Fiscalía interpone recurso para oponerse a suspensión del procedimiento de desafuero de Orrego
- Por Javiera Rodríguez | Aton
¿Qué pasó?
La Fiscalía interpuso un recurso contra la resolución de la Corte de Apelaciones de Antofagasta que dictó la suspensión del procedimiento de desafuero del gobernador metropolitano, Claudio Orrego, en el marco de la investigación del Caso Procultura.
La suspensión fue adoptada este jueves en un pleno extraordinario del tribunal de alzada, luego de que los ministros fueran informados de un incidente presentado por la defensa de Orrego con el objetivo de discutir la competencia territorial del caso.
¿Qué dijo la Fiscalía sobre la decisión de la Corte de Apelaciones?
A través de una declaración pública, el ente persecutor argumentó que “más allá de otros debates que puedan sostenerse en las instancias procesales correspondientes, el procedimiento autónomo de desafuero ya iniciado por esta Fiscalía debe continuar su curso sin mayor demora, máxime si su único objetivo es determinar si existen o no antecedentes que permitan la formación de causa”.
Ir a la siguiente notaAsimismo, reafirmaron “ante la ciudadanía que su actuación está guiada por los más altos estándares de objetividad, legalidad y probidad. Pero al mismo tiempo, somos conscientes del impacto que este caso ha tenido en la opinión pública”.
“Por esa razón, y siempre dentro del marco de la ley, hemos asumido el compromiso de evitar dilaciones y avanzar con la celeridad que corresponde, procurando entregar siempre respuestas fundadas y oportunas”, complementaron.
La investigación contra Orrego
La Fiscalía investiga millonarias transferencias que hizo el Gobierno Regional Metropolitano a la Fundación ProCultura, encabezada por el psiquiatra Alberto Larraín, para un programa de prevención del suicidio llamado "Quédate".
De acuerdo con la indagatoria, el organismo liderado por Orrego hizo llegar más de $1.600 millones a la ONG en 2022, de los cuales $1.000 millones no fueron rendidos ni devueltos al gobierno regional, lo que levantó las sospechas en el ente persecutor por eventuales delitos de corrupción.
Este artículo informa de un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que los organismos pertinentes lo determinen.
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