Nueva reforma de seguridad propone tratamiento constitucional similar al terrorismo para el crimen organizado

¿Qué pasó?

Un grupo de senadores ingresará el jueves un proyecto de reforma constitucional que busca incorporar expresamente el crimen organizado al artículo 9° de la Constitución y establecer que, en sus manifestaciones más graves, es contrario a los derechos humanos.

La iniciativa fue presentada por los senadores Pedro Araya Guerrero, Karim Bianchi Retamales, Iván Flores García, Andrés Longton Herrera y Arturo Squella Ovalle, y plantea una serie de modificaciones para fortalecer las herramientas del Estado frente a organizaciones criminales.

El proyecto contempla tres ejes principales: establecer un tratamiento constitucional para el crimen organizado similar al del terrorismo, permitir una segregación penitenciaria especial y modificar las condiciones para decretar el estado de emergencia.

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El senador Pedro Araya, uno de los impulsores de la iniciativa, destacó que el proyecto surgió a partir de conversaciones entre distintos sectores. “Quiero reivindicar la posibilidad de que hemos logrado un diálogo fructífero y llegar a acuerdos con distintos sectores”, señaló.

Qué propone el proyecto

Uno de los principales cambios consiste en modificar el artículo 9° de la Constitución para incluir al crimen organizado junto con el terrorismo como fenómenos contrarios a los derechos humanos.

“El primero es condenar al crimen organizado en la misma intensidad que tiene la Constitución el terrorismo, es decir, el crimen organizado atenta contra los derechos humanos, contra las bases de la institucionalidad y la democracia, y como consecuencia de ello se le da el mismo tratamiento”, explicó Araya.

La propuesta aclara que el crimen organizado no constituiría por sí mismo un delito autónomo. Correspondería a la ley determinar qué delitos quedarían comprendidos dentro de este nuevo estatuto, considerando elementos como la existencia de estructuras organizadas, permanencia en el tiempo, coordinación, distribución de funciones y orientación hacia la comisión de delitos.

Los senadores plantean que los delitos que la ley determine como constitutivos de crimen organizado tengan un tratamiento constitucional equivalente al establecido actualmente para los delitos terroristas.

Esto implicaría determinadas inhabilidades constitucionales, considerar estos ilícitos como delitos comunes y no políticos y aplicar las reglas correspondientes en materia de indulto particular.

Regímenes penitenciarios especiales

Otro de los ejes apunta al sistema penitenciario y busca habilitar constitucionalmente regímenes especiales de seguridad para personas condenadas o sujetas a prisión preventiva por delitos terroristas o de crimen organizado.

La iniciativa pretende permitir que Gendarmería pueda separar a los internos considerando, entre otros factores, el riesgo que representan para los recintos penitenciarios y su eventual pertenencia a organizaciones criminales.

“Vamos a establecer a nivel constitucional que Gendarmería va a poder segregar a las personas privadas de libertad conforme a los riesgos que ellos representan para el recinto penitenciario, si son integrantes de bandas de crimen organizado, entre otras cosas”, señaló Araya.

El proyecto contempla que estas facultades tengan límites, se fundamenten en antecedentes objetivos, sean adoptadas mediante resoluciones fundadas, tengan una duración determinada y queden sujetas a revisión y control judicial.

Además, las medidas deberán respetar la comunicación confidencial con los abogados defensores, el acceso a los tribunales y las garantías del debido proceso.

Cambios al Estado de Emergencia

La reforma también propone modificar el artículo 42 de la Constitución para ampliar los supuestos que permitirían declarar el estado de excepción constitucional de emergencia.

La iniciativa incorpora las hipótesis de una grave amenaza de alteración del orden público y un grave daño inminente para la seguridad de la Nación. El período inicial no podrá superar los 30 días y sus eventuales prórrogas requerirán el acuerdo del Congreso Nacional.

Araya explicó que la modificación busca permitir una respuesta preventiva frente a amenazas graves, como una eventual toma de control territorial por parte de una organización criminal con alto poder de fuego.

“En esas condiciones el Presidente puede decretar preventivamente el estado de emergencia, de forma tal de que fuerzas nuevas puedan apoyar a Carabineros en esta tarea”, sostuvo.

El proyecto también establece controles sobre la medida. El Presidente deberá informar al Congreso cada 15 días y el Parlamento podrá dejar sin efecto la declaración o sus prórrogas si considera que ya no existen las circunstancias que la justificaron.

Gobierno aborda la propuesta

La iniciativa fue analizada en una reunión de trabajo con el Gobierno. El ministro de Justicia, Fernando Rabat, señaló que en el encuentro se revisó de manera general el contenido de la moción que será ingresada por los senadores.

“Lo que sostuvimos ahora fue una reunión de trabajo en donde se nos expuso en términos generales cuál es el contenido de la moción de estos senadores que van a ingresar el día de mañana y que tiene por finalidad reformar la Constitución”, explicó.

El secretario de Estado agregó que, aunque en la reunión no se abordó el detalle de cada propuesta, el Gobierno observa elementos relacionados con el diagnóstico que ha planteado frente al crimen organizado y el terrorismo.

“Nos queda claro que el actual estado de emergencia va a contemplar elementos que recogen el diagnóstico que ha tenido el Gobierno del presidente José Antonio Kast de poder enfrentar derechamente el crimen organizado y al terrorismo, y nos parece que lo que se nos planteó en esta reunión de trabajo aborda debidamente el diagnóstico que ha tenido el gobierno”, sostuvo Rabat.

En términos generales, la reforma busca incorporar el crimen organizado al artículo 9° de la Constitución, aplicar a los delitos que la ley determine como crimen organizado parte del estatuto constitucional del terrorismo, habilitar regímenes penitenciarios especiales y modificar el estado de emergencia, manteniendo controles judiciales y políticos sobre estas nuevas facultades.