Crisis migratoria en Chile: PDI admite que falta de lazos diplomáticos impide la expulsión de 6.000 venezolanos
- Por Diego Alonzo
¿Qué pasó?
El ambicioso plan de control migratorio impulsado por el Gobierno del presidente José Antonio Kast tropezó con un obstáculo estructural que parece difícil de sortear en el corto plazo. Según declaraciones recientes de la Policía de Investigaciones (PDI) ante el Senado, la administración se enfrenta a una "imposibilidad" práctica para ejecutar las órdenes de expulsión contra ciudadanos venezolanos, una de las nacionalidades con mayor presencia de irregulares en el país.
El "cuello de botella" diplomático
Durante una sesión en la comisión de Gobierno del Senado, donde se discute el proyecto para tipificar como delito el ingreso clandestino, el prefecto de la PDI encargado de Migraciones, Ernesto León, reveló cifras preocupantes. Actualmente, existen cerca de 6.000 ciudadanos venezolanos con decretos de expulsión pendientes que no pueden ser ejecutados.
La razón fundamental es la ruptura de relaciones consulares y diplomáticas con Venezuela. León fue tajante al señalar que, debido a esta falta de comunicación oficial, no es posible identificar correctamente a los sujetos ni obtener la autorización del gobierno de Caracas para que estos sean aceptados de regreso en su territorio.
De hecho, el jefe policial confirmó que los vuelos de expulsión hacia Venezuela se encuentran congelados desde junio de 2025.
Desafíos operativos y económicos
Este estancamiento diplomático no es el único reto. El informe también puso de relieve el alto costo que implica para el Estado chileno cada proceso de deportación. Se estima que el operativo para expulsar a una sola persona —que incluye pasajes aéreos, viáticos para escoltas policiales y logística de seguridad— asciende a aproximadamente $3 millones de pesos.
Con un universo estimado de 300.000 migrantes en situación irregular en Chile, la viabilidad económica de las expulsiones masivas prometidas en campaña está bajo la lupa.
La semana pasada, el Ejecutivo concretó un vuelo con 40 expulsados, pero el operativo destacó por una notable ausencia: no incluyó a ningún venezolano, limitándose a ciudadanos de Colombia, Bolivia y Ecuador, países con los que sí existen canales de coordinación vigentes.
Un debate legislativo bajo presión
La admisión de la PDI ocurre en un momento político sensible. El Congreso se apresta a votar la ley que criminaliza el ingreso por pasos no habilitados, una medida que busca desincentivar la migración descontrolada.
Sin embargo, parlamentarios de oposición y expertos advierten que, sin una solución al problema de las expulsiones hacia Venezuela, cualquier endurecimiento legal podría terminar en un aumento del hacinamiento carcelario o en una acumulación de órdenes judiciales imposibles de cumplir.
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