Nuestra propia Maricarmen: Rachel Llanca, la mujer de 82 años que le ganó al Estado y frenó su desalojo
- Por Leslie Ayala | Mega Investiga
El miércoles 23 de septiembre, Maricarmen Abascal salió en camilla del departamento donde había vivido durante 71 años, en Madrid. Afuera, una multitud intentaba impedir el desalojo. La mujer, de 87 años, fue trasladada en ambulancia a un centro de salud. Era el cuarto intento de sacarla de su casa. Esta vez, la expulsión se concretó.
Un día antes de esta historia que dio la vuelta al mundo, el martes 22 de septiembre, a más de 11 mil kilómetros de Madrid, acá en Chile, la Corte de Apelaciones de Chillán resolvió el caso de Rachel Llanca Malebrán, una mujer de 82 años que también enfrentaba una orden de desalojo. La Delegación Presidencial de Ñuble había dispuesto que entregara la vivienda fiscal donde vivía. Si se oponía, podía recurrir al auxilio de la fuerza pública.
Sin embargo, el tribunal de alzada dejó sin efecto esa orden. En el expediente apareció -casi como un hecho milagroso- un documento de 1986 que cambió el rumbo de esta historia: una resolución del Ministerio de Educación autorizaba a Llanca, entonces auxiliar de un liceo de Chillán, a ocupar gratuitamente la casa. La resolución no fijaba una fecha de término.
La historia de Rachel Llanca es la de una mujer mayor que estuvo a punto de ser desalojada de su casa y que, a diferencia de Maricarmen en Madrid, consiguió frenar la orden en tribunales. El documento que inclinó la balanza llevaba cuatro décadas en los registros del Estado.
La sorpresa en el expediente
Llanca había dicho que, cuando trabajaba como auxiliar del Liceo A-10 de Chillán, recibió autorización para habitar la casa de calle Bulnes 160. El documento, sostuvo, se había extraviado.
El 7 de septiembre, la Corte pidió al Ministerio de Educación y a las autoridades recurridas que revisaran sus archivos. Nueve días después, el tribunal tuvo por cumplida la diligencia y recibió los antecedentes. Entre ellos estaba la Resolución Exenta Nº 468, fechada el 3 de abril de 1986.
El permiso autorizaba a Rachel Llanca a usar gratuitamente la vivienda y establecía que debía pagar los servicios básicos. No especificaba cuándo terminaba la autorización.
Hasta entonces, Bienes Nacionales y la Delegación Presidencial habían defendido el desalojo señalando que no existía un permiso vigente, contrato de arriendo u otro título administrativo que justificara la ocupación.
La casa forma parte de un terreno fiscal destinado en 2015 al Ministerio de Educación para el funcionamiento del Instituto Superior de Comercio Fernando Pérez Becerra. Años más tarde, Bienes Nacionales redujo la superficie entregada al liceo tras detectar subutilización del predio y la presencia de antiguos funcionarios en viviendas del sector de calle Bulnes.
Desde 2024, las autoridades requirieron a Llanca que restituyera la casa o formalizara una postulación a un arriendo. Ella manifestó que quería regularizar su situación, pero —según los informes presentados por los organismos— no ingresó una solicitud formal ni firmó un contrato.
En julio de 2026, la Delegación Presidencial ordenó la restitución inmediata del inmueble, con auxilio de la fuerza pública si Llanca se oponía. El tribunal de alzada chillanejo concluyó que, al existir una autorización aparente y no constar que su término se hubiera comunicado formalmente, las autoridades debían abstenerse de ejecutar el desalojo y remitir los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado.
“La recurrente sí contaba con autorización para habitar el inmueble [?] sin que se hubiere establecido una fecha de término para dicha ocupación”, se lee en la sentencia a la que accedió Mega Investiga.
Dos mujeres frente al desalojo
Las historias de Madrid y Chillán tienen un punto en común: dos mujeres mayores enfrentaron la posibilidad de perder la casa donde habían vivido durante décadas. Sus disputas, sin embargo, tenían orígenes distintos.
En Madrid, Maricarmen residía como arrendataria. El contrato, firmado por su padre en 1956, pasó a su madre y luego a ella. La empresa propietaria sostuvo que esa segunda sucesión había terminado con el antiguo régimen de arriendo. Los tribunales respaldaron esa interpretación y el Tribunal Supremo español no admitió el recurso de la defensa. Tras tres intentos aplazados, el cuarto desalojo se ejecutó el 23 de septiembre.
En Chillán, Rachel Llanca enfrentaba al Estado por una vivienda fiscal. La Corte no la declaró propietaria ni le aseguró que podría permanecer allí indefinidamente. Dejó a salvo las acciones civiles que puedan ejercerse para recuperar el inmueble. Pero anuló la orden de restitución administrativa: antes de intentar sacarla, las autoridades debían hacerse cargo de la autorización que el propio Ministerio de Educación le había otorgado en 1986.
Maricarmen salió en camilla de su casa en Madrid. Rachel Llanca, en Chillán, consiguió que la Corte frenara el desalojo y le ganara al Estado en esa disputa. El desenlace cambió cuando el tribunal encontró en los archivos públicos el papel que daba cuenta de su permiso para vivir allí.
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