Metro demanda a condenado por quemar estación durante el estallido social y exige el pago de $13 mil 500 millones
- Por Mario Rosende | Mega Investiga
A cuatro años del estallido social, el Metro de Santiago inició una arremetida judicial contra el único condenado por el ataque incendiario que afectó a la estación San Pablo, de la Línea 1, en la comuna de Lo Prado, el 19 de octubre de 2019.
Se trata de Daniel Bustos Trabol que enfrenta una condena de 10 años de cárcel como autor del delito de incendio. El Ministerio Público acreditó que ese día cerca de las 18 horas, el imputado lanzó un objeto portador de fuego, que contenía una sustancia inflamable encendida por el mismo Bustos. Esta acción propagó el fuego a toda la estación, la que terminó destruida y con pérdidas por $20 mil millones.
Producto de todos estos antecedentes, Metro S.A. interpuso una demanda ante el Décimo Séptimo Juzgado Civil de Santiago, exigiendo el pago de una indemnización por los perjuicios provocados, por la suma de $13.564.604.810, por concepto de daño patrimonial, el cual considera un daño emergente de $11.156.554.343 y lucro cesante por la suma de $2.408.050.467.
Daños y pérdidas millonarias
Tras el ataque incendiario, la estación San Pablo estuvo cerrada desde el 19 de octubre al 24 de julio de 2020, debido a los graves daños con los que quedó tanto la estructura de la Línea 1 como su combinación con línea 5, dejando inutilizables torniquetes/validadores, boleterías, tótems de carga, puertas de salida, ascensores, equipos climatizadores, pantallas en los andenes, entre otros sectores. Además, el siniestro destruyó un tren que estaba en el lugar, el cual fue avaluado en US$20 millones.
Según señala la demanda, la estación San Pablo representaba el mayor ingreso de clientes a la red, con más de 100 mil clientes diarios, porque en ese punto confluyen las comunas de Cerro Navia, Lo Prado y Pudahuel. Así, antes del incendio, la estación L1 transportaba el 38% de los 2.800.000 pasajeros que se movían diariamente, mientras que el trasbordo de la línea 5 de la misma estación al 18% de esa población.
También, Metro señala que el año 2018 alcanzó la suma de 721 millones de viajes, y en el año 2019, la afluencia de pasajeros en la red disminuyó a 703,7 millones de trayectos, principalmente producto “de los hechos de violencia” que ocurrieron a fines de ese año.
Compleja tramitación de demanda
En abril pasado, Metro S.A. presentó la acción civil, pero hasta la fecha ha tenido poco avance por una serie de problemas que surgieron en la tramitación, debido a que Daniel Bustos cumple condena en el Centro de Detención Preventiva Santiago Sur, conocido también como la Ex Penitenciaría.
La primera audiencia se realizó de forma telemática el 24 de julio pasado, a las 10:00 horas, a la que solo comparecieron la jueza suplente del tribunal, María Isabel Reyes, y el abogado de la empresa, Miqueas Salinas, quien ratificó la demanda en todas sus partes, mientras que Bustos al no asistir, fue declarado en rebeldía.
Sin embargo, el propio tribunal dio cuenta que “una vez abierto el bloque de audiencia por zoom de las 10:30”, el demandado estaba conectado junto a un funcionario de Gendarmería, quienes habían estado esperando que los contactaran. Ahí, se le recomendó contratar a un abogado para que lo represente en ese tipo de procedimientos.
Luego se citó otra audiencia de contestación y conciliación para el 6 de septiembre, la que quedó sin efecto luego de que el representante de Metro informara que no se notificó al alcaide de Gendarmería sobre la diligencia, y hasta ahora no se ha fijado nueva fecha.
Las otras estaciones quemadas
Los hechos de violencia durante los primeros días del estallido social, dejaron un saldo de siete estaciones completamente incendiadas, 18 parcialmente quemadas, y casi un centenar con múltiples daños en su infraestructura.
Según CIPER, solo 14 personas fueron condenadas por los ataques al tren subterráneo, de ellas doce enfrentaron cargos por incendio y daños, y el resto por robar en las instalaciones mientras ocurrían los siniestros, de acuerdo a información proporcionada por el Ministerio Público.
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