Urbanismo Social contrató a personas propuestas por el GORE del Maule en convenio financiado por la misma gobernación
- Por Mario Rosende | Gabriela Tapia
El llamado “caso convenios”, donde se cuestionan millonarios traspasos de dinero desde instituciones públicas a fundaciones privadas vinculadas al oficialismo, se ha extendido a lo largo del país y la Región del Maule no es la excepción.
La fundación Urbanismo Social recibió 264 millones de pesos por parte del Gobierno Regional del Maule para la ejecución del programa “Juntos y juntas nos sentimos más seguros y seguras”. El proyecto fue firmado el 22 de diciembre de 2022.
Mega Investiga tuvo acceso a una carta que la presidenta del directorio de la fundación, Pilar Goycoolea Ferrer, envió a la gobernadora del Maule, Cristina Bravo (DC), el 30 de mayo pasado, donde Urbanismo Social asegura que “se nos han planteado algunas observaciones sobre la selección del equipo territorial del programa en cuestión”.
Durante febrero y marzo de 2023, la fundación sostuvo reuniones y conversaciones con el jefe de División del Gobierno Regional, Jorge Fajardo, y el jefe de la división de Fomento e Industria de la gobernación, Mario Ramírez. Según Urbanismo Social, ellos les advirtieron que había que zanjar los reparos respecto al equipo para poder avanzar con “cualquier acción de ejecución del proyecto”.
En la misiva, Urbanismo Social le dijo a la gobernadora que “en vías de avanzar en la ejecución del programa acordamos realizar de manera conjunta el proceso de selección del equipo territorial, apostando por el interés genuino de ambas partes de buscar a los mejores candidatos”.
El concejal propuesto por la gobernación
La carta dice que la gobernación le propuso tres candidatos a Urbanismo Social, que fueron evaluados de manera conjunta el 15 de mayo de 2023. Uno de ellos, fue el concejal de Curicó (DC), Javier Ahumada, un nombre que la fundación rechazó rotundamente por considerar “incompatible la posibilidad de ser parte del proyecto, cuando se está asumiendo una función pública de representación popular”. Esto, dada la naturaleza del programa que implicaba gestionar procesos de participación ciudadana e involucramiento con las comunidades.
A través de un comunicado público, el concejal de Curicó aseguró que él contactó a la gobernadora para pedirle empleo y que fue así cómo lo contactaron del área de divisiones del GORE. “A la gobernadora le pedí que si existiese alguna oportunidad laboral me tuviera en consideración”, aseguró y añadió que solo estaba “buscando pega”.
Los contratados vinculados a funcionarios de la gobernación
A quienes sí contrató Urbanismo Social, fue a la ingeniera comercial Aily Soto Salinas, en calidad de jefa de proyecto, y a Rodrigo Véliz Alvarado, como coordinador de proyecto, ambos propuestos por la gobernación, según asegura la misiva.
De acuerdo a los antecedentes recabados por Mega Investiga, Soto sería cuñada del jefe de división de planificación del gobierno regional, Jorge Fajardo, una de las personas con las que la fundación mantuvo reuniones donde se discutió los nombres de los integrantes del equipo territorial. Por su parte, Véliz sería pareja de la asesora jurídica del GORE, Ariosha Villarreal.
En la carta, la fundación aclara que tanto Soto como Véliz “cumplen con el perfil requerido para el cargo de jefa de proyecto y coordinador de proyecto respectivamente” y por eso fueron contratados.
La reunión de Lobby entre la gobernadora y Urbanismo Social
“Yo no conozco a nadie de la Fundación Urbanismo Social. Me entrevisté una vez por lobby con dos personas, pero ninguna es Pilar Goycoolea (Presidenta de la fundación)”, aseguró la gobernadora de la región a Diario Talca.
Los registros de la Ley de Lobby dan cuenta de que el 5 de septiembre de 2022, la gobernadora se reunió por media hora con Cristóbal Soto, coordinador regional de Urbanismo Social, y con Gustavo Bizantini, director urbano de la misma entidad. El tema de dicha reunión fue una “propuesta de estudio para aportar a aumentar el número de soluciones regionales al déficit habitacional”.
Gobernación del Maule entregó $270 millones a fundación donde trabaja la hijastra de la gobernadora
En diciembre de 2022, la gobernación del Maule transfirió más de $270 millones a Fundación Semilla para realizar “capacitaciones para la educación de líderes juveniles por la no violencia”.
El representante legal de la fundación es el exintendente de la Región Metropolitana, Marcelo Trivelli, y en la organización trabaja como parte del equipo de sistematización la hijastra de la gobernadora: Rosario Alcázar Gaete, hija del marido de la gobernadora.
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