Caso Tsunami: Documento desestimaría existencia de Plan de Emergencia
En la Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago comenzó una nueva etapa del Caso Ttsunami, donde las defensas de cuatro de los siete imputados pretenden que se cierre la investigación.
En la audiencia se analizará por la apelación al fallo del juez Ponciano Sallés, del Séptimo Juzgado de Garantía, que el 16 de mayo rechazó sobreseer al ex subsecretario del interior, Patricio Rosende; a la ex directora de la Onemi, Carmen Fernández; al ex oceanógrafo del SHOA, Andrés Enríquez; y al ex jefe de alerta temprana de la Onemi, Johaziel Jamett, de los cargos de cuasi delito de homicidio por los errores en la alerta de Tsunami del 27 de febrero del 2010.
La cita judicial comenzó con retraso de una hora, ya que tanto abogados querellantes, como defensores de los imputados recusaron a los abogados integrantes y al presidente de la Tercera Sala, Juan Muñoz Pardo. Este último comunicó a los intervinientes que forma parte del Tribunal Regional Electoral junto a uno de los imputados, el ex subsecretario Rosende.
De esta manera, la sala quedó integrada por el ministro Miguel Vásquez, como presidente, el ministro subrogante Enrique Durán y la abogada integrante, Andrea Muñoz.
La defensa de Jamett, el abogado Carlos Pérez, antes de comenzar la audiencia, reveló un documento, firmado por Ricardo Toro Tassara, Director Nacional de la ONEMI, donde descarta que el Plan Nacional de Emergencia esté oficializado a la fecha.
La fiscal Solange Huerta ha basado sus argumentos en este reglamento para imputar a los siete formalizados, porque ahí se establecen las obligaciones del Ministerio del Interior y de cada departamento de la Onemi en momentos de catástrofe.
En el texto, se señala que "en relación al documento materia de su solicitud, puedo informar a usted que el Plan Nacional de Emergencia no existe, toda vez que el documento de trabajo existe en poder de ONEMI, con esa denominación, no ha sido aprobado por el acto administrativo correspondiente, en este caso por Decreto Supremo del Ministerio del Interior, y por lo mismo, tampoco ha sido objeto del trámite de control de legalidad por parte de la Contraloría General de la República, ni ha sido publicado en el Diario Oficial", dice el documento firmado por Toro y solicitado por la defensa de Jamett a través de la Ley de Transparencia.
(UPI)
