Histórica constructora chilena pide su quiebra: ¿Cuáles son las razones?
¿Qué pasó?
La empresa constructora Queylen S.A., que opera desde hace 43 años en nuestro país, solicitó su proceso de liquidación voluntaria ante el 20° Juzgado Civil de Santiago.
La liquidación voluntaria es el procedimiento judicial que permite el cierre formal de una empresa, a través de la entrega de sus bienes, para el pago de las deudas con sus acreedores.
¿Cuáles son las razones?
La empresa dedicada al desarrollo de construcciones habitacionales, industriales, comerciales e institucionales, argumentó su solicitud de quiebra aludiendo a los efectos económicos provocados por el estallido social y la pandemia.
Según explicaron en la acción judicial, el segundo semestre de 2019 estaban desarrollando 10 proyectos cuando se produjo el estallido social, lo que provocó un "ambiente de incertidumbre" y la paralización del inicios de obras.
Luego, en marzo de 2020, el comienzo de la pandemia del coronavirus ocasionó restricciones de movilidad, pérdida de productividad, aumento de costos de traslados y escasez de mano de obra, lo que ocasionó "complicaciones de pagos, costos financieros, en fin, una hecatombe constructiva", explicaron.
En la pandemia, según aseguraron, "con la banca no fue posible recurrir a fondos de ayuda impulsados por la autoridad producto de la situación del rubro y por las condiciones nuestras a esa fecha".
En ese momento, la compañía tenía 10 obras en ejecución, 1.114 trabajadores contratados, cientos de contratos con proveedores y cerca de 200 unidades promesadas de clientes indirectos.
En ese momento tuvieron que hacerse cargo de una deuda cercana a los 10.407.918 dólares, la cual no se podía financiar con los recursos internos, por lo que "nos tuvimos que sobreendeudar con empresas de factoring con las que, solo en intereses desde el año 2019 al 2023, hemos pagado más de 4.938.400 dólares".
Adeudan más de $44 mil millones
Los socios de la compañía, en ese momento, comprometieron aportes de capital y préstamos para tratar de remediar la situación y además dejaron de recibir sus remuneraciones.
Actualmente, la constructora acumula 65 juicios civiles y comerciales, por unos $2.500 millones.
Del total de obras que tenían en ejecución les falta terminar dos, las que presentan avances de 55 y 14%, respectivamente, aunque "dada la deuda insoluta actual, recientemente nos han embargado las oficinas centrales, (por lo que) no vemos posible seguir avanzando", acotaron.
Finalmente, en la solicitud de liquidación voluntaria indicaron que la empresa tiene "una deuda total de $44.090.651.340, con 85 trabajadores contratados y con un inventario de bienes de un valor libros de $617.459.341".
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