"Yefri": el líder sin rostro del Tren de Aragua que controló la noche de Santiago, movió $78 mil millones y está prófugo
- Por Leslie Ayala
El video dura pocos segundos. Una mano sostiene un proyectil explosivo tipo granada frente a la cámara y una voz masculina dice: "Mira esto, es para los que sigan haciendo fiesta sin comunicar. Para la próxima les vamos a lanzar esta pa’ que estén claros. Disparos. Pa’ que estén claros, pa’ la próxima se la vamos a dar pa’ adentro”.
El video llegó al teléfono de Bárbara Hernández Villegas una noche de julio de 2024. Ella lo reenvió a sus contactos. Así funciona el sistema: el miedo también se distribuye.
Hernández Villegas tiene 33 años, nacionalidad venezolana y una productora de eventos llamada Sunday Electronic con la que organizaba fiestas para la comunidad venezolana en Santiago. Lo que los investigadores de la Brigada Investigadora del Crimen Organizado (Brico) de la PDI establecieron después es que también era uno de los brazos operativos más importantes en Chile de quien la organización llama “Yefri”: el líder de una célula del Tren de Aragua que, según la investigación, había tomado el control de prácticamente toda la vida nocturna venezolana en la Región Metropolitana, desde Bellavista hasta Curacaví, desde las discotecas establecidas hasta las parcelas clandestinas en las afueras de Santiago.
Ir a la siguiente notaEste domingo, 17 personas serán formalizadas en el marco de la denominada Operación Tokio, la causa que desde agosto de 2024 lleva adelante la Fiscalía Regional Metropolitana Sur junto a la BRICO. Los documentos de esa investigación, a los que Mega Investiga tuvo acceso exclusivo, muestran cómo se construyó ese control y con qué se sostuvo.
El teléfono
Todo empezó con una masacre. El 16 de julio de 2024, cinco personas fueron asesinadas a balazos en la comuna de Lampa y en el marco de esa investigación la PDI citó a Hernández Villegas como testigo y le incautó su iPhone 13 Pro Max. Lo que encontraron adentro, extraído mediante la herramienta forense XRY, no era lo que buscaban pero mucho más importante: la agenda tenía guardado un número con prefijo español, el +34, bajo el nombre “Yefri Nuevo!”, y las capturas de pantalla del teléfono mostraban sus instrucciones, sus amenazas y el número de una cuenta bancaria en el BCI donde debían depositarse las cuotas de la organización.
“Yefri”, según los antecedentes recabados por la Fiscalía Sur y la PDI, operaba desde el extranjero con un número de código de área español y nunca apareció físicamente en Chile, pero su autoridad llegaba hasta la puerta de cada discoteca de Bellavista y hasta la parcela de Curacaví donde los domingos en la madrugada se realizaban los after partys que él había autorizado.
Las reglas
El negocio era simple en su lógica y sofisticado en su alcance. Cada productor venezolano que quisiera hacer una fiesta en Santiago debía comunicárselo a la organización, obtener una fecha y pagar una cuota, y todo lo que se vendiera adentro -tragos, drogas, entradas- “también tributaba”. Los comunicados de “Yefri”, encontrados en el teléfono de Hernández Villegas, no dejaban margen para la interpretación: “Todo aquel productor que quiera hacer fiestas llámese quien sea tiene que ser bajo la comunicación general de nuestra Organización. Todas las fiestas deben ser bajo nuestras indicaciones, no esperen ser sorprendidos para luego estar incomodados”.
La palabra “incomodar” tenía un significado concreto, como quedó demostrado en julio de 2024, cuando alguien organizó una fiesta en San Ramón sin avisar. “Yefri” mandó a otros miembros de la organización hasta la casa donde se realizaba el evento, grabaron el video de la granada y dispararon hacia el frontis con un arma de fuego con cargador extendido, y Hernández Villegas lo contó después en un mensaje de audio a uno de sus contactos: “Me están llamando los del Tren. Me están llamando o me están escribiendo”.
Las cuotas se pagaban por transferencia a una cuenta en el BCI a nombre de José Carlos Pérez Asencio, venezolano, cuyo número “Yefri” enviaba directamente por WhatsApp con una frase que los documentos de la investigación reproducen textualmente: “Aquí transfieren las cuotas”.
