Ingreso Solidario y Renta Básica: las propuestas de Chile Vamos y la oposición ante crisis Imagen referencial Agencia UNO

Ingreso Solidario y Renta Básica: las propuestas de Chile Vamos y la oposición ante crisis

  • Por Meganoticias

Este lunes parlamentarios de Chile Vamos entregó la propuesta final al Gobierno sobre medidas de ayuda que permitan paliar la crisis económica derivada por la pandemia de coronavirus.

Ante esto el Ejecutivo analizará tanto la propuesta del cloque oficialista como de la oposición, que fue entregada el pasado 12 de mayo, para finalmente zanjar el tema de la agenda denominada de los "mínimos comunes".

¿En qué consisten ambas propuestas?

Ambas propuestas hacen referencia a ayuda dirigida a las pymes, pero también a la entrega de recursos para familias del Registro Social de Hogares (RSH).

Entrega de recursos a las familias

Propuesta de Chile Vamos

La iniciativa propone un Ingreso Solidario de Pandemia que consiste en ampliar el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) del 80% al 100% del RSH.

Sin embargo, al postular al beneficio la persona debe firmar una declaración en la que asegure que postula por necesidad socioeconómica producto de la pandemia.

La postulación requerirá previamente que quienes buscan recibir el beneficio “firmen una declaración asegurando que postulan por necesidad socioeconómica producto de la pandemia”, indica la propuesta.

El IFE se entregará a todas las personas del RSH pero se verificará que no pertenezcan al décimo decil de ingresos del país y no ser funcionario público.

“El Estado ya cuenta con la nómina de RUT de las personas ya registradas y el mecanismo de pago del IFE ya estaría automatizado, por lo que este pago debería ser rápido y sin burocracia, condición que debe velar el Ejecutivo en su implementación. La ampliación del IFE implicaría hacer elegibles a 1,5 millones de personas”, sostiene el documento.

En cuanto al monto, proponen igualarlo “a la línea de la pobreza para una familia de cuatro integrantes, manteniendo la actual distribución en los tamaños de los hogares”.

Sin embargo, se propone evaluar la disminución gradual del beneficio, bajando un 50% del monto al mes siguiente de dichos tres meses para extinguir el subsidio con gradualidad y menor impacto en las familias, lo que resultaría en un monto adicional.

El aumento en el monto del IFE implicaría un incremento en el costo de US$ 1.600 millones adicionales a lo propuesto por el gobierno, en tres meses (junio, julio y agosto).

Propuesta de la oposición

La iniciativa propone una Renta Básica Universal de Emergencia, que le llegue al 100% del RSH, pero que quienes tengan altos ingresos, es decir, que pertenezcan al décimo decil, quedarán excluidos del beneficio.

En cuanto al monto, se calculará en torno a un criterio de suficiencia por hogar, basado en instrumentos formales de medición, los que consideran como base la línea de la pobreza, más otros gastos familiares esenciales no considerados en la estimación de ese parámetro. Dichos parámetros resultan diversos según los hogares.

La Renta Básica Universal de Emergencia corresponderá al valor que resulta de aumentar al monto de la línea de la pobreza según el número de integrantes del hogar, más un 30%Según lo anterior, los montos serían los siguientes dependiendo de la cantidad de integrantes en cada hogar:

  • 1 persona: $229.061
  • 2 personas: $372.111
  • 3 personas: $494.238
  • 4 personas: $604.495
  • 5 personas: $706.692
  • 6 personas: $802.892
  • 7 personas: $894.375
  • 8 personas: $982.006
  • 9 personas: $1.066.402
  • 10 personas: $1.148.025

Este beneficio, según la propuesta, debe otorgarse por todo el tiempo que sea necesario para permitir la aplicación correcta de las medidas sanitarias y dar tranquilidad a las familias en momentos de restricción y confinamiento.

Inicialmente, está planteado por los meses de junio, julio, agosto y septiembre de 2021, aunque este plazo deberá ser prorrogado si las condiciones sanitarias y económicas así lo exigen.

Al definir como universo de beneficiarios el 100% del RSH se automatiza su asignación.

El pago del beneficio debe simplificarse lo más posible, poniendo de cargo de la administración la tarea de llegar efectivamente a las personas y hogares que lo necesitan.

Se debe optar para que el pago sea vía Cuenta Rut o mecanismos similares preferentemente electrónicos, en instituciones bancarias y cooperativas, en lugar de pago presencial.

Beneficiarios no automatizados deberán ser solo aquellos respecto de los cuales no haya registros previos fidedignos o suficientes y se deben desplegar esfuerzos estatales para facilitar su acceso la Renta Básica Universal de Emergencia.

Ayuda a las pymes

Propuesta de Chile Vamos

La iniciativa propone un bono de apoyo a las Micro y Pequeñas Empresas (MYPEs), lo que se traduciría en una transferencia directa de un $1 millón para cada empresa con ventas directas que hayan facturados a lo menos un mes en el año 2020 y con ventas menores a 25 mil UF.

Además, se complementará este monto con un subsidio equivalente a tres meses del pago de IVA mensual promedio anterior a octubre de 2019.

El beneficio llegaría a cerca de 420 mil empresas y se calcula que el costo total de estas medidas tendría un costo fiscal aproximado de US$ 1.120 millones.

También proponen un subsidio a las cotizaciones de empleados sujetos a la Ley de Protección al Empleo, lo que beneficiaría a cerca de 150 mil trabajadores que actualmente se encuentran en tal condición y tendría un costo fiscal mensual estimado de US $19,5 millones, es decir, por tres meses esta medida significaría US $58,5 millones.

