Gutiérrez, Gahona y Calderón: CDE respalda a Fiscalía y pide a la Suprema suspender fallo que limitó revisión de celulares
- Por Leslie Ayala | Mega Investiga
El Consejo de Defensa del Estado (CDE), en representación de la Junaeb, se hizo parte ante la Corte Suprema en el recurso de amparo del ex diputado Hugo Gutiérrez (PC), el senador Sergio Gahona (UDI) y el abogado gestor de intereses Darío Calderón y solicitó una orden de no innovar para suspender los efectos de una sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago. El organismo, según el escrito al que accedió Mega Investiga, sostiene que las medidas fijadas para revisar dispositivos electrónicos impondrían cargas que dificultarían la investigación penal.
La resolución cuestionada fue dictada el 29 de septiembre. En esa oportunidad la Corte de Apelaciones acogió parcialmente el amparo y limitó la autorización para incautar, extraer y revisar dispositivos electrónicos. Entre otras medidas, instruyó al Ministerio Público informar, en un plazo de 15 días, el estado de las diligencias, quiénes han tenido acceso a la información y qué criterios se usarían para buscar antecedentes relacionados con los hechos investigados.
Esos criterios, según la resolución citada en el escrito del CDE, debían excluir comunicaciones y documentos de clientes del amparado vinculados con asuntos ajenos a la investigación, así como las comunicaciones con sus abogados defensores sobre el ejercicio de su defensa. También estableció que la identificación de información útil debía completarse en 90 días, con la posibilidad de una sola ampliación fundada, y que luego se realizara una audiencia para revisar qué antecedentes se conservarían y cuáles se eliminarían.
El fallo dispuso además que, hasta esa audiencia, la Fiscalía podría utilizar únicamente la información identificada como relacionada con los hechos investigados. Los antecedentes restantes no podrían ser incorporados a la carpeta, entregados a terceros ni examinados más allá de lo necesario para determinar su pertinencia.
En su presentación, el CDE calificó esas obligaciones como “inmediatas, técnicamente difíciles y complejas”, sujetas a “plazos breves y sucesivos”. El organismo sostuvo que los tiempos fijados no se ajustarían a la extensión de la diligencia ni a los medios disponibles para realizarla.
“Todo lo anterior corresponde, además, a medidas no previstas por la ley”, afirmó el CDE, que agregó que estas supondrían “serias y excepcionales cargas para el desarrollo de la indagatoria”, con consecuencias que, a su juicio, serían “difíciles de anticipar y en muchos aspectos irreversibles”.
La solicitud ante la Suprema busca suspender la ejecución de la sentencia mientras se resuelve la apelación presentada por el Ministerio Público. El CDE argumentó que las condiciones impuestas por el tribunal de alzada capitalino podrían convertirse en “un serio obstáculo que impide o restringe en demasía la persecución penal” y reducir las facultades de la Fiscalía.
Argumentos del CDE
El Consejo también pidió que la apelación sea revisada previa vista de la causa, para que las partes puedan exponer sus argumentos en audiencia. En el escrito, defendió que la información extraída de los dispositivos debe examinarse considerando el conjunto de los antecedentes de la investigación.
La presentación plantea que una exclusión anticipada de evidencia sería incompatible con el carácter progresivo de la investigación penal. “Información que en un inicio pudiera aparecer como neutra, lícita o desvinculada de la imputación puede posteriormente adquirir aptitud incriminatoria”, sostuvo el CDE.
El organismo añadió que, como querellante, necesita acceder a los antecedentes para ejercer sus atribuciones en la causa. Afirmó que la recopilación íntegra del material permitiría evaluar una eventual imputación y decidir si propone diligencias o ejerce otras facultades procesales.
En esa línea, sostuvo que la investigación estuvo sujeta a reserva y que el CDE no habría tenido acceso a los antecedentes que, conforme al fallo de la Corte de Apelaciones, podrían ser eliminados. “Pretender la supresión de evidencia en este estado de cosas implica dejar fuera de la discusión y en absoluta indefensión al organismo”, planteó.
El Consejo también cuestionó que la resolución obligue a evaluar antecedentes de manera separada. A su juicio, la pertinencia de una evidencia debe analizarse en relación con el resto del material investigativo, pues su relevancia podría aparecer al contrastarla con otros elementos.
La Corte Suprema debe resolver la solicitud de orden de no innovar y la apelación. El escrito del CDE pide que, mientras se tramita el recurso, se suspendan las medidas ordenadas por la Corte de Apelaciones.
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