Lo que la investigación no reveló hasta esta semana es la dimensión real de ese engranaje financiero. Pérez Asencio no era solo el nombre en una cuenta del BCI: era un ejecutivo venezolano del Banco Santander que trabajaba en la entidad desde 2019 y que, según la Fiscalía, operó durante tres años como pieza central del lavado de activos de la organización.
El martes 2 de junio, agentes de la PDI allanaron la sucursal del Santander en calle Agustinas, en pleno centro de Santiago. Horas antes lo habían detenido en su departamento. Tras ser abordado por Mega Investiga dijo no saber nada. Sin embargo, la investigación le atribuye haber abierto al menos ocho cuentas en distintos bancos para recibir fondos de las extorsiones y reintroducirlos al mercado formal: solo en una de ellas los registros muestran abonos por más de $350 millones entre 2022 y 2025.
El total lavado por la red supera los $78 mil millones, transferidos hacia Colombia a través de empresas de criptomonedas, donde permanece detenido Carlos “El Bobby” Gómez, identificado como uno de los líderes de la organización y quien aparece en registros fotográficos junto a “Yefri”.
El mapa
La red que la PDI fue trazando a partir del teléfono de Hernández Villegas tenía varias capas y se extendía por gran parte de la Región Metropolitana. En el centro estaba el Barrio Bellavista en Recoleta, descrito en los propios documentos de la investigación como el territorio más crítico en relación a la influencia del Tren de Aragua: ahí operaban el París Lounge Bar en Ernesto Pinto Lagarrigue, la Discoteque Wao 2.0 en Pío Nono y el Club Gold —hoy rebautizado como Ibiza— en Antonia López de Bello. Desde ese núcleo la estructura se ramificaba hacia La Cisterna, donde funcionaba la discoteca Imperio; hacia Estación Central, donde un local de comida rápida llamado El Pool en Avenida Víctor Jara y que servía de fachada para after partys clandestinos; y hacia Curacaví, donde una parcela en Isabel Riquelme N° 105 albergaba las fiestas privadas que en el circuito llaman simplemente “After Party”.
Lo que circulaba adentro de esos recintos también era parte del negocio. La droga principal, según estableció la Fiscalía Sur, era el “Tussi”, una mezcla de ketamina con clorhidrato de cocaína popular entre el público venezolano, cuya internación al país es una de las marcas características del Tren de Aragua según los investigadores.
“Ñoño”
El segundo brazo operativo que la investigación identificó fue Jesús Miguel Cestaro Díaz, alias “Ñoño”, venezolano de 28 años cuyo perfil público en Instagram lo presentaba como organizador de eventos bajo la marca Ñoño Party y que la Oficina de Análisis de la Brico tenía identificado como vinculado al Tren de Aragua antes de que comenzara esta causa. Su número estaba guardado en el teléfono de Hernández Villegas y las conversaciones entre ella y otros contactos lo mencionaban como correa de transmisión de las instrucciones de la organización: cuando alguien en San Ramón organizó una fiesta sin avisar, fue “Ñoño” quien le dijo a otro miembro que en esa comuna “ya no se puede hacer nada”.
Lo que los investigadores fueron levantando sobre Cestaro Díaz meses después, ya con interceptaciones telefónicas autorizadas por el 10° Juzgado de Garantía de Santiago, confirmó esa jerarquía. Una llamada del 30 de abril de 2025 lo muestra actuando como mediador en un conflicto entre grupos venezolanos, diciéndole a su interlocutora que están esperando la decisión de “Los Panas” y que lo que menos quieren es una guerra, mientras la BRICO anotaba en su apreciación criminalística que Cestaro Díaz “ostenta la suficiente jerarquía para buscar mantener un balance”.
El 1 de abril de 2025 fue detenido por receptación y al día siguiente compareció ante el 11° Juzgado de Garantía. Cuando salió libre, cinco personas lo esperaban en la entrada del Centro de Justicia, todos venezolanos, y los funcionarios policiales que hacían el seguimiento los fotografiaron mientras lo recibían con una alegría que los documentos de la investigación describen como “evidente”. Esa vez, al menos, habían burlado a la justicia. Aunque no sabían que a esa altura ya eran seguidos muy de cerca.
