Karina Oliva queda con arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional por presunto fraude de subvenciones
- Por Ariel Araya
¿Qué pasó?
La excandidata a la Gobernación Regional Metropolitana por el partido Comunes, Karina Oliva, quedó con arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional tras ser formalizada por el delito de fraude de subvenciones.
La misma medida cautelar se decretó para la expareja de Oliva y expresidente de Comunes, Jorge Ramírez, y la exsecretaria ejecutiva del partido, Camila Ríos.
La decisión la tomó el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago a solicitud de la Fiscalía Metropolitana Sur, el que también determinó un plazo de 100 días para el desarrollo de la investigación.
¿Con qué medidas cautelares quedaron los otros formalizados?
Cabe destacar que Oliva fue formalizada junto a otros 11 exmilitantes de Comunes, a los cuales también se les acusa de haber participado en el fraude.
Los otros imputados, Juan Pablo sanhueza, Jose Robredo, Marcelo Riffo, David Castillo, Luis Romero y Aileen Ramírez, quedaron con arraigo nacional y firma mensual.
Para Diego Corvalán Pérez se rechazó la solicitud debido a su comportamiento colaborativo.
El caso del exadministrador de la campaña de Karina Oliva, Martín Miranda, a quien se le suman cargos por infracciones a la Ley de Gasto Electoral y se solicitó prisión preventiva, se verá durante la tarde de este miércoles.
¿Por qué se formalizó a Karina Oliva?
Cabe recordar que a Oliva se le formalizó este miércoles a más de dos años de que el Ministerio Público iniciara una investigación de oficio por fraude al Fisco de parte de Comunes, en el marco de su campaña para la gobernación.
En concreto, se le atribuye la participación como autora de delitos en grado de consumado y frustrado, en los que, junto a otros 11 militantes del partido, se habrían realizado rendiciones de gastos irregulares.
De acuerdo a los 23 tomos de investigación, a los que tuvo acceso Mega Investiga, la Fiscalía Sur detectó que hubo "maniobras para inflar y encubrir los gastos electorales".
Posteriormente, estos montos serían rendidos ante el Servel para obtener devoluciones fraudulentas, por una cifra cercana a los $142 millones.
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