Fiscalía de Aysén acusa el golpe tras revés judicial que liberó a imputados de Operación Ámsterdam: Criticó a la Corte
- Por Leslie Ayala | Mega Investiga
La Fiscalía Regional de Aysén acusó recibo del duro revés sufrido en la Operación Imperio Ámsterdam y difundió una inusual declaración pública para manifestar abiertamente su desacuerdo con la resolución de la Corte de Apelaciones de Santiago.
El tribunal de alzada revocó las medidas cautelares que afectaban a diez imputados: ocho que permanecían en prisión preventiva y otros dos que cumplían arresto domiciliario total.
En reemplazo de esas restricciones, la Corte decretó arraigo nacional, firma quincenal y prohibición de comunicarse entre ellos y con los demás investigados.
"Sobre esta decisión, el Ministerio Público expresa respetar las determinaciones judiciales pese a no compartir la resolución", señaló la Fiscalía de Aysén.
El comunicado, difundido después de conocerse el fallo, dedica buena parte de sus tres páginas a defender la solidez de la investigación y remarcar que los jueces habrían considerado acreditada la existencia de los delitos y las presunciones de participación de los imputados.
"La Cuarta Sala de la Ilustrísima Corte de Apelaciones, coincidiendo con lo resuelto por el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, tuvo por acreditada tanto la existencia del delito como presunciones fundadas de participación en calidad de autores respecto de los imputados", afirmó el Ministerio Público.
La Fiscalía agregó que los antecedentes corresponden a los presuntos delitos de tráfico ilícito de drogas; siembra, plantación, cultivo o cosecha de cannabis; desvío de cultivos autorizados; asociación ilícita y lavado de activos.
El organismo también destacó que en el procedimiento se incautaron más de 500 kilos de cannabis y otros productos con elevados niveles de THC, componente psicoactivo de la planta.
La explicación del revés
Aunque la Fiscalía enfatizó que la Corte habría reconocido la existencia de los delitos y las presunciones de participación, el tribunal concluyó que la prisión preventiva no era la única medida disponible para resguardar los fines del procedimiento.
Según la propia explicación entregada por el Ministerio Público, la discusión se concentró en el peligro de reiteración: la posibilidad de que los imputados, una vez liberados, volvieran a cometer hechos similares.
"No obstante calificar de graves los delitos atribuidos a los acusados, así como la gravedad de la pena señalada en abstracto a dichos ilícitos, esto es, penas de crimen que son de cumplimiento efectivo, la Ilustrísima Corte de Apelaciones consideró que la prisión preventiva no es la única cautelar para asegurar los fines del procedimiento", consignó la declaración.
El pronunciamiento resulta llamativo porque la institución no se limitó a informar las nuevas cautelares, sino que explicitó su discrepancia con el criterio adoptado por los ministros y desarrolló públicamente los argumentos con los que defendió la necesidad de mantener las restricciones más intensas.
Pese al tono del comunicado, la resolución de la Corte debe ser cumplida: los ocho imputados que permanecían encarcelados recuperarán su libertad y los dos que estaban bajo arresto domiciliario total también verán rebajadas sus cautelares.
Fiscalía anuncia acusación y juicio oral
Tras perder la discusión sobre las cautelares, la Fiscalía de Aysén aseguró que la investigación continuará y anticipó su intención de presentar una acusación para llevar el caso a juicio oral.
El plazo fijado por el tribunal es de 120 días. Durante ese periodo, el Ministerio Público anunció que analizará la evidencia levantada en los procedimientos, tomará declaraciones y realizará distintos peritajes.
"Una vez agotado el plazo judicial de investigación fijado por el Tribunal", la Fiscalía espera "presentar acusación y llevar la causa a juicio oral", afirmó en su declaración.
La institución agregó que evaluará formalizar a otras personas que puedan adquirir la calidad de imputadas.
Según el comunicado, hasta ahora existen 72 investigados que fueron detenidos durante el operativo ejecutado el pasado 13 de agosto en nueve regiones del país.
La Fiscalía acusa que la organización utilizaba empresas y dispensarios de cannabis medicinal para cultivar, distribuir y comercializar marihuana con elevados niveles de THC. La indagatoria es dirigida por el fiscal regional de Aysén, Hernán Libedinsky, junto con el OS7 de Carabineros.
La inusual señal pública del Ministerio Público llega luego de que la Corte desarmara el esquema de cautelares defendido por el equipo persecutor. Aunque la Fiscalía insistió en que la causa permanece vigente y que buscará llevarla a juicio, ninguno de los diez imputados alcanzados por esta resolución continuará en prisión preventiva o arresto domiciliario total.
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