Crímenes de homofobia sin justicia / Agencia Uno

Ley Zamudio: Crímenes de lesbofobia, homofobia y transfobia no obtienen justicia

  • Por Javiera Rodríguez

Este miércoles 27 de marzo se cumplirán siete años de la muerte de Daniel Zamudio, quien fue víctima de una golpiza que lo mantuvo en coma durante cuatro días. Junto a este hecho nació la Ley Zamudio, la que busca combatir los casos de discriminación.

Sin embargo, hay casos de homofobia y transfobia que aún no tiene culpables, situación que pone la atención en la aplicación de la legislación.

El 18  de junio del 2016 fue torturada y asesinada una joven lesbiana de 23 años llamada Nicol Saavedra. La familia denuncia que el caso aún no tiene imputados y que no hay respuesta de la justicia, razón por la que el año pasado se encadenaron fuera del Ministerio Público, quien acudió al llamado con un cambio de fiscal.

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"Quiero saber que pasó. No me van a devolver a la niña pero por lo menos quiero saber quien hizo tanta maldad, por qué se ensañaron tanto con ella, por qué le hicieron tanto daño”, expresó Olga Bahamondes, madre de la víctima.

Por su parte, María Francisca Bahamondes, prima de Nicol, señala que anteriormente la joven ya había sido agredida, sin embargo, no se logró terminar con la situación. "Tenía golpes en el cuello porque un punky le puso su bototo en el cuello. Su cara estaba totalmente moreteada, y para un doctor esas son lesiones leves por lo que en el juicio quedó ahí”.

La misma violencia que comenzó a vivir Nicole ya había desatado toda su furia contra María Pía Castro en 2008 y continuaría con Susana Sanhueza el 2017. Una murió por un golpe en el cráneo y luego fue quemada, y la otra asfixiada. Sus familias aún no obtienen justicia.

A pesar de que la Ley Zamudio establece medidas contra discriminación, y también agravantes en la pena para quienes cometen delitos motivados por ella, sólo el año pasado se registraron tres asesinatos y más de 58 denuncias por agresiones físicas o verbales, según el Movilh

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Alberto Coddou, profesor de derecho de la Universidad Austral, afirmó que el problema de la ley se encuentra en probar esta agravante. "Cuesta mucho probar la intencionalidad discriminatoria. Muchas veces se requiere matinal gráfico, matinal audiovisual, se requieren otros testigos presenciales directos, entonces eso hace que para la fiscalía sea muy difícil", explicó el académico.

Es por esto que la Unidad de Derechos Humanos, Delitos Sexuales y Violencia de Género de la Fiscalía Nacional creó un observatorio para trabajar con organizaciones que agrupan a personas con una identidad u orientación sexual diferente.

El objetivo de esta unidad es poder "evidenciar desde el primer momento que aquí hay una motivación de odio y por lo tanto poder estar atento de levantar de una principio la evidencia necesarias que nos permite eventualmente, en un juicio oral, acreditar la agravante", indicó la fiscal Ymay Ortiz.