Conmoción en Uruguay por histórico caso de explotación sexual que involucra a la política

¿Qué pasó?

Más de 30 hombres son indagados por explotación sexual de menores en Uruguay, en un caso histórico en el país por la cantidad de involucrados, entre los que hay empresarios, comerciantes, un político y hasta un exjuez.

La investigación, denominada Operación Océano, alcanzó días atrás los 32 imputados por "retribución o promesa de retribución" a menores de edad a cambio de actos sexuales.

El caso

El caso comenzó en marzo, cuando se descubrió el cuerpo de una adolescente de 17 años junto a un arroyo en el departamento de Canelones, al este de Montevideo. Al investigar la muerte, la policía se encontró con que la víctima había denunciado a un hombre por explotación sexual. Cuando revisaron su celular, encontraron mensajes de varios sujetos que le ofrecían dinero y regalos a cambio de sexo.

A partir de ahí, empezó a desenredarse una madeja que develó cómo decenas de hombres se contactaban con la misma adolescente y amigas de ella, todas menores, con el mismo fin.

Según publicó este jueves el diario local El País, una de ellas relató a la fiscal de la causa, Darviña Viera, que la gran mayoría de los hombres que frecuentaban las chicas pagaban entre 100 y 300 dólares por actos eróticos o fotografías.

Además, recibían regalos como artículos de lencería o extensiones de cabellos, entre otros, consigna el diario.

Imputados

Entre los imputados hay un exjuez de menores, un exdiputado y el dueño de un bar en Punta del Este, además de empresarios, comerciantes y docentes. También están requeridos por la justicia un argentino y un brasileño, señalan medios locales.

Sobre los imputados pesa la medida cautelar de fijar domicilio durante 180 días y la prohibición de acercarse a las víctimas o mantener cualquier contacto con ellas.

Tampoco pueden ejercer funciones públicas y privadas en el área educativa, de la salud y todas aquellas que impliquen trato directo con menores.

Los imputados están ahora a la espera de que la fiscalía que lleva adelante la investigación los acuse o bien desestime llevar el caso a juicio, lo que aún puede demorar varios meses.

El delito de explotación sexual de menores tiene en Uruguay una pena de entre dos y 12 años de cárcel.