Los ''renunciados'' del gobierno de Michelle Bachelet
El segundo Gobierno de Michelle Bachelet no ha estado exento de polémicas, principalmente por las designaciones de profesionales en cargos que resultaban incompatibles con su desempeño en períodos anteriores, lo que tras ser conocido por la ciudadanía se generó una presión social y terminaron por gatillar sus renuncias anticipadas.
La primera autoridad en dar un paso al costado fue la subsecretaria de Educación Claudia Peirano, quien fue duramente cuestionada y criticada por sus opiniones contrarias a establecer educación gratuita en Chile, y por presuntos conflictos de interés.
Luego fue el turno de Carolina Echeverría, designada como Subsecretaria de las Fuerzas Armadas, y criticada por el rol que cumplió su padre en el período de dictadura militar, quien fue acusado de violar derechos humanos y actualmente enfrenta una querella criminal por apremios ilegítimos y tentativa de violación.
Esta semana anunció su renuncia, Marcela Riquelme Aliaga, Seremi de Justicia de la región de O'higgins y que decidió dejar el cargo, argumentando que "por sumario injustificado iniciado en gobierno anterior, debí declinar mi nombramiento".
Lo mismo hizo la Seremi de Vivienda y Ubanismo de la misma región. Natalia Sánchez señaló que su decisión fue tomada por razones personales y para no dañar la imagen del nuevo Gobierno.
La tarde de este martes, el senador Guido Girardi, aseguró que la Presidenta Michelle Bachelet habría pedido la renuncia a los gobernadores de Chiloé y Ñuble, luego de la polémica en que ambos se vieron inolucrados.
Claudia Placencio dejó el puesto, tras la controversia generada a raíz de su ficha de protección social que la catalogaba como "indigente". Mientras, el gobernador Cristián Fernández habría abandonado el cargo tras los cuestionamientos por haber sido destituido como alcalde de San Fabián de Alico. Está acusado de la malversación de fondos por 600 millones de pesos.
A ellos se sumaron los gobernadores de Antofagasta y de Santiago según confirmó el vocero Álvaro Elizalde. Hernán Vargas fue criticado por mantener el beneficio de la pensión Valech, cuestionándose si realmente fue un preso y torturado político en el tiempo de la dictadura.
Mientras que la autoridad santiaguina, Salvador Delgadillo, enfrenta una querella del CDE por malversación de recursos públicos desde 2010.