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Disputa por autos de alta gama: cómo gasta el Ejecutivo los recursos para vehículos

Una verdadera lluvia de declaraciones cruzadas ha generado la noticia de que la Corte Suprema aprobó la compra de 22 autos marca Lexus para renovar los vehículos en los que se trasladan los ministros, operación cuyo monto sobrepasa los mil millones de pesos.

Si bien el Poder Judicial es un ente autónomo, las críticas del ámbito político no tardaron en llegar, a las que se sumaron también voces del mundo experto en probidad, quienes cuestionaron la aprobación de estos altos gastos, considerando el objetivo del órgano en cuestión. 

"No parece eficiente un monto de más de 1.200 millones de pesos en un veintenar de vehículos que no tiene ninguna relación directa con la administración de justicia", dice el director ejecutivo subrogante de Chile Transparente, Michel Figueroa.

Desde el Poder Judicial plantearon que el proceso para la renovación de los vehículos no ha culminado y que "aún no se han ejecutado los recursos fiscales que el Ministerio de Hacienda ha dispuesto para este preciso fin".

El ente encargado de asignar dichos recursos es la Dirección de Presupuestos, dependiente de Hacienda. Y la forma de entregar dinero a los diferentes programas es por medio de la Ley de Presupuestos aprobada en el Congreso o por medio de una modificación del erario, algo que no habría ocurrido con los vehículos de lujo que planeaba comprar el máximo tribunal. 

"La Ley de Presupuestos 2024 aprobada por el Congreso no incluye recursos asignados para la adquisición ni renovación de vehículos para el Poder Judicial. Si bien se solicitaron recursos para aquello, estos no fueron incluidos en la propuesta enviada al Congreso por parte del Ejecutivo. Asimismo, el Ministerio de Hacienda no ha realizado ninguna modificación presupuestaria al respecto", plantearon desde Dipres. 

El artículo 12 de la Ley de Presupuestos, establece que los órganos y servicios públicos —con excepción del Congreso Nacional, del Poder Judicial, del Ministerio Público y la Contraloría General de la República— deben tener autorización previa de la Dipres para adquirir, arrendar o convenir vehículos motorizados. 

Además, establece un monto máximo que pueden costar los vehículos para que sean autorizados: 550 UTM para los ministros de Estado (aproximadamente $35 millones), 450 UTM para subsecretarios ($29 millones), y 350 UTM para los jefes de servicio ($22 millones). 

La mayoría bordea los $20 millones: el valor de los autos del comité político

En medio de la polémica, Mega Investiga consultó los modelos de los vehículos que transportan a los ministros del comité político del Gobierno del presidente Boric.

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, fue el primero en hacer referencia al caso. "Yo tengo un vehículo año 2015 con 260 mil kilómetros y todavía funciona bien", señaló en medio de la polémica. El vehículo al que hizo referencia en sus declaraciones es un Honda Accord del año 2015, el cual está avaluado aproximadamente en $20 millones.

Se trata de un valor cercano al de los vehículos en que se trasladan los otros ministros. Por ejemplo, desde la cartera que dirige la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, señalan que no hay un auto definido por autoridad, sino que van rotando según disponibilidad. En este caso, los vehículos disponibles son dos Hyundai Azera (años2012 y 2016), avaluados en $20 millones, además de una Hyundai Santa Fe 2014 que bordea los $17 millones.

En el presupuesto de 2024, Segegob también contempla $82 millones para la renovación de tres vehículos, uno de ellos para el nivel central, además de una camioneta asignada a la Seremi de Gobierno de Biobío y otra a la Seremi de Gobierno de La Araucanía.

Por otro lado, el ministro de la Segpres, Álvaro Elizalde utiliza un vehículo proporcionado por la PDI. Se trata de un Toyota 4Runner, que puede alcanzar un valor cercano a los $35 millones. La cartera encabezada por el exsenador PS, además, contempló para este año un gasto de $69 millones, con el objetivo de renovar tres vehículos que tienen cerca de 10 años de antigüedad.

Por su parte, la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, utiliza el mismo vehículo que se usaba el 2016, cuando se creó la cartera. Se trata de un Hyundai Sonata del año 2016, avaluado en casi $20 millones. En el presupuesto 2024, no están contemplados gastos en vehículos.

El listado lo completa la ministra de Trabajo, Jeannette Jara, quien para los traslados utiliza un Mazda CX-9, del año 2024, que tiene un valor que oscila entre los 30 y 40 millones de pesos. Desde la cartera explicaron que el automóvil reemplazó al Hyundai Azera del año 2016, el que se encontraba fuera de uso desde fines de 2022, cuando sufrió un desperfecto que habría implicado un cambio de motor, por lo que se optó por renovar la unidad.

Junto con esto, el ministerio tiene contemplado en el presupuesto 2024, un gasto de $23 millones con el fin de renovar un vehículo destinado a la Secretaría Regional Ministerial de Arica, que es del año 2008.

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