Rabat entrega al Congreso la "caja negra" de las rebajas: 66 hasta octubre y 76 en el último año completo de Boric

Un oficio reservado enviado por el ministro de Justicia, Fernando Rabat, a la Comisión de Constitución del Senado —al que accedió Mega Investiga— contabiliza 308 rebajas de condena concedidas entre el 11 de marzo de 2022 y el 26 de octubre de 2026 a personas condenadas por delitos sexuales contra menores. El mayor número se registró en 2025, último año completo del gobierno de Gabriel Boric: 76.

El registro comprende únicamente rebajas asociadas a delitos sexuales contra menores y forma parte de la primera entrega de antecedentes realizada por el Ministerio. La documentación fue remitida mientras la comisión analizaba un proyecto que busca modificar la Ley 19.856 y excluir este tipo de delitos del beneficio.

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El oficio, fechado el 11 de noviembre, llegó junto con carpetas que contienen los decretos. Tanto la respuesta como esos antecedentes quedaron bajo reserva de la secretaría de la comisión.

El resumen ministerial muestra un aumento anual entre 2022 y 2025: hubo 46 rebajas en 2022, 54 en 2023, 66 en 2024 y 76 en 2025. En 2026, hasta el 26 de octubre, se contabilizaban otras 66. Así, en menos de diez meses se alcanzó una cifra cercana al máximo anual del período.

El desglose distingue entre delitos sexuales contra menores de 14 años y delitos contra víctimas mayores de 14, pero que aún eran menores de edad. En 2025 se otorgaron 59 rebajas en el primer grupo y 17 en el segundo. En 2026, las cifras fueron 58 y ocho, respectivamente. En total, el informe registra 266 rebajas asociadas a delitos contra menores de 14 años y 42 por delitos contra víctimas de entre 14 y 17 años.

El 95% de las rebajas, por orden judicial

Uno de los datos centrales del informe es que 291 de las 308 rebajas —el 95%— fueron otorgadas por orden judicial. El Ministerio detalla que 250 se concedieron entre el 11 de marzo de 2022 y el 10 de marzo de 2026, luego de que tribunales intervinieran frente al rechazo del Ministerio o de las comisiones de reducción de condena. Otras 41 corresponden al período entre el 11 de marzo y el 26 de octubre de 2026. Las 17 restantes, equivalentes al 5%, fueron otorgadas sin orden judicial.

La cifra permite comparar ambos períodos: antes del inicio de la gestión de Rabat, 250 rebajas se concretaron tras una intervención judicial que dejó atrás el rechazo del Ministerio o de las comisiones. Durante el período informado para 2026, fueron 41. El documento, sin embargo, no desglosa en ese resumen las otras 25 rebajas de 2026 según el tipo de tramitación.

El oficio consigna el año, número y fecha de cada decreto, además de si existieron recursos de amparo contra decisiones de las comisiones o del Ministerio. Rabat sostiene que la información está sujeta a reserva porque incluye datos personales de condenados y víctimas, antecedentes de causas penales e información sobre los delitos. Por ello, señala que algunos datos fueron omitidos o tarjados.

La discusión por la aplicación de la ley

La controversia se originó, en parte, por la aplicación de una modificación legal de 2022 que incorporó exclusiones al beneficio para condenados por delitos sexuales contra menores. El debate se ha centrado en si esa restricción podía aplicarse a personas condenadas por hechos anteriores a su entrada en vigencia. En diversos casos, tribunales acogieron recursos de amparo presentados por condenados luego de que se les negara el beneficio.

En su respuesta al Senado, Rabat califica la reducción de condena como una “potestad de carácter reglado”. El ministro sostiene que la Ley 19.856 reconoce el derecho al beneficio cuando se cumplen las condiciones legales y que el reglamento permite rechazarlo solo si se verifica una causal de exclusión.

Según esa interpretación, al Ministerio le correspondía comprobar los requisitos objetivos y la eventual existencia de una causal para negar la rebaja, pero no volver a evaluar la conducta de la persona condenada, calificada previamente por las comisiones. El oficio plantea que la cartera no tenía facultades para denegar el beneficio por razones de oportunidad o conveniencia.

Esa interpretación convive con distintos pronunciamientos judiciales sobre el alcance de las atribuciones del Ministerio. Un análisis de resoluciones de cortes de apelaciones publicado por CIPER informó que varios tribunales ordenaron a la cartera pronunciarse sobre las solicitudes; algunos indicaron que debía emitir “el decreto que en derecho corresponda” y, en un caso, señalaron expresamente que podía reconocer o rechazar el beneficio.

Cómo se tramita una rebaja de condena

El informe explica que en el procedimiento intervienen Gendarmería, las comisiones de reducción de condena, las secretarías regionales ministeriales de Justicia y el Ministerio. Gendarmería prepara anualmente las nóminas de personas que podrían postular y reúne sus antecedentes.

Las comisiones califican la conducta y consideran cuatro factores: estudio, trabajo, rehabilitación y conducta. También pueden tomar en cuenta el apoyo familiar y la adaptación social demostrada durante el uso de beneficios intrapenitenciarios. Cada comisión es presidida por un ministro de Corte de Apelaciones e integrada por tres jueces con competencia penal, un abogado, un psicólogo y un asistente social.

Una vez concluida la evaluación, Gendarmería remite los expedientes a la secretaría regional correspondiente. Esta revisa los requisitos objetivos y envía los antecedentes al Ministerio, que formaliza la rebaja mediante un decreto.

La Ley 19.856 establece que la reducción equivale a dos meses por cada año cumplido durante la primera mitad de la condena y a tres meses por cada año durante la segunda mitad. Para acceder al beneficio, la persona debe haber demostrado conducta sobresaliente y no estar afecta a una causal legal de exclusión.

La entrega de los antecedentes se produce en medio de solicitudes parlamentarias para conocer los decretos y sus fundamentos, de una investigación de la Fiscalía Centro Norte por una eventual prevaricación y de la preparación de una acusación constitucional contra Rabat. En paralelo, la Comisión de Constitución mantiene en estudio el proyecto que busca cambiar las reglas del beneficio para delitos sexuales contra menores.

En la conclusión del oficio, el Ministerio plantea que la legislación sobre beneficios penitenciarios debe ajustarse para incorporar la consideración de las víctimas y promover mecanismos técnicos y basados en evidencia para la rehabilitación y reinserción. También menciona como objetivos una reforma a la Ley Orgánica de Gendarmería y la creación de un nuevo servicio especializado de reinserción social.