Caso minera Candelaria: Fiscalía niega persecusión política en contra de Mulet y busca su desafuero

  • Por Lucas Figueroa

¿Qué pasó?

La Fiscalía Regional de Atacama desestimó las acusaciones de persecusión política del diputado Jaime Mulet (FRVS) y, a su vez, pidió el desafuero del mismo.

Cabe destacar que Mulet es acusado de haber influido, en conjunto con dos abogados ligados a la Democracia Cristiana, para que la minera Candelaria pagara cerca de 7 millones de dólares a la Municipalidad de Tierra Amarilla para que el alcalde de esa localidad, Osvaldo Delgado, desistiera de un juicio de carácter ambiental.

En suma, la Fiscalía asegura que los tres imputados habrían facilitado el camino para que Delgado incurriera en otros delitos.

La respuesta del ente persecutor se da en el marco de las acusaciones que ha hecho el parlamentario contra el Ministerio Público, donde ha reclamado que existe una persecusión polítca en su contra y ha asegurado que un fiscal "se está dando un gustito con él".

La respuesta de la Fiscalía al diputado

La Fiscalía argumenta que incurre a esta instancia ante "la negativa de comparecer a la audiencia de formalización". Todo esto expresado a través de un comunicado de prensa.

"Durante la investigación en curso, se ha logrado formalizar y obtener medidas cautelares personales en contra de varios de los imputados por los delitos indagados, con la sola excepción del diputado Mulet, por haberse negado a asistir a la audiencia de formalización que se encuentra pendiente", prosigue el escrito

De esta manera, el Ministerio Público externó que "rechaza las insistentes declaraciones formuladas por el parlamentario a través de medios de prensa, en las cuales efectúa una serie de imputaciones falsas y descalificaciones infundadas a los fiscales y la forma en que éstos conducen la investigación penal en que se encuentra involucrado".

"Ya que -continúa el documento- representan una penosa estrategia destinada a enlodar el verdadero trabajo que la Fiscalía de Atacama ha realizado en esta causa, y un intento de amedrentar inútilmente a los fiscales, quienes no hacen más que cumplir con su deber de perseguir penalmente a quienes cometen delito, con estricto apego a la normativa Constitucional y legal que rige su actividad, teniendo como premisa básica que en Chile, nadie está ni debe sentirse por sobre la ley", cierra el texto.