Corte Suprema confirma indemnización de más de $1.800 millones a víctimas del 27-F
Este viernes, la Corte Suprema condenó al Estado de Chile al pago de más de $1.800 millones, por concepto de indemnización a los familiares de las víctimas del terremoto y posterior tsunami del 27 de febrero de 2010.
El Máximo Tribunal confirmó las decisiones adoptadas en primera y segunda instancia, por el 22° Juzgado Civil de Santiago y la 12° Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, respectivamente.
Dentro de los argumentos que la Tercera Sala de la Suprema incluyó en su fallo, se encuentra, por ejemplo, que tanto la Oficina Nacional de Emergencias (Onemi) como el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) "fueron creados para funcionar ante la ocurrencia de catástrofes naturales, esto es, su funcionamiento fue concebido cuando existan circunstancias anormales o extraordinarias, razón por la que la ocurrencia de un terremoto de gran intensidad no puede significar la inexigibilidad de las tareas encargadas a dichos servicios estatales".
Paralelamente, carga una cuota extra de responsabilidad en la Onemi, toda vez que, a juicio de los ministros, esta "no estaba en condiciones de cuestionar la alerta de tsunami que le fue entregada por el único organismo de carácter técnico que debía otorgarla, máxime si aquella se encontraba avalada por la información que emanaba del Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico".
Lo anterior, según la Corte Suprema, se traduce en que "la decisión de no trasmitir la información es inexcusable, sin que pueda sostenerse que el referido órgano, al igual que el resto de los chilenos, se encontraba golpeado por el terremoto, toda vez que tal organismo ha sido creado justamente para hacer frente a las catástrofes".
EL FALLO COMPLETO DE LA CORTE SUPREMA:
