Hasta cinco años de cárcel arriesgan empresas por mal uso de la Ley de Protección del Empleo
¿Qué pasó?
Tras la entrada en vigencia de la Ley de Protección del Empleo, más de 56 mil empresas han adoptado esta medida, lo que ha generado cuestionamientos, principalmente sobre aquellas grandes compañías que se han acogido a esta ley, ante lo cual, la ministra del Trabajo, María José Zaldívar, explicó las sanciones que arriesgan aquellas que hayan hecho mal uso de la normativa.
La secretaria de Estado, anunció que habrá un registro público con los datos y además, penas que van entre tres y cinco años de cárcel, más la restitución del doble de lo percibido indebidamente.
¿Qué dijo?
Al respecto, Zaldívar señaló que “si una empresa, no importa el tamaño, grande, pequeña o mediana, ha mantenido sus ingresos, no se ha visto afectada por la crisis y se acoge a esta ley, se le van a aplicar las sanciones que corresponden, que son muy gravosas”.
“Por una parte, va a haber un registro público en el cual, y voy a tener claridad absoluta respecto del nombre de la empresa que se ha acogido, respecto de qué trabajadores o cuántos, pero, al mismo tiempo, va a existir la posibilidad de que la Dirección del Trabajo remita los antecedentes a los Tribunales de Justicia y, en caso que se verifique que hubo un abuso de esta ley, que está pensada en proteger a los trabajadores en sus ingresos, las penas van entre tres y cinco años de cárcel, así como la obligación de restituir la totalidad de lo indebidamente percibido, aumentado en el doble y la prohibición de contratar con el Estado por un periodo de dos años”, explicó.
Fondo de Cesantía
Por otro lado, la ministra también se refirió a los montos del fondo de cesantía, aclarando que “han sido ahorrados en su gran mayoría por los empleadores. Los trabajadores ponen un tercio de los recursos que están dentro del seguro de cesantía y dos tercios son puestos mensualmente por los empleadores”.
“Este seguro de cesantía tiene un financiamiento que es por parte del empleador, del trabajador y también una parte del Estado, por lo tanto, no es del todo correcto decir que son recursos exclusivamente de los trabajadores”, puntualizó.
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