EXCLUSIVO | Aluvión en Las Condes: Informe de febrero de Sernageomin advirtió alto peligro y deficiencias en obras de mitigación

Ocho meses antes del aluvión que este jueves afectó a San Carlos de Apoquindo, un informe del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) ya advertía sobre el alto peligro de este tipo de fenómenos en las quebradas del sector.

El documento -al que accedió Meganoticias- identificó, entre los factores que contribuyeron a una emergencia anterior, la pérdida de vegetación por incendios forestales y deficiencias en las obras de mitigación e infraestructura.

El reporte fue elaborado el 11 de febrero de 2026 después del aluvión registrado el 31 de enero en las quebradas La Honda, Grande, Los Almendros y Apoquindo, en Las Condes. Sus conclusiones adquieren relevancia ante la nueva emergencia y la investigación que abrió la Fiscalía Oriente para esclarecer su origen y determinar eventuales responsabilidades penales.

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El análisis técnico no establece las causas del aluvión de este jueves ni acredita, por sí solo, una negligencia. Sin embargo, documenta un riesgo identificado previamente y recomendaciones dirigidas a la Municipalidad de Las Condes, al Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) y al Ministerio de Obras Públicas (MOP).

Una de sus conclusiones advertía expresamente que “el evento no constituye una ocurrencia aislada, sino una reactivación de procesos en un área altamente propensa a este tipo de fenómenos”.

El informe se elaboró con observaciones de un sobrevuelo realizado el 6 de febrero, fotografías aéreas, imágenes satelitales y antecedentes de la Dirección de Obras Hidráulicas. Según los reportes iniciales de Senapred citados en el documento, el episodio de enero había provocado daños en 22 viviendas, además de dejar barro y rocas en distintas calles.

Durante esa inspección se observaron sectores afectados de San Carlos de Apoquindo y de la calle Las Condesas, donde se desarrollaban trabajos de retiro de material.

El origen descrito por Sernageomin

El servicio identificó las remociones en masa de enero como flujos o crecidas de detritos, es decir, fenómenos que transportan agua y materiales como tierra y rocas. Su generación se vinculó con lluvias intensas de carácter líquido y una isoterma elevada, en un territorio susceptible a este tipo de procesos.

Pero el reporte también identificó condiciones que podían agravar sus efectos. Durante el sobrevuelo se constató una marcada pérdida de cobertura vegetal, con ausencia de pastos, arbustos y árboles, además de material quemado por el incendio ocurrido en enero.

Según el documento, esa condición “habría incrementado el impacto erosivo en la cuenca, reduciendo la capacidad de infiltración del agua lluvia y favoreciendo el escurrimiento superficial”.

En sus conclusiones, Sernageomin señaló que la evidencia permitía inferir que los flujos de enero fueron desencadenados por una combinación de precipitaciones intensas, pendientes pronunciadas, suelos expuestos por incendios y ausencia de vegetación. A esos factores agregó las “deficiencias en las obras de mitigación y adecuación de infraestructura en las cuencas aportantes del sector oriente de la Precordillera”.

El reporte no individualiza responsables de esas deficiencias ni determina en ese párrafo cuáles eran las obras específicas comprometidas.

Un peligro identificado desde 2003

La advertencia sobre la exposición del sector tenía antecedentes anteriores. El informe de febrero recogió un estudio de Sernageomin de 2003 que ubicaba el área dentro de una zona de “alto peligro por remociones en masa del tipo flujo de detritos y por inundaciones”.

Esa susceptibilidad se asociaba a las fuertes pendientes y a la ubicación del sector en áreas de descarga de quebradas precordilleranas.

El documento también describió la conexión entre los cauces. La quebrada Grande-Honda inicia su recorrido dentro del complejo deportivo San Carlos de Apoquindo, transcurre paralela a la calle Quebrada Honda y descarga en la quebrada Apoquindo mediante un canal conector transversal. A este sistema se suman los aportes de la quebrada Los Almendros.

Además, el estudio citado advertía sobre factores humanos que favorecen la acumulación de aguas lluvias urbanas, como la impermeabilización de los suelos por pavimentación y la existencia de pasos bajo nivel con drenajes insuficientes.

Las medidas recomendadas a las autoridades

Entre las recomendaciones al Ministerio de Obras Públicas figuraba una directamente relacionada con el estado de los cauces. Sernageomin planteó “ejecutar limpieza y mantenimiento periódico de cauces para optimizar escorrentía y prevenir bloqueos durante crecidas rápidas”.

También recomendó desarrollar estudios para diseñar obras de control aluvional y manejo de aguas lluvias, coordinar inspecciones de terreno y evaluar el rediseño de puentes y secciones de cauces considerando la magnitud de los eventos recientes.

A la Municipalidad de Las Condes le recomendó realizar estudios hidrológicos e hidrometeorológicos que incorporaran la recurrencia de estos fenómenos y delimitaran su posible alcance en áreas urbanas.

Asimismo, indicó que no debían autorizarse asentamientos, ampliaciones o construcciones en zonas expuestas a remociones en masa sin un estudio de peligros naturales previamente visado por Sernageomin. A ello sumó instalar señalética e informar a la comunidad sobre los riesgos existentes.

Para Senapred, propuso una mesa técnica permanente con autoridades locales y organismos competentes, destinada a generar planes de evacuación y protocolos de acción. También recomendó monitorear sistemáticamente las variables meteorológicas en las zonas cordilleranas de Las Condes.

La investigación sobre posibles negligencias

La Fiscalía Oriente confirmó este viernes la apertura de una investigación sobre el aluvión del jueves 8 de octubre. Las diligencias fueron encargadas al OS9 y al Laboratorio de Criminalística de Carabineros, bajo la dirección del fiscal jefe de Las Condes, Francisco Lanas, y del fiscal adjunto Manuel Zará, especialista en materias de riesgo. La indagatoria buscará determinar las circunstancias del hecho y las eventuales responsabilidades penales asociadas a su origen o consecuencias.

En ese escenario, el informe de febrero aporta antecedentes para examinar qué medidas preventivas se adoptaron antes de la nueva emergencia. Será necesario establecer si las recomendaciones fueron ejecutadas, cuál era el estado de los cauces y de la infraestructura y si alguna eventual omisión contribuyó a los daños.

El documento deja constancia de que el riesgo había sido identificado y de que existían recomendaciones concretas para enfrentarlo. Determinar cómo respondieron los organismos involucrados y si esa respuesta fue suficiente será parte del esclarecimiento de una emergencia que volvió a golpear al sector.