Desaparición, falta de hornos y apilamiento en pasillos: El nuevo golpe de Contraloría sobre manejo de droga decomisada
- Por Paul Follert | Mega Investiga
Durante su exposición en ENADE, la contralora Dorothy Pérez no solo fue ovacionada por liderar investigaciones como el fraude de licencias médicas, sino que también por anunciar una batería de fiscalizaciones que estarían pronto a ser comunicadas.
Una de ellas se relaciona con el manejo de drogas decomisadas por parte de los Servicios de Salud. En su presentación, la contralora dio luces de esta nueva indagatoria: "Nuestras policías y todo su personal, hombres y mujeres se arriesgan para incautar drogas, y en procedimientos que son muy complejos (…) ellos se arriesgan, y después la droga queda ahí guardada en los Servicios de Salud, que no tienen las capacidades, ni siquiera los hornos para quemarlos", afirmó.
Mega Investiga accedió a los antecedentes de las últimas 16 auditorías a los Servicios de Salud, algunas de ellas iniciadas tras una denuncia que presentó el diputado Andrés Longton (RN), donde se detectaron graves fallas en los procesos de recepción, custodia y destrucción de drogas decomisadas manejadas por dichos servicios, durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2024.
Las irregularidades incluyen diferencias en las cantidades de droga, retrasos en la destrucción y graves problemas en el control de la información. Estos podrían implicar comisión de delitos, por lo que el órgano contralor decidió enviar los antecedentes a la Fiscalía y el Consejo de Defensa del Estado.
Drogas faltantes y datos inconsistentes
En el largo listado de irregularidades, la Contraloría detectó casos donde se registraba inconsistencia en la cantidad de droga que debía ser destruida. Así por ejemplo, el pasado 9 de mayo del 2025, el órgano contralor constató que el acta de destrucción N°13 del Servicio de Salud de O'Higgins registraba 17 plantas, cuando físicamente solo se encontraron 8, es decir, faltaban 9 unidades en el conteo de plantas de marihuana.
Además, el cruce de datos entre los registros de los Servicios de Salud, Gendarmería y la PDI reveló discrepancias significativas en la cantidad de droga recibida, las cuales "dan cuenta de falencias en la administración de datos, afectando la calidad, integridad, disponibilidad y autenticidad de los mismos". El listado de drogas incluye cocaína, cannabis sativa, metanfetamina, entre otras.
Y es que tal como revelan los informes elaborados por la Contraloría, existe un desorden total en el control de las drogas incautadas. Las fiscalizaciones dieron cuenta de bases de datos defectuosas, donde se detectaron registros en Excel incompletos o con errores de digitación. Junto con esto, se reveló que la unidad de decomiso no utiliza un sistema informático que registre de manera integral el proceso completo de destrucción de droga, esto es: recepción, muestreo, resultados y destrucción.
Asimismo, se detectaron retrasos en los procesos de recepción y destrucción de droga. En algunos casos, los Servicios de Salud demoraron más de 4 días en recibir la droga, mientras que en otro se presentaron más de 40 días en la quema de esta. En esa misma línea, se comprobó una "dilación de hasta 355 días en la remisión de la copia de las actas de destrucción al Ministerio Público".
La fiscalización también dio cuenta de problemas en la infraestructura de los Servicios de Salud, algo que la propia contralora denunció en ENADE. La indagatoria detectó casos en que la droga fue apilada en los pasillos de los hospitales por donde transita el personal de Salud. En otros casos, se detectó que los servicios no contaban con los hornos requeridos para la destrucción de droga.
Sobre este punto, la Contraloría detalló que en el caso del Hospital Regional Coyhaique el incinerador se encuentra inoperativo y fue dado de baja en 2023, mientras que en la mayoría de lo servicios de salud, los incineradores carecían de acceso controlado, "manteniéndose el acceso principal abierto durante el proceso de incineración".
Debido a la gravedad de los hallazgos, la Contraloría, además de enviar los antecedentes al Ministerio Público, instruyó sumarios en todas las unidades para determinar responsabilidades al interior de los Servicios.
Funcionarios de salud vendían droga incautada en Ñuble
Uno de los casos más graves se dio en el Servicio de Salud de Ñuble. Todo comenzó con una denuncia que llegó a la Fiscalía, respecto de un grupo de funcionarios de dicho servicio y del Hospital Regional de Chillán, que habrían formado una banda dedicada al tráfico de drogas.
El Ministerio Público junto con la Brigada Antinarcóticos iniciaron una indagatoria, donde se detectó que el encargado de la Oficina de Recepción de Drogas del Servicio de Salud Ñuble, junto a auxiliares de servicio —quienes estaban a cargo de la recepción, custodia y quema de la droga incautada— robaban parte de esta droga para traficarla en el sector.
En medio de la indagatoria, la fiscalía recibió un preinforme de Contraloría, donde se detectaron graves falencias en los procesos de custodia, cometidas, entre otros, por los funcionarios que investigaba la Fiscalía.
El pasado 11 de junio, el Ministerio Público formalizó la investigación contra los funcionarios de salud, quedando en prisión preventiva cuatro de los cinco involucrados en la causa.
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