El secreto de los jueces
Investigación de Jorge Molina Sanhueza.
Todo comenzó a raíz de una serie de correos anónimos que contenían “memes” y en los que se cuestiona la probidad de Álvaro Flores, presidente de la Asociación Nacional de Magistrados (ANM). Un hecho que según las fuentes consultadas por este medio, se enmarcaría dentro de una dura pugna por el poder al interior de la ANM.
Los mensajes digitales a los que accedió Ahoranoticias.cl primero recorrieron la red del Poder Judicial el 31 de diciembre de 2015 y luego se expandieron “con copia” a una amplia base de datos que también incluye a relatores y ministros.
En el Derecho Penal, las injurias y calumnias, son conocidas como delitos de acción privada, es decir, en ellos la Fiscalía no interviene.
Por ello, entre los jueces de garantía existe -sigilosamente- un cuestionamiento hacia Flores, ya que el Séptimo Tribunal de Garantía de Santiago durante estos meses ha decretado diligencias, usando los recursos de la PDI para establecer un ilícito que no es de “acción pública”, en los que sí el organismo perseguidor estaría obligado a obrar por ley.
De hecho, hay elementos que llaman la atención... Por ejemplo, en el sistema de tramitación penal electrónico del Poder Judicial, la querella que dio inicio al caso, no aparece en el “timeline”, a diferencia de lo que sí ocurre en causas de delitos graves como fraude al fisco, lavado de activos y tributarios, entre otros.
Otro detalle: el 27 de febrero del 2016, el mismo tribunal dicta una “resolución confidencial”, la que según los antecedentes recabados por Ahoranoticias.cl dio inicio a una verdadera “caza” contra quien habría enviado los correos electrónicos.
Las diligencias
Las pesquisas posteriores van desde oficios para determinar la IP de los mensajes, dirigidos a la empresa Movistar, hasta órdenes de investigar hechas por la PDI e interrogatorios.
En una de ellas, fechada el 3 de marzo pasado, la Policía de Investigaciones interrogó a Flores y a sus colegas jueces, Mauricio Olave -directivo de la ANM- y a Alejandro Huberman, el magistrado que redactó el fallo que liberó de responsabilidad a los gendarmes de la tragedia de la cárcel de San Miguel, donde murieron quemados 81 reos.
En el documento que los policías del Cibercrimen tardaron sólo 18 días en tramitar, se da cuenta de dos correos. El primero justicia.gremial.actual@gmail.com y como casilla de recuperación justiciaciega@gmail.com. Ambos tendrían relación con los mensajes cuestionados.
También se incluyen los “memes”, entre los que destacan una parodia con una carta enviada al “Viejito Pascuero”, aludiendo al presidente del gremio judicial, y al llamado “Ilocagate”, un recordado episodio del ambiente judicial, en el que se produjo una fallida compra de una hostería en Iloca, VII Región por parte de la ANM, en marzo de 2015. El costo sería de $ 1.100 millones, los que, sumado a los arreglos, subían el valor a nada menos que a $ 1.700 millones. El vendedor era el entonces magistrado del tribunal oral de Rancagua y actual fiscal judicial de la Corte de Apelaciones regional, Álvaro Martínez, quien era dueño del lugar, dentro de una sucesión.
El cibercafé
El 7 de abril pasado, Álvaro Flores, juez con asiento laboral, volvió a la carga. Pidió que la subjefa de Informática de la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ), Ana Martínez, fuera interrogada por la PDI, “con el fin de dar luces, respecto de los posibles autores del delito”. El magistrado Ponciano Sallés, quien no se ha inhabilitado de actuar en la causa, acogió la diligencia.
Sólo 7 días más tarde, el Cibercrimen entregó una nueva orden de investigar.
Fechada el 14 de abril, los detectives ya habían solicitado información a Google respecto de la dirección IP de los correos, como también su ubicación geográfica, para así determinar el origen... No les fue bien, pero Google les agregó un detalle valioso: justiciaciega@gmail.com había sido creada en el extranjero. Y por ello la PDI recomendó que la Unidad de Cooperación Internacional y Extradición de la Fiscalía Nacional, se hiciera cargo de obtener información fuera del país.
Posteriormente, y gracias a nueva tecnología instalada en sus redes, Movistar entregó una IP asociada a un número telefónico y una identidad: Alexis Maturana.
