Paro de camioneros: Marcel rechaza bajar en un 30% las bencinas y dice que el costo es más del doble del bono invierno
¿Qué pasó?
El ministro de Hacienda, Mario Marcel, rechazó de plano la última demanda de algunos gremios del transporte terrestre que se encuentran paralizados, quienes exigen reducir en un 30% el precio de todos los combustibles y mantenerlos estables por seis meses.
La nueva demanda surge pese a que en la noche del lunes se llegó a un acuerdo firmado con varias asociaciones, que abordaba la seguridad de los conductores y el precio de los combustibles. Sin embargo, al día siguiente las movilizaciones continuaron, ya que desde algunos sectores afirmaron no estar representados.
¿Qué dijo Marcel?
"Por algo el documento se llama 'Acta de Acuerdo': no es una propuesta del Ejecutivo o un borrador, fue algo que se discutió todo un día y concluyó con una reunión en la cual los dirigentes presentes se manifestaron satisfechos", sostuvo el ministro.
"Más allá de manifestar la contrariedad que genera tener un acuerdo y, al día siguiente o subsiguiente, tener una demanda de estas magnitudes, es importante que la ciudadanía entienda la magnitud de este tipo de peticiones", agregó.
El presupuesto de salud primaria y dos veces el bono invierno
En ese sentido, Marcel explicó que "el costo fiscal de reducir un 30% los precios de los combustibles, a través del MEPCO, y mantenerlo por seis meses es del orden de los $2.500 millones de dólares, si es que los precios de internación se mantienen como están hoy. Pero si el tipo de cambio sube un 10%, el costo de esta solicitud sube a $4.500 millones de dólares, y si a eso se suma un aumento de 10% en los valores internacionales de los combustibles la cifra alcanza los $6.500 millones de dólares".
"El bono de invierno que se entregó en agosto pasado costó $1.000 millones de dólares, es decir, la estimación más conservadora del costo de la medida que está planteando esta organización es equivalente a dos y medio veces un beneficio que alcanzó a 7 millones de personas. Otra comparación posible es con el presupuesto de la salud primaria que es de $3.000 millones de dólares; es decir, esta demanda equivale prácticamente a todo este presupuesto", sostuvo.
Asimismo, afirmó que "el crecimiento del gasto público en el Presupuesto 2023 es del orden de los $6.000 millones de dólares. En otras palabras, para poder financiar esta demanda, la mitad del aumento del presupuesto para el próximo año, en lugar de destinarse a educación, a vivienda, a salud, a reducción de lista de esperas en los hospitales, al aumento de la PGU, tendría que dedicarse a subsidiar los combustibles".
Como otro ejemplo, señaló que si se consideran las proyecciones más altas, el costo de la demanda superaría a todo lo que se destina actualmente para financiar la Pensión Garantizada Universal (PGU), que cuesta alrededor de $5.000 millones de dólares.
"Demanda desproporcionada"
El ministro sostuvo que se trata de "demandas desproporcionadas ligadas a una amenaza de paralización que dificulta el derecho de las personas, de todos los chilenos y chilenas, de transitar por las carreteras del país, de poder concurrir a sus trabajos, de poder ir a un hospital o a una cita médica, todo eso tenemos sobre la mesa".
"El Gobierno ha actuado con la máxima responsabilidad posible, tuvo un proceso de diálogo con las organizaciones y sigue disponible para hacer cumplir lo que está en el pacto de acuerdo. Pero reabrir una negociación que se cerró positivamente, sobre la base de dificultar la vida de chilenas y chilenos, nos parece totalmente inadecuado e improcedente y además tiene los problemas de legalidad que ha planteado el Ministerio del Interior", sentenció.
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