Codelco bajo la lupa: Diputados se querellan y piden congelar bonos por presunta manipulación de cifras de producción

¿Qué pasó? 

Los diputados Jaime Mulet y Marcela Hernando presentaron este jueves, ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, una querella en la que acusan una eventual “sobreestimación, reconocimiento improcedente o manipulación de cifras de producción de cobre correspondientes al cierre del ejercicio 2025” en Codelco.

La acción judicial apunta contra “todos quienes resulten responsables”, incluyendo altos ejecutivos, gerentes, funcionarios y la propia estatal, bajo la Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas.

Según el escrito, existiría una “secuencia de decisiones, instrucciones, validaciones, omisiones y eventuales bypass de controles internos orientados a incorporar indebidamente producción al cierre anual, con la finalidad o efecto de aparentar el cumplimiento de metas corporativas o divisionales”.

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Uno de los focos principales es la División Chuquicamata. La querella sostiene que “se habría pretendido elevar la cifra de cierre desde aproximadamente 242 mil toneladas métricas finas a una cifra cercana a 256 mil toneladas métricas finas”, pese a advertencias internas de que la cifra inicialmente respaldable era “sustancialmente inferior”.

Los parlamentarios aseguran que las cifras cuestionadas habrían servido para “activar o mejorar indicadores de desempeño, incidir en bonos e incentivos variables” y eventualmente generar pagos improcedentes.

En la presentación judicial se mencionan posibles delitos de fraude al Fisco, administración desleal, obtención fraudulenta de prestaciones improcedentes, falsedad documental, uso malicioso de instrumento falso y estafa.

La querella da cuenta de una investigación penal ya vigente, actualmente radicada en la Fiscalía Regional de O’Higgins y encabezada por el fiscal regional Aquiles Cubillos.

Entre las diligencias solicitadas están la incautación y preservación de correos electrónicos, registros SAP, chats corporativos, Teams, SharePoint y respaldos digitales de los ejecutivos involucrados.

La que acción criminal también solicita una audiencia urgente para debatir medidas cautelares reales, incluyendo “retención, embargo, prohibición de celebrar actos y contratos” y la eventual “suspensión provisoria de desembolsos asociados a bonos o incentivos cuestionados”.

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