Caso Convenios: Minvu pone fin a contratos con Democracia Viva y fundación deberá restituir más de $390 millones
- Por Ariel Araya
¿Qué pasó?
El ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) confirmó este jueves el fin de los contratos suscritos con la fundación Democracia Viva, así como también la restitución, por parte de la ONG, de los dineros otorgados por la cartera, los que superan los 390 millones de pesos.
Resolución ordena la restitución de recursos transferidos
Por medio de un comunicado, el Minvu declaró que su Secretaría Regional Ministerial de Antofagasta, el pasado 10 de julio, "dictó una resolución que puso término anticipado a los convenios de transferencia de recursos para la ejecución de proyectos para habitabilidad primaria que sostenía con la Fundación Democracia Viva".
Así, se puso fin de inmediato a los tres contratos que el ministerio había suscrito con la fundación el 20 de septiembre de 2022.
La resolución ordena a Democracia Viva la "restitución total o parcial, según corresponda, de los recursos transferidos en virtud del convenio aprobado" en un plazo no superior a 30 días, desde este viernes 14 de julio.
De acuerdo al ministerio, esta acción es parte del conjunto de medidas que ha llevado adelante "para evitar irregularidades, entre ellas el levantamiento del secreto bancario en todas las cuentas del ministerio; la entrega de todos los antecedentes de posibles irregularidades al Consejo de Defensa del Estado; la investigación administrativa de cualquier hecho que pueda constituir una irregularidad, en paralelo a la acción de la Contraloría General de la República y el Ministerio Públicos", entre otros.
¿Cuánto dinero Democracia Viva deberá restituir?
Los montos a restituir por Democracia Viva alcanzan a los $391.768.516, de los $426 millones transferidos originalmente, lo que corresponde al 92%, según afirmó el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes.
Lo anterior, debido a que "a la fecha de la liquidación, los recursos correctamente rendidos, no observados y ejecutados por parte de la fundación, alcanzan, justamente, un 8% del total", explicó el jefe de la cartera-
"Estos hechos deben ser investigados"
A pesar de que la resolución se dictó esta semana, Montes precisó que ya el 21 de junio, a los pocos días de conocerse el caso, había decidido adoptar estas medidas, "porque necesitamos todos los recursos disponibles para mejorar la vida de quienes viven en campamentos".
"Estos hechos deben ser investigados, porque dañan a la fe pública y enlodan a personas e instituciones", agregó el secretario de Estado.
"Por eso hemos entregado todos los antecedentes a la Fiscalía y a la Contraloría, para aclarar estas situaciones e implementar las medidas suficientes para evitar que se repitan", finalizó.
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