Contraloría detecta que La Granja y San Ramón otorgaron licencias de conducir a personas privadas de libertad
- Por Ariel Araya
¿Qué pasó?
La Contraloría General de la República (CGR) detectó graves irregularidades en el otorgamiento y renovación de licencias de conducir en las municipalidades de La Granja y San Ramón, ambas en la Región Metropolitana.
Los hallazgos incluyen permisos concedidos a personas privadas de libertad, licencias entregadas a condenados por diversos delitos y trámites aprobados pese a que los solicitantes figuraban en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos.
Irregularidades en La Granja
El informe del ente fiscalizador reveló que en La Granja tres personas recibieron licencia mientras cumplían penas privativas de libertad, contraviniendo la Ley de Tránsito, que exige la realización presencial de evaluaciones sensométricas y psicométricas.
Ir a la siguiente notaAdemás, se identificó que 884 personas condenadas entre 2018 y 2024 obtuvieron permisos de conducir en esa comuna. Esto último fue detectado tras el cruce de información con la base de datos del Servicio de Registro Civil e Identificación.
A ello se suma la entrega o renovación de 83 licencias a personas inscritas en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, quienes al momento de la revisión mantenían deudas vigentes por un total de $11.111,911 UTM.
El informe también expone cinco casos en que funcionarios municipales intervinieron en el proceso de otorgamiento de licencias para familiares, participando en los exámenes prácticos, aprobando evaluaciones médicas e incluso autorizando licencias en su calidad de director de tránsito y transporte público.
Irregularidades en San Ramón
En San Ramón se observó el otorgamiento de licencia de conducir a una persona que también se encontraba cumpliendo una condena privativa de libertad. A raíz de ello, Contraloría ordenó paralizar el sumario iniciado por el propio municipio y remitir el expediente a dicha institución fiscalizadora.
El informe también consigna que se entregaron 73 permisos a personas que habían sido condenadas entre 2023 y 2024, no ajustándose a lo establecido en la ley de Tránsito.
Asimismo, se verificó que se entregaron licencias de conducir a 55 personas que, al momento de solicitar el documento, se encontraban inscritas en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos.
Además, se otorgaron licencias sin cumplir con requisitos mínimos exigidos en las evaluaciones, como el test de coordinación motriz, agudeza visual, perimetría, visión de profundidad, recuperación de encandilamiento, visión de colores, audiometría; y sin la evaluación del examen psicosensométrico.
La auditoría también comprobó el deficiente manejo documental del municipio, con expedientes almacenados en contenedores tipo bodega, apilados en el suelo o en estantes improvisados, incluyendo licencias vencidas en mal estado y sin orden de archivo.
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