Contraloría ordena congelar toma de razón de todos los contratos entre fundaciones y el Estado tras caso convenios
- Por Pablo Rojas | Aton
¿Qué pasó?
La Contraloría General de la República se pronunció a raíz del caso convenios, el cual quedó en evidencia luego de la denuncia de acuerdos irregulares entre la Seremi de Vivienda de Antofagasta y la Fundación Democracia Viva, la cual es manejada por Daniel Andrade, militante de Revolución Democrática y expareja de la diputada Catalina Pérez.
Por lo mismo, ordenó que se congele cualquier toma de razón de todos los contratos entre fundaciones y ONG’s con instituciones estatales.
¿Por qué se tomó esta decisión?
La decisión fue informada, a través de correo electrónico, por el jefe de la Dirección Jurídica de la CGR, Camilo Mirosevic, y se conoce tras el escándalo de la Fundación Democracia Viva en Antofagasta.
A esta última se sumó Urbanismo Social en el Maule, que también comenzó a ser investigada de oficio por la Fiscalía de esa región. También levanta sospechas la Fundación para la Superación de la Pobreza.
Además, el juez Ponciano Sallés, del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, acogió a trámite la querella presentada por diputados de la UDI en torno al caso que involucra al Ministerio de Vivienda y Urbanismo y diversas fundaciones.
No obstante, el magistrado indicó que la causa debía seguir siendo tramitada en Antofagasta, por considerar que el principio de ejecución del delito está radicado en esa ciudad.
¿Qué dijo el contralor?
El contralor general, Jorge Bermúdez, aclaró que “hay un cuestionamiento que se está haciendo a las transferencias a fundaciones y corporaciones privadas por parte de instituciones públicas, y hemos tomado la decisión de suspender la tramitación de aquellas que pasan por Contraloría mientras no tengamos claro lo que sucede con los recursos y tengamos más antecedentes de la entidad con la que tienen estos convenios”.
“No es algo inédito, tomamos decisiones para darnos tiempo porque hay un plazo legal. Paralizamos la tramitación, recabaremos los antecedentes y si corresponde tomar razón”, agregó.
Igualmente , explicó que aquellos convenios que no se tramiten por Contraloría “no podemos ordenar la suspensión”.
“El Estado todos los años entrega miles de millones de pesos a corporaciones privadas, por lo tanto no es una cosa que tenga algo puntual con el caso, es algo más amplio que supone que hay una manera de actuación que debemos regular de mejor manera”, cerró en su punto de prensa sobre esta decisión.
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