Columna de Mauricio Morales: "Interpelar al canciller"
- Por Francisca Mieres
Por Mauricio Morales, doctor en Ciencia Política, profesor titular, Universidad de Talca-Campus Santiago.
La interpelación parlamentaria fue incorporada a la Constitución mediante la reforma de 2005 y comenzó a utilizarse al año siguiente, cuando la Cámara citó al entonces ministro de Educación, Martín Zilic.
El mecanismo forma parte de las atribuciones fiscalizadoras de la Cámara y permite que, con el respaldo de al menos un tercio de sus integrantes en ejercicio, un ministro sea citado para responder preguntas vinculadas con el desempeño de su cargo. La asistencia es obligatoria y la sesión queda a cargo de un diputado designado por quienes promovieron la citación, quien formula las preguntas y puede solicitar aclaraciones a las respuestas del ministro.
A diferencia de la acusación constitucional, la interpelación busca fiscalizar la gestión ministerial y obtener explicaciones públicas, mientras que la acusación persigue responsabilidades constitucionales por causales expresamente establecidas y puede culminar, tras su tramitación en la Cámara y el Senado, con la destitución y la inhabilidad para ejercer cargos públicos durante cinco años.
El próximo 28 de septiembre, Francisco Pérez se convertirá en el primer ministro de Relaciones Exteriores interpelado desde que existe este mecanismo, lo que adquiere especial relevancia en una cartera acostumbrada a mayores grados de continuidad, reserva y prudencia diplomática.
La oposición concentrará buena parte de sus preguntas en la relación con Argentina y la controversia por el Estrecho de Magallanes, los vínculos con Estados Unidos, los aranceles aplicados por ese país, la política sobre minerales críticos y el retiro del respaldo chileno a la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de las Naciones Unidas.
Desde 2006, la Cámara ha interpelado a 30 ministros distintos en 32 sesiones, ya que Jaime Mañalich y Mario Fernández comparecieron en dos ocasiones. Salud e Interior concentran la mitad de esas interpelaciones, con ocho cada una, mientras Educación y Justicia registran tres por cartera.
La cifra más interesante aparece al observar qué ocurrió después con esos ministros. Siete de los 30 interpelados fueron posteriormente acusados constitucionalmente. Se trata de Carmen Castillo, Javiera Blanco, Emilio Santelices, Andrés Chadwick, Jaime Mañalich, Marco Antonio Ávila y Carolina Tohá. Esto equivale a poco más del 23% de los interpelados, mientras que entre los ministros que ejercieron desde 2006 y carecieron de una interpelación previa, la proporción que posteriormente enfrentó una acusación constitucional bordea el 7%.
En términos simples, la probabilidad histórica de terminar acusado constitucionalmente ha sido más de tres veces mayor entre los ministros que previamente pasaron por una interpelación. Los casos de Javiera Blanco, Emilio Santelices y Carmen Castillo resultan especialmente ilustrativos porque sus acusaciones constitucionales fueron presentadas 14, 28 y 43 días después de sus respectivas interpelaciones.
Para Pérez, el desafío resulta mayor porque varias de las controversias que deberá explicar han evidenciado diferencias dentro del propio gabinete. Su relación con el ministro de Defensa, Fernando Barros, es el mejor ejemplo. Barros ha intervenido reiteradamente en materias de política exterior y ha obligado al canciller a precisar posiciones que, en condiciones normales, deberían surgir desde una sola conducción. Ocurrió cuando Estados Unidos impuso nuevos aranceles a productos chilenos y Barros cuestionó la cercanía y la confiabilidad de la relación bilateral, mientras Pérez remarcó públicamente que la Cancillería llevaba las negociaciones.
Volvió a ocurrir cuando Barros tomó distancia de la denominada Doctrina Monroe 2.0 y reivindicó la autonomía chilena frente a Washington, en momentos en que el canciller intentaba encauzar la relación con Estados Unidos, y nuevamente cuando el titular de Defensa planteó revisar el Convenio 169 de la OIT, lo que provocó que dirigentes opositores preguntaran quién ejercía realmente como ministro de Relaciones Exteriores.
El episodio más reciente surgió a propósito del Estrecho de Magallanes, cuando ambos ministros presentaron versiones distintas sobre las gestiones argentinas para derogar el decreto que alude a una administración conjunta de la zona. Pérez llegará así a la interpelación con una tarea que trasciende la mera defensa de sus decisiones.
También deberá demostrar que existe una política exterior reconocible y que su conducción corresponde a Cancillería. El resultado puede fortalecerlo si consigue ordenar los antecedentes, responder con precisión y resolver las controversias acumuladas durante estos meses. Una comparecencia débil, en cambio, puede profundizar las dudas sobre su gestión y alimentar el siguiente paso que la historia parlamentaria ya conoce.
Ese paso es mucho más severo que una interpelación y se denomina acusación constitucional.
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