EXCLUSIVO | Cárcel efectiva para falso Giorgio Jackson: condenan a sujeto por robo de computadores que desató crisis política

¿Qué pasó?

A más de tres años de uno de los robos más insólitos y políticamente controvertidos del gobierno del expresidente Gabriel Boric, la justicia condenó a los responsables de una operación que terminó con 23 computadores y una caja fuerte sustraídos desde el Ministerio de Desarrollo Social.

El episodio, ocurrido en julio de 2023, golpeó directamente al entonces titular de la cartera, Giorgio Jackson, en momentos en que el Ejecutivo enfrentaba una de sus mayores crisis por el estallido del caso Convenios y los cuestionamientos a Revolución Democrática (RD), partido del que el exsecretario de Estado fue fundador.

El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago condenó a Miguel Ángel Apablaza Suárez, el hombre que se hizo pasar por Jackson mediante llamadas telefónicas y WhatsApp, a tres años y un día de presidio efectivo por el delito de robo con intimidación. La misma pena recibió Denis Ignacio Soto Barraza, quien participó directamente en la sustracción de una caja fuerte desde las dependencias ministeriales.

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La sentencia, dictada el pasado 4 de noviembre y a la que tuvo acceso Mega Investiga, reconstruye los detalles de una operación que comenzó con un supuesto accidente de tránsito del ministro, continuó con la entrega de computadores a un conductor de Uber Cargo y terminó con tres individuos vestidos con delantales blancos ingresando al edificio para llevarse una caja fuerte.

El fallo también establece que los condenados deberán cumplir sus penas de manera efectiva, al no reunir los requisitos para acceder a las sanciones sustitutivas contempladas en la ley.

La resolución judicial pone fin a una etapa relevante de una investigación que en su momento alimentó sospechas y acusaciones políticas, debido a que el robo se produjo cuando el Ministerio de Desarrollo Social estaba bajo escrutinio público por las transferencias de recursos estatales a fundaciones privadas.

En particular, el caso Democracia Viva, que involucraba a militantes de Revolución Democrática, había abierto una crisis que afectaba directamente al partido fundado por Jackson. El robo de computadores, entre ellos uno asignado al propio ministro, incrementó las suspicacias sobre la eventual pérdida de información sensible y dio paso a una ofensiva opositora que contribuyó a su salida del gabinete el 11 de agosto de 2023.

Sin embargo, los hechos establecidos en la sentencia corresponden a una operación delictual organizada mediante el engaño a los guardias del edificio, sin que el tribunal establezca una conexión entre sus autores y las investigaciones por el caso Convenios.

Consultado por este resultado judicial, el exministro Jackson dijo a Mega Investiga “no sé que más agregar porque todos los fallos referidos a este caso han ratificado algo que dije al momento de mi renuncia, y que ya es una verdad indesmentible: nunca tuve nada que ver ni con el caso convenios, ni con el robo de computadores del Ministerio de Desarrollo Social y Familia”.

Agregó que “quizás quienes me acusaron deberían estar dando explicaciones respecto de por qué lo hicieron, y cómo se ha demostrado que fueron afirmaciones no solo falsas, sino que deliberadamente mal intencionadas. Ahí estaría la novedad, dicen que más vale tarde que nunca”.

El falso accidente de Giorgio Jackson

Todo comenzó alrededor de las 20:30 horas del miércoles 19 de julio de 2023. A esa hora, uno de los guardias de la empresa HM, encargada de la seguridad del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, ubicado en Catedral 1575, en el centro de Santiago, recibió una llamada al teléfono de la recepción.

Al otro lado de la línea, un hombre aseguró ser el ministro Giorgio Jackson. Según la sentencia, quien realmente hablaba era Miguel Ángel Apablaza Suárez, quien utilizó un teléfono celular para suplantar la identidad de la autoridad.

Su primera historia fue que había sufrido un accidente de tránsito en la comuna de San Bernardo y necesitaba que los guardias se comunicaran con una persona que podía enviar una grúa para auxiliarlo.

Los trabajadores siguieron las instrucciones y llamaron al número proporcionado. Una persona les respondió que el vehículo de asistencia llegaría en aproximadamente 20 minutos.

Pero el supuesto accidente no era más que el comienzo de una maniobra destinada a generar confianza entre los funcionarios de seguridad.

Poco después, Apablaza volvió a llamar al ministerio, nuevamente identificándose como Giorgio Jackson. Esta vez solicitó que lo contactaran a través de WhatsApp.

Uno de los guardias, identificado como José Guzmán, realizó la llamada y se encontró con un elemento que reforzó el engaño: el contacto tenía como fotografía de perfil una imagen del verdadero ministro.

La sentencia señala que el funcionario habló con la misma voz que previamente se había identificado como Jackson y que, bajo esa supuesta autoridad, recibió instrucciones para reunir computadores de distintas oficinas.

El argumento era que los equipos serían retirados para proceder a su renovación.

Convencido de que estaba cumpliendo una orden ministerial, el guardia comenzó a reunir los aparatos.
La resolución judicial establece que se juntaron alrededor de 50 computadores provenientes de distintas dependencias, incluyendo oficinas del ministro, la Subsecretaría de Evaluación Social y otros servicios vinculados a la cartera.