Por otro lado, la propuesta incluye la creación de un crédito Fogape Renovado, especialmente orientado a los sectores de cultura y entretenimiento, turismo, gastronomía, hotelería y a otros rubros no esenciales que hubieran sido fuertemente afectados por la pandemia.

Esta medida incluye flexibilizar las deudas, pasando de una mora de 30 días a una mora máxima de 60 días con el sistema financiero y 120 días para moras con un mismo banco.

Adicionalmente, se buscará ampliar el plazo de pago de 7 a 10 años, con un año de gracia, y se eliminará el deducible del crédito para las industrias beneficiadas, lo que significa un menor costo para las empresas que consigan el crédito.

En esa línea, proponen elaborar un conjunto de medidas que permitan repactar los créditos Fogape ya entregados, y entregar condiciones más ventajosas para las PYMES. Para esto se hace fundamental la eliminación del doble deducible que hoy se paga en la operación de repactación.

Mientras que se debe revisar el acompañamiento del Banco Central a los créditos Fogape, para financiar esta extensión de plazo a los deudores y lo que permitiría mantener la tasa hasta el plazo máximo de 10 años

También piden ampliar la garantía estatal del crédito a un 100% exclusivamente para sectores de cultura y entretenimiento, turismo, gastronomía y hotelería .

El proyecto incluye además medidas tributarias para ir en apoyo a las pymes y las familias, tales como:

  • Estudiar el no pago de intereses por deudas de pago de impuestos y contribuciones desde marzo del 2020, es decir, llevar la tasa a 0 para el interés penal por las deudas hasta el 30 de septiembre de 2021 y 0,1 por deudas entre septiembre y diciembre 2021.
  • Para las pymes suspender o condonar durante el 2021 los pagos por contribuciones, patentes comerciales e industriales, derechos de aseo, pagos municipales por propaganda y publicidad, y permisos específicos de funcionamiento.
  • Suspender por un plazo de 210 días de los remates y embargos dictados por la Tesorería General de la República que afectan a MYPEs.

Propuesta de la oposición

Esta propuesta consiste en un plan de recuperación para las MiPymes y sectores postergados, que incluyen la suspensión de pago, condonación, subsidios directos y créditos:

  • Suspensión de los pagos de patentes y eliminación de multas por incumplimiento tributario de años 2020 y 2021, sin condición de pago parcial.
  • Eliminar las multas e intereses moratorios por este período de emergencia 2020-2021, para permitir regularizar su situación tributaria y proteger la fuerza laboral de Chile.
  • Permitir convenios de pagos, con periodo de gracia de 3 meses, plazos de 3 años o más y tasa de interés 0% real, para todas las deudas tributarias vigentes, de las empresas de hasta UF 100.000.
  • Condonar o suspender durante 2021 los pagos por Contribuciones, patentes comerciales, de alcoholes e industriales, derechos de aseo, pagos municipales por propaganda y publicidad, y permisos específicos de funcionamiento.
  • Suspender los procedimientos de remate o cobro iniciados por incumplimiento de pago de patente mineras y de todas las pequeñas empresas.
  • Líneas de Financiamiento con condiciones preferenciales y garantía estatal (FOGAPE, por ejemplo), exclusivas para que las empresas hasta UF 100.000 en ventas anuales, puedan ponerse al día sus deudas previsionales, revisando a su vez, intereses, multas y reajustes que dificultan aún más su normalización. Para ello se requiere modificar las instrucciones de la CMF para que pequeñas empresas accedan a la garantía estatal.
  • Establecer un mayor aporte fiscal a los municipios vía Fondo Común Municipal para compensar los menores ingresos que tendrán los municipios producto de estas postergaciones; así también se requiere adelantar los flujos de transferencias de los recursos del Fondo Común Municipal, permitiendo allegar a los municipios recursos frescos que les permitan hacer frente a la caída de sus ingresos por recaudación de derechos municipales.

Subsidios Directos

Entregar un paquete de transferencias no reembolsables, por un monto total de US$ 3.000 millones, para hacer posible la sobrevivencia y la capacidad de generar empleos en la etapa de recuperación.

Compras públicas como mecanismo de reactivación y desarrollo del sector

Establecer una política de discriminación positiva hacia las MiPyme, en el área de compras públicas que revierta las señales de concentración en las grandes empresas ocurridas en los últimos años:

  • Eliminación de las garantías por seriedad de la oferta para Mipes.
  • Solicitar boletas de fiel cumplimiento con un monto máximo de 3% tanto en los convenios marcos como en el resto de sistema de compras públicas.
  • Rediseñar Convenios Marcos, con acceso exclusivo para las Mipymes.
  • Implementar licitaciones desagregadas por líneas de productos.
  • Limitar reglamentariamente la concentración de adjudicaciones.
  • Desarrollar licitaciones exclusivas para MIPYME.
  • Abrir postulación para Convenio Marco de producción y servicios culturales. Promover el acceso de las Pymes de Cultura a los distintos instrumentos de compras públicas.
  • Activar planes específicos para las pymes en las regiones de Chile.

Recuperación de los niveles de empleo en las PYMES

Modificaciones al subsidio al empleo SENCE para que tenga real impacto en las pequeñas empresas:

  • En la Línea Regresa, los montos no son adecuados para generar el impacto deseado en apurar la recontratación de trabajadores, especialmente en sectores de lenta recuperación como lo artístico-cultural, gastronomía y turismo para etapa post pandemia
  • Programa Protege debe rediseñarse y ampliarse para facilitar la reinserción laboral femenina.
  • Resulta indispensable una política pública que asegure una fuerte discriminación positiva, basada en un enfoque de género que incentive la contratación de mujeres, en tanto ellas han visto decrecer en una década su participación en el mercado del trabajo.

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