Familia de TENS fallecida hace más de un año en un accidente se querella: Sospechan de amigo de la víctima

¿Qué pasó?

Luego de un año de un trágico accidente de tránsito ocurrido en la comuna de Río Hurtado, en la región de Coquimbo, en donde una funcionaria de la salud resultó muerta tras el volcamiento de un vehículo, la familia de la afectada decidió querellarse por el fallecimiento de Claudia Moya, de 26 años de edad.

Uno de los alegatos de los deudos de la víctima apuntan al desconocimiento sobre las causas del accidente. Sin embargo, las acciones legales emprendidas van en contra de un amigo de la TENS, de quien los más cercanos de la víctima sospechan que es el responsable.

Familia sospecha de un amigo de la TENS

Para aquello, y según consigna el medio local El Día, los cercanos de Moya recurrieron al estudio jurídico Castro Asociados y a través de los servicios de estos, presentaron la querella anteriormente mencionada por dos presuntos delitos: conducción en estado de ebriedad con resultado de muerte y darse a la fuga del lugar sin dar aviso a las autoridades.

“A juicio de nosotros los querellantes, hubo algunos problemas en el procedimiento policial y por eso no se ha podido determinar aún que esta persona iba manejando, y también hay dudas con respecto al nivel de alcohol que tenía en la sangre, esos peritajes están, pero todavía no han sido recabados por el Ministerio Público”, declaró a Diario El Ovallino, Francisca Castro, una de las abogadas querellantes. 

De acuerdo a lo expresado por un segundo abogado demandante, Ignacio Cabrera, estos cuentan con pruebas que serán presentadas cuando correspondan.

"La investigación inicial fue bien desprolija, hubo deficiencias que nosotros como querellantes tratamos de subsanar aportando testigos y directrices para guiar la investigación. Lo que tenemos recabado es que en el vehículo iban solo dos personas, la víctima y el querellado”, comentó Cabrera.

"Existe un audio que la víctima envía minutos antes de subirse al auto"

Al momento de relatar cómo habría ocurrido todo, Castro precisa que "esto parte por una celebración entre los funcionarios, en donde tomaron su trago y se alistan para ir. Posteriormente queda la víctima y el supuesto conductor, y es aquí donde tenemos una de las pruebas más relevantes que hemos logrado recabar, y es que existe un audio que la víctima envía minutos antes de subirse al auto, en ese audio se escucha que ella no quiere subirse al auto, porque vivía muy cerca del lugar donde estaba siendo esta celebración".

"En este audio se escucha un hombre insistentemente diciendo ‘súbete al auto, yo te llevo’, mientras la víctima dice ‘no quiero subir’. Finalmente, es obvio que se sube al auto, pero el conductor dice que era ella quien iba manejando, lo que no es consistente porque la víctima vivía muy cerca del lugar, segundo porque donde fue el accidente es pasado de su hogar y queda entre la casa del supuesto conductor”, añadió Castro.

Eso sí, la abogada reconoce una complejidad en el caso. "El problema está en que la policía al momento de encontrar el vehículo no se fijó fotográficamente dónde se encontraba el cuerpo por ejemplo. Por lo tanto, nosotros como querellantes hemos solicitado a Fiscalía realizar una serie de diligencias investigativas para determinar finalmente quién iba donde", explicó.

"¿Eso cómo se puede saber? Con los datos de atención de urgencia, en donde se describen las lesiones que presentó este sujeto, más el informe de bomberos que bajaron a levantar el auto y el cuerpo, y otros que no vamos a detallar todavía, porque es muy preliminar, hay ciertas cosas que vamos a guardar mientras se vaya desarrollando la investigación", acusó la abogada.

Respecto a las posibles condenas a la que se ve expuesto el acusado en el caso de ser encontrado culpable, Castro hace hincapié en que "por la Ley Emilia subieron las penas por estos delitos, estamos hablando que por el delito de conducción en estado de ebriedad con resultado de muerte perfectamente puede haber una pena de 3 años y un día hasta 10 años, o sea, presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo. En el caso de darse a la fuga sin dar aviso a la autoridad, la pena puede partir de 3 años y un día hasta 5 años”.

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