La operación, sin embargo, no terminó con el retiro de todos esos equipos. Un Uber Cargo para trasladar los computadores.

Aproximadamente a las 22:00 horas, cuando ya habían transcurrido cerca de 90 minutos desde el primer llamado, los guardias José Guzmán y Julio Lazo entregaron dos bolsas que contenían 23 notebooks pertenecientes al Ministerio de Desarrollo Social.

Los equipos fueron cargados en un automóvil marca Lifan que se había estacionado en las afueras del edificio.
El conductor era Rodrigo Jiménez Ramírez, quien trabajaba para la aplicación Uber y había recibido una solicitud de traslado mediante el servicio Uber Cargo.

De acuerdo con los hechos establecidos por el tribunal, el viaje tenía como destino la intersección de Manuel Rodríguez con Cachapoal, en la comuna de Renca.

El conductor llegó hasta ese lugar aproximadamente a las 22:20 horas, donde fue recibido por Elena Cecilia Rojas Crespo, abuela de Miguel Ángel Apablaza.

La mujer, quien aparece mencionada en la sentencia como previamente condenada por su participación en los hechos, recibió las dos bolsas con los 23 computadores y posteriormente las trasladó hasta su domicilio en la misma comuna.

La utilización de un servicio de transporte por aplicación fue una de las particularidades de la operación. Los delincuentes no necesitaron ingresar al ministerio para retirar los notebooks: consiguieron que los propios guardias reunieran los equipos, los trasladaran hasta la salida y los cargaran en el vehículo contratado.
Pero el plan todavía contemplaba una segunda sustracción.

Los falsos sobrinos del ministro y la caja fuerte

Cerca de las 23:00 horas, Apablaza continuaba comunicándose telefónicamente con José Guzmán, siempre bajo la identidad del ministro Jackson.

Esta vez, el falso secretario de Estado entregó una nueva instrucción. Según establece la resolución judicial, le pidió al guardia que permitiera el ingreso de tres supuestos sobrinos que acudirían a retirar una caja fuerte.

La explicación fue que el edificio ministerial sería fumigado y que, por esa razón, era necesario sacar el objeto desde sus dependencias. El funcionario volvió a obedecer.

Hasta el ministerio llegó un automóvil Chevrolet Sonic en el que se trasladaban Denis Ignacio Soto Barraza y otros dos individuos que no fueron identificados en la sentencia.

Los tres llevaban mascarillas y delantales blancos sobre sus vestimentas. El vehículo era conducido por Joshua Antonio Campos Valencia, quien también figura en la resolución como previamente condenado.

Una vez autorizados por el guardia, los individuos ingresaron al edificio y se dirigieron hasta el quinto piso.
Allí sustrajeron una caja fuerte, la colocaron sobre un carro y la trasladaron hasta el automóvil en el que habían llegado.

La sentencia establece que Soto Barraza y sus acompañantes concretaron la sustracción mientras el guardia seguía convencido de que estaba cumpliendo instrucciones del ministro. Posteriormente, los involucrados abandonaron el edificio y se dirigieron a Renca.

La caja fuerte fue abierta y abandonada en un sitio eriazo

La reconstrucción judicial también permitió establecer qué ocurrió con la caja fuerte una vez que salió del ministerio.
Según el fallo, el vehículo Chevrolet Sonic trasladó el objeto hasta un departamento ubicado en Pasaje Uno Sur, en la comuna de Renca, correspondiente al domicilio de Jorge Alberto Plaza Cortés, otro de los involucrados que aparece mencionado como previamente condenado.

En ese lugar, la caja fuerte fue forzada para acceder a su contenido. La resolución judicial señala expresamente que los participantes procedieron a abrirla, sustrajeron la documentación que se encontraba en su interior y posteriormente la abandonaron en un sitio eriazo cercano al inmueble.

Este antecedente resulta particularmente relevante debido a que, cuando se conoció el robo, uno de los principales focos de controversia pública fue precisamente la eventual existencia de documentos sensibles en las dependencias ministeriales.

Sin embargo, la sentencia no detalla el contenido de los papeles sustraídos desde la caja fuerte ni establece que estuvieran relacionados con el caso Convenios.

Tampoco atribuye a Giorgio Jackson participación alguna en la planificación o ejecución del robo.

Una condena de cumplimiento efectivo

Tras más de tres años desde los hechos, el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago resolvió la responsabilidad penal de Miguel Ángel Apablaza Suárez y Denis Ignacio Soto Barraza mediante un procedimiento abreviado.

Ambos fueron condenados como autores del delito consumado de robo con intimidación, previsto en los artículos 432, 436 y 439 del Código Penal.

La pena impuesta fue de 3 años y un día de presidio menor en su grado máximo para cada uno.
Además, Soto Barraza recibió una segunda condena de 61 días de presidio por tenencia ilegal de municiones.

Este último delito corresponde a un hecho distinto, ocurrido el 3 de diciembre de 2024, cuando fue sorprendido en un domicilio de Renca manteniendo seis municiones aptas para ser disparadas, sin contar con la autorización correspondiente.

Respecto del cumplimiento de las penas, el juez Álvarez Maldini estableció que ninguno de los sentenciados reunía los requisitos contemplados en la Ley 18.216 para acceder a penas sustitutivas.

Por ello, determinó que ambas condenas por el robo deberán cumplirse efectivamente en prisión.
En el caso de Soto Barraza, el tribunal ordenó abonar el tiempo que permaneció en prisión preventiva desde el 3 de diciembre de 2024.

Respecto de Apablaza, dispuso solicitar a Gendarmería la información necesaria para determinar con exactitud desde cuándo corresponde contabilizar su privación de libertad por esta causa.
La resolución también ordenó el comiso de las especies incautadas y la incorporación de las huellas genéticas de los condenados al registro correspondiente.

El robo que profundizó la crisis del caso Convenios

Para comprender la magnitud política que alcanzó este delito es necesario retroceder a junio de 2023, cuando estalló el caso Democracia Viva.

La investigación surgió a partir de los millonarios convenios suscritos entre la Seremi de Vivienda de Antofagasta y la fundación Democracia Viva, vinculada a militantes de Revolución Democrática.

El caso abrió una serie de investigaciones sobre transferencias de recursos públicos a fundaciones privadas y puso bajo cuestionamiento los mecanismos de asignación y fiscalización de esos fondos.

La controversia afectó especialmente a Revolución Democrática, colectividad que formaba parte del oficialismo y que había sido fundada, entre otros dirigentes, por Giorgio Jackson.

Aunque el caso Democracia Viva se originó en el Ministerio de Vivienda, la crisis rápidamente se extendió a otras reparticiones públicas y derivó en cuestionamientos más amplios sobre el funcionamiento del Estado y la entrega de recursos a organizaciones privadas.

En ese escenario, el Ministerio de Desarrollo Social también quedó sometido a un fuerte escrutinio político.
Fue entonces cuando, el 20 de julio de 2023, se conoció públicamente que delincuentes habían ingresado a sus dependencias y sustraído 23 computadores y una caja fuerte.

La coincidencia temporal entre el robo y las investigaciones por el caso Convenios desató especulaciones sobre el destino de la información contenida en los equipos y sobre la posibilidad de que el delito tuviera motivaciones distintas a las meramente económicas.

Las sospechas se intensificaron cuando posteriormente se conoció que uno de los computadores sustraídos estaba asignado al propio Giorgio Jackson y otro a su entonces jefe de gabinete, Diego Vela, también militante de Revolución Democrática.

El episodio se convirtió así en un nuevo flanco para el ministro, que ya enfrentaba una fuerte ofensiva política de la oposición.

Sin embargo, los antecedentes conocidos de la investigación penal apuntaron a una modalidad de engaño organizada por delincuentes comunes. La Fiscalía descartó motivaciones políticas en el robo, mientras que la sentencia ahora dictada tampoco establece conexiones con el caso Convenios.

Las presiones que terminaron con la salida de Jackson

El robo al Ministerio de Desarrollo Social se produjo apenas tres semanas antes de la renuncia de Giorgio Jackson al gabinete.

Durante ese período, el entonces secretario de Estado enfrentó crecientes presiones de la oposición, que cuestionaba su responsabilidad política tanto por las repercusiones del caso Convenios como por las vulnerabilidades de seguridad que habían quedado en evidencia tras el robo.

El episodio de los computadores se incorporó a una controversia más amplia que incluyó críticas a la gestión ministerial, acusaciones políticas y exigencias de que abandonara el cargo.

El 11 de agosto de 2023, luego de reunirse con el Presidente Gabriel Boric, Jackson anunció su renuncia indeclinable al Ministerio de Desarrollo Social.

Su salida se produjo en medio de una crisis que había deteriorado las relaciones entre el Gobierno y la oposición, y que amenazaba con dificultar lasnegociaciones legislativas de reformas relevantes para el Ejecutivo.

El exministro planteó entonces que esperaba que su renuncia permitiera retomar el diálogo político, particularmente en torno a la reforma de pensiones.

Aunque su salida no obedeció exclusivamente al robo, el episodio contribuyó a profundizar el desgaste de una autoridad que se había transformado en uno de los principales blancos de las críticas opositoras.

Más de tres años después, la condena contra quienes ejecutaron el delito permite cerrar parte de la historia judicial de un caso cuya repercusión excedió ampliamente el valor de los computadores y la caja fuerte sustraídos.

Lo que comenzó con una llamada telefónica de un delincuente que fingió ser ministro terminó convertido en un escándalo nacional, en medio de una crisis política que contribuyó a la salida de uno de los colaboradores más cercanos del entonces Presidente Gabriel Boric.

La sentencia establece ahora la responsabilidad penal de los autores del robo y reconstruye cómo se ejecutó la operación. Pero no acredita que la sustracción haya formado parte de una maniobra vinculada al caso Convenios, pese a las sospechas políticas que rodearon el episodio desde sus primeras horas.

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