las acusaciones y asegura que sus servicios se limitan a la recopilación de evidencia médica, sin intervención en la preparación formal de reclamaciones ante el VA. La empresa sostiene que opera dentro de los márgenes legales.

El proceso judicial buscará determinar si el modelo de negocio de Trajector vulnera la ley federal y si los veteranos que pagaron por sus servicios tienen derecho a restitución. De prosperar la demanda colectiva, el impacto podría alcanzar a un número significativo de exmilitares en todo el país.

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