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Caso Sartor: Tribunal decreta prisión preventiva para el expresidente de Azul Azul Michael Clark

¿Qué pasó?

Tras dos semanas de intensas jornadas de formalización, la jueza Paulina Moya del 4° Juzgado de Garantía de Santiago dictaminó prisión preventiva para el expresidente de Azul Azul, Michael Clark, junto a otros tres altos ejecutivos involucrados en el denominado caso Sartor. El tribunal consideró que la libertad de los imputados representa un peligro para la seguridad de la sociedad y un riesgo concreto de obstaculización del éxito de la investigación.

La medida cautelar afectó directamente a Clark, así como a Pedro Pablo Larraín Mery (excontrolador de Sartor), Carlos Larraín Mery (exdirector de Sartor AGF) y Sergio Yáñez Astete (excontrolador de Emprender Capital). De acuerdo con lo expuesto por la magistrada tras más de cinco horas de lectura, la decisión se sustentó en la gravedad de los delitos económicos imputados y en antecedentes que darían cuenta de eventuales maniobras para eliminar evidencia clave en el proceso.

Los delitos acreditados y el perjuicio patrimonial

Durante la resolución, el tribunal dio por acreditados seis de los siete ilícitos presentados por el Ministerio Público. Entre las figuras penales confirmadas en esta etapa procesal figuran administración desleal, negociación incompatible, entrega de información falsa al mercado, lavado de activos y fraude por omisión en la Oferta Pública de Adquisición de Acciones (OPA), y se descartó únicamente el cargo por contrato simulado.

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Según la imputación desplegada por la Fiscalía, la cúpula directiva estructuró un esquema para desviar recursos desde fondos públicos regulados hacia vehículos privados no fiscalizados, lo que benefició a empresas relacionadas en perjuicio de los aportantes. Según la Fiscalía, el monto global del fraude fue estimado en cerca de US$ 191 millones, entre los que destacan millonarios traspasos sin respaldo hacia firmas en situación financiera crítica, como la red de factoring Emprender Capital y Danke SF.

La arista Azul Azul y el cambio de control irregular

Uno de los capítulos centrales analizados por la magistrada abordó la maniobra ejecutada alrededor del fondo de inversión privado Tactical Sport, mediante el cual se ejercía la propiedad del 63,07 % de las acciones de Azul Azul, concesionaria del club Universidad de Chile. El tribunal acreditó la tesis fiscal respecto a que la posterior adquisición de la totalidad de las cuotas por parte de Inversiones Antumalal en diciembre de 2024 constituyó una toma de control indirecta de la sociedad anónima deportiva.

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El reproche judicial determinó que dicha transacción obligaba legalmente a la realización de una OPA abierta al mercado, trámite que, según determinó el tribunal, fue omitido deliberadamente por los involucrados. Respecto al resto de los imputados en la causa, los ejecutivos Rodrigo Bustamante y Juan Carlos Jorquera quedaron con las medidas de arresto domiciliario parcial y arraigo nacional, mientras que el tribunal fijó un plazo de investigación de 120 días.

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