La PDI, rápidamente dio con el domicilio del hombre: Huérfanos 1373, que resultó ser un cibercafé, ubicado en una galería entre Teatinos y Amunátegui. En referencia geográfica, a metros del edificio que aloja a los tribunales civiles y a dos cuadras del Palacio de Tribunales donde funciona la Corte de Apelaciones de Santiago y la Suprema.
El dueño del local habló con la PDI y se manifestó dispuesto a colaborar para que revisaran los nueve computadores de su propiedad.
Coincidencia negra, Maturana mantenía una orden de detención pendiente por giro doloso de cheques y fue apresado y llevado al tribunal respectivo.
Los detectives siguieron con el jefe de seguridad del edificio, ya que notaron la existencia de cámaras de vigilancia. Habría sido un logro hallar las imágenes, pero el sistema, señala el documento, sólo almacenaba 10 días de grabaciones...
El I-Phone 5
El presidente de la ANM, ya en conocimiento de las diligencias, pidió que Maturana entregara voluntariamente los computadores para ser revisados y así hallar al culpable.
El 22 de abril, entonces, pidió al tribunal lo propio y el magistrado Álvaro Arriagada -quien no se ha inhabilitado- decretó que si el dueño del local no permitía la pesquisa, podía ser arrestado, multado o bien incautados sus equipos. Sin embargo, también escribió en su resolución del 27 de abril, que la revisión debería realizarse sin causar detrimento económico al cibercafé.
Conforme avanzó la indagatoria que había movido a equipos del Cibercrimen, Flores ya manejaba otra información. Las fotografías subidas a la red, provinieron en un Iphone 5, según consta en un escrito del 25 de mayo.
A su juicio, conociendo la “identidad” del aparato (IMEI), “será fácil saber quién es la persona que está detrás del plan de datos y saber quién es el autor de las injurias”.
El 9 de junio el magistrado Darwin Bratti le ordenó a la PDI que recabara información de todas las compañías para que identificaran el Iphone con el fin de saber quién era el dueño.
El 1 de agosto pasado, el misterio, al menos en parte, se dilucidó. El número está asociado a Movistar, en modalidad de prepago a nombre de una particular, domiciliada en Pitrufquén, IX Región.
Ahoranoticias.cl tomó contacto con la mujer, quien, sorprendida, indicó desconocer cualquier hecho relacionado al caso iniciado por Flores.
Inhabilitados
Distintos abogados consultados por Ahoranoticias.cl, estimaron que se trata de una situación al menos “llamativa”. Algunos de ellos, que han patrocinado causas de este tipo, explicaron que es casi “imposible” conseguir que un tribunal dicte diligencias con la PDI o Carabineros, algunas de ellas colindantes con “medidas intrusivas”.
Entre los jueces del Séptimo Tribunal de Garantía, en tanto, la presentación de Flores y los alcances de la misma han generado una evidente división. Por ejemplo, en marzo se inhabilitaron las magistradas Tatiana Escobar y Carolina Gajardo. En mayo, lo hizo Patricio Álvarez; en julio Cristian Sánchez, Daniel Urrutia y Mario Cayul. En otras palabras, más de la mitad del juzgado invocó la causal inhibitoria.
“Con la finalidad de asegurar la debida transparencia y evitar cuestionamientos futuros, me declaró inhabilitado en la presente causa”, escribió Cayul.
“No me interesa”
Ahoranoticias.cl consultó al magistrado Álvaro Flores acerca de la acción legal y sus alcances, como también de la rápida tramitación por parte del tribunal y las resoluciones “confidenciales”, tratándose de un delito de acción privada.
“Que yo sepa no hay (resoluciones confidenciales). No recuerdo si no había reserva. Yo no me manejo mucho en el tema penal, yo estoy patrocinando y no he tenido noticias”, indicó.
¿Han logrado algo?
No hemos logrado mucho. No tengo mucha esperanza que se logre mucho. Por la naturaleza y las huellas de estas cosas de comunicaciones, que hubiese una vinculación algún número fijo, pero no hay nada de eso.
Hemos consultado con varios abogados que tramitan estos delitos de acción privada y dicen que es muy raro que la PDI se mueva tanto...
¡Ah! Quiere preguntar si hubo alguna discriminación. No, ninguna. Las diligencias están pedidas con fundamento y claramente señaladas. Despache oficio ¿qué otra cosa distinta hay? Investiguen y despachen oficios ¿Cuáles son las medidas?
¿Hay un tema de disputa de poder interno al interior de la Asociación Nacional de Magistrados que derivó en la presentación de esta querella?
Lo voy a dejar hasta acá. No es un tema agradable para mí (…) no me interesa.