Lo que sabía Bárbara
El poder de “Yefri” llegaba hasta detalles que, vistos desde afuera, parecen menores. El 5 de julio de 2024, el hijo de Hernández Villegas le escribió por WhatsApp que estaba en la puerta de la Discoteque Wao 2.0 y le estaban cobrando entrada, y ella le respondió que dijera que iba de parte de “Yefri”. Minutos después le reenvió una captura de pantalla donde “Yefri” había escrito directamente al encargado del local: “Ponlo en el mejor lugar x favor y que lo cuiden mande a decir yo”.
Esa captura sintetiza mejor que cualquier organigrama lo que la investigación tardó meses en documentar: “Yefri” no solo controlaba quién hacía una fiesta en Santiago, controlaba quién entraba a cada local. Lo hacía desde un número con prefijo español sin pisar Chile, y cuando alguien se olvidaba de las reglas mandaba el video de la granada.
La sangre en el piso
La madrugada del 21 de mayo de 2025, alguien mató a un hombre a balazos dentro de la discoteca Imperio en La Cisterna, dejando 17 casquillos en el lugar y otra persona herida, y Carabineros cortó los candados, entró por el segundo piso y se llevó el DVR con las grabaciones de las cámaras de seguridad. Ese mismo día a las 12:20 horas, una llamada interceptada por la BRICO mostró a René Palma Castro —chileno, 42 años, dueño y administrador del local— siendo informado de lo ocurrido por un interlocutor no identificado, diciéndole que no quería ir mientras hubiera prensa y que dijera que no conocía la clave del DVR cuando Carabineros la solicitó.
A las 12:47 horas del mismo día, otra llamada interceptada, esta vez desde el teléfono de Gisbel González Sánchez, venezolana de 29 años y pareja de Palma Castro, mostraba a una mujer que le contaba a su padre lo que había pasado esa madrugada: que ella había limpiado sangre del sitio del suceso antes de que llegara la policía, que todo quedó grabado en las cámaras que se llevó Carabineros y que la persona asesinada era un “pran”.
Ese es término venezolano para referirse a un criminal de alta jerarquía.
Contrabando dorado
Paralela a todo esto, la investigación abrió una tercera línea centrada en César Omar Correa Salas, venezolano de 39 años y pareja de Hernández Villegas, quien según los antecedentes recabados administraría locales de comercialización de oro con antecedentes policiales por contrabando asociado a la importación irregular del metal.
La hipótesis de la BRICO, según se desprende del expediente, es que esa actividad funciona como mecanismo de lavado: las ganancias del tráfico de drogas entran al mercado formal a través de la compra y venta de metales preciosos, un esquema que los documentos describen como una maniobra para “integrar al mercado formal las ganancias ilícitas obtenidas de otros tipos de delito”.
La hora del Tren de Aragua
El quíntuple homicidio de Lampa —el que abrió todo— sigue siendo la imagen más nítida de cómo opera esta estructura. Los propios documentos de la investigación lo mencionan como consecuencia directa de no haberse “alineado” con la organización, la misma lógica que explica el video de la granada, los disparos en San Ramón y la sangre limpiada en el piso de la discoteca Imperio antes de que llegara la policía.
Este domingo, 17 personas enfrentarán la formalización en el marco de la Operación Tokio, entre ellos los productores de eventos, los administradores de locales y las figuras que la Brico identificó como parte de esa cadena a lo largo de casi un año de investigación. La causa la lleva el fiscal Luis Barraza desde agosto de 2024, desde que un teléfono incautado a una testigo abrió una puerta que nadie esperaba encontrar.
“Yefri” no estará este domingo en la sala. Según fuentes conocedoras de la investigación, el líder de la célula se encuentra en Venezuela, fuera del alcance inmediato de la justicia chilena, aunque la Fiscalía ya solicitó una orden de detención en su contra.
Será el gran ausente de una formalización que desnuda toda la arquitectura de su organización: las cuotas, los locales, las amenazas, el ejecutivo bancario, los $75 mil millones enviados al exterior. Todo el andamiaje, menos él.
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