Liquidadora de constructora en quiebra reclama contra el Estado por cobro de boleta de garantía
¿Qué pasó?
A una semana del decreto de su quiebra, la liquidadora de la constructora Claro Vicuña Valenzuela (CVV) apuntó contra organismos del Estado por el cobro de una boleta de garantía, proceso que haría aumentar la actual deuda (de 60 millones de dólares) en casi 22.000 Unidades de Fomento, según sus cálculos.
Por lo mismo, se pide suspender el pago de la boleta, junto con solicitarle al 9° Juzgado Civil de Santiago que cite al Gobierno Regional de Biobío —entidad que debe ejecutar el cobro y que es liderado por Rodrigo Díaz— a una audiencia de resolución de controversias.
A modo de argumento, se acusa una "palmaria falta de armonía y criterios comunes entre los órganos del Estado", lo que vulneraría un artículo de la Ley 18.575, el cual señala: "Los órganos de la Administración del Estado deberán cumplir sus cometidos coordinadamente y propender a la unidad de acción, evitando la duplicación o interferencia de funciones".
Los antecedentes del caso Claro Vicuña Valenzuela
Cuando se decretó la quiebra de la empresa, solicitada por ella misma a mediados de octubre, cuando pidió su liquidación voluntaria, el juzgado nombró a Loreto Ried como liquidadora titular provisional y a Eduardo Godoy como suplente.
Ambos tenían la misión de incautar todos los bienes de CVV, así como sus libros y documentos, bajo inventario. Es en ese momento en que Ried solicita una audiencia de resolución de controversias con el Gobierno Regional del Biobío, pues se estaba cobrando una boleta de garantía después del decreto de la quiebra de la constructora.
En un escrito presentado a tribunales, la abogada cuenta que la empresa le informó que suscribió un contrato de apertura de crédito para la emisión de boletas de garantía con Itaú Corpbanca, con la finalidad de que la entidad bancaria respondiera ante el eventual cobro de una boleta de CVV en favor del gobierno regional.
El proceso de cobro de esa boleta habría comenzado el pasado viernes 11 de noviembre, solicitando la suma de 21.798,64 UF, lo que ese día equivalía a más de $756 millones.
El motivo de la molestia con el Estado
Para Ried, el problema está en que "esta liquidadora (refiriéndose a ella misma) se ha encontrado impedida de conocer la supuesta efectividad o no de un cumplimiento por parte de la empresa deudora, lo que no resulta baladí (de poca importancia) si consideramos que se ha presentado a cobro una boleta de garantía que aumentará excesivamente el ya abultado pasivo de la deudora en casi 22 mil UF, con el sabido perjuicio para todos los acreedores".
En su documento, la jurista agrega que "quien presenta la boleta de garantía a cobro es justamente una entidad estatal, en circunstancias que (...) la razón de la solicitud de liquidación concursal de la empresa fue principalmente la 'burocracia de los mandantes públicos, en especial del Ministerio de Obras Públicas, para gestionar pagos'".
¿A qué se refiere con la "burocracia de los mandantes púbicos"? De acuerdo a lo que consigna Diario Financiero, Claro Vicuña Valenzuela enumeró lo siguiente en su petición de quiebra:
- Atraso en el curso de los estados de pago mensuales, incumpliendo la ley de pago a 30 días.
- Retrasos en la tramitación de convenios de pago de obras ejecutadas y por ejecutar, reteniendo capital de trabajo necesario para la correcta ejecución de las obras.
- La no recepción y finiquito de obras terminadas.
Cabe recordar que, tras conocerse esta supuesta burocracia, el propio ministro de Obras Públicas, Juan Carlos García, expresó que "quiero desmentir categóricamente que la situación de esta empresa (CVV) se debe a incumplimientos" por parte del ministerio.
La solicitada audiencia de resolución de controversias tendrá por objetivo acreditar el "supuesto incumplimiento" del contrato por parte de la constructora, esperando Ried que primero se suspenda el cobro de la polémica boleta de garantía.
