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Conoce todo lo que se le imputa al exdiputado Joaquín Lavín León

La Fiscalía formalizó este lunes al exdiputado Joaquín Lavín León ante el 7° Juzgado de Garantía de Santiago por fraude al fisco, falsificación de instrumentos privados mercantiles y tráfico de influencias. Junto a él fueron formalizados su exasesor y jefe territorial Arnaldo Domínguez Vallejos, el programador Felipe Vázquez Diéguez y el empresario gráfico Juan Alberto Silva Morales, socio de Imprenta MMG.

El Ministerio Público acusa a Lavín León de haber defraudado al Congreso Nacional entre 2015 y 2026 por al menos $189 millones mediante tres esquemas distintos. El primero consistió en la rendición de facturas ideológicamente falsas de Imprenta MMG para saldar deudas de campaña electoral con fondos públicos. Según la minuta de formalización, Lavín León y Domínguez Vallejos instruyeron al empresario Silva Morales para emitir documentos falsos con la glosa "cuenta pública", que luego eran rendidos al Congreso como si correspondieran a gastos propios de la función parlamentaria.

Entre 2015 y 2022 se habrían rendido 32 facturas falsas por un total de $18,8 millones. La Fiscalía acredita además la adulteración de fechas en cinco facturas y la rendición de un documento que el propio proveedor había anulado el mismo día de su emisión.

El segundo y más voluminoso esquema involucra el desarrollo y uso de la plataforma digital SocialTazk, concebida desde 2017 como una herramienta de gestión de bases de datos electorales. La Fiscalía sostiene que su desarrollo fue financiado íntegramente con fondos del Congreso, primero mediante la contratación como asesor parlamentario del programador Vázquez Diéguez, quien percibió $17,1 millones en honorarios públicos, y luego a través de la rendición de al menos 186 facturas de su empresa Modo74 SpA entre 2018 y enero de 2026, por $91,6 millones adicionales.

La plataforma contenía padrones del SERVEL con datos de hasta 15,2 millones de votantes y fue ofrecida gratuitamente a más de 70 candidatos UDI a cambio de que cargaran en ella sus propias bases de datos electorales. Además, los propios asesores parlamentarios de Lavín León, remunerados con fondos públicos, habrían destinado su jornada laboral a validar esas bases de datos, capacitar candidatos y realizar llamadas masivas instando a votar por determinados candidatos de su sector. El Ministerio Público cifra en $68,5 millones las remuneraciones pagadas improcedentemente por el Congreso por ese concepto.

El tercer esquema es la contratación fraudulenta de Belén Carrasco Riquelme, pareja de Domínguez Vallejos, como asesora parlamentaria desde 2014 hasta 2022. La Fiscalía acredita que al menos desde 2018 no prestó función alguna, pese a lo cual el Congreso habría pagado por ese concepto al menos $39,4 millones, montos que Carrasco habría transferido de manera sistemática directamente a las cuentas bancarias de Domínguez Vallejos.

En materia de tráfico de influencias, la acusación describe cómo Lavín León, valiéndose de su condición de cónyuge de la entonces alcaldesa de Maipú Cathy Barriga, habría instalado en cargos directivos del municipio a personas de su confianza personal. A través de ellas habría obtenido bases de datos de electores y funcionarios, ejecutado desvinculaciones masivas de 497 trabajadores por razones políticas —que derivaron en demandas laborales por al menos $1.149 millones para el municipio— y gestionado nuevas contrataciones como pago de favores políticos.

Por último, la Fiscalía imputa cohecho a Domínguez Vallejos, quien en agosto de 2018 habría exigido al empresario Silva Morales una comisión de $2,45 millones a cambio de las ventajas indebidas otorgadas a Imprenta MMG en contratos municipales que entre 2017 y 2021 totalizaron al menos $88,8 millones. El pago fue fraccionado en tres transferencias a cuentas de Domínguez y dos testaferros que en ese momento se desempeñaban como funcionarios de la Municipalidad de Maipú.

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