EXCLUSIVO | Fiscalía, Contraloría y Servel en alerta: Valencia, Pérez y Figueroa hacen frente común por autonomía en Presupuesto

El fiscal nacional, Ángel Valencia; la presidenta del Consejo Directivo del Servicio Electoral (Servel), Pamela Figueroa, y la contralora general, Dorothy Pérez, compartieron durante esta jornada un almuerzo en el restaurante Singular.

En la mesa, según comentan a Mega Investiga fuentes que supieron del inusual encuentro, estuvo el proyecto de Presupuesto 2027 y una preocupación común: que las reglas para asignar y ejecutar los recursos terminen estrechando la autonomía de instituciones llamadas a actuar con independencia del gobierno de turno.

La inquietud tiene alcances distintos para cada organismo. En el Ministerio Público, el foco está en las facultades que el proyecto entrega a la Dirección de Presupuestos (Dipres) sobre decisiones de gestión interna. En el Servel, en el recorte propuesto y en la forma de financiar tareas electorales críticas. En la Contraloría, cuyo presupuesto sí registra un aumento, el debate remite al margen de independencia con que el organismo debe ejercer su labor fiscalizadora.

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La discusión no consiste en prescindir de controles ni de rendición de cuentas sobre el uso de fondos públicos. El punto para estas autoridades es dónde se fija el límite: qué puede fiscalizar el Ejecutivo y hasta dónde puede intervenir en decisiones de organismos que la Constitución reconoce como autónomos.

Las objeciones de Fiscalía

Valencia ya había planteado reparos ante la Tercera Subcomisión Especial Mixta de Presupuestos. La Fiscalía objetó disposiciones que, a su juicio, podrían someter decisiones administrativas a autorizaciones previas de la Dipres o limitar la posibilidad de redistribuir recursos dentro de la institución.

Uno de los puntos es la creación de un programa presupuestario separado para la Fiscalía Supraterritorial, la unidad especializada en investigar fenómenos criminales de alcance interregional. La Fiscalía sostiene que esa separación podría dificultar el movimiento de recursos entre la nueva unidad y otras áreas del Ministerio Público, al exigir intervención de la Dipres. Como antecedente, invocó la representación de Contraloría al Decreto Nº 84 de 2026, que contemplaba una estructura similar.

También están en cuestión las condiciones fijadas para los Equipos contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH). El proyecto contempla desgloses de recursos sujetos a visación previa de la Dipres, reportes mensuales de actividades y ejecución presupuestaria, además de comunicar modificaciones presupuestarias. La Fiscalía advierte que esos requisitos podrían condicionar decisiones de gestión y que la información sobre el gasto debe resguardarse de modo que no exponga antecedentes protegidos de investigaciones penales.

La preocupación, según la presentación de Valencia ante la subcomisión, no es que las glosas autoricen a la Dipres a acceder a carpetas investigativas. El debate está en cómo se diseñan y aplican las obligaciones de información y control, y en distinguir la rendición de cuentas por los recursos del acceso a información reservada.

El proyecto fija, además, límites para ciertos gastos de funcionamiento: $681,8 millones para horas extraordinarias, $849 millones para viáticos nacionales, $147 millones para viáticos internacionales y $28,3 millones para capacitación. Para el Ministerio Público, topes de ese tipo pueden reducir la flexibilidad para enfrentar diligencias imprevistas, desplazar equipos o extender jornadas durante el año.

En el caso de ECOH, la propuesta mantiene $12.938 millones para el funcionamiento de los equipos en 13 regiones. La Fiscalía plantea que esos recursos se incorporen como aporte fiscal al presupuesto institucional y no se mantengan como transferencias corrientes, para facilitar una administración más estable. La objeción, en este caso, apunta a la forma de gestión del financiamiento y no a la eliminación del monto.

El recorte que encendió las alertas del Servel

Para Figueroa, dicen fuentes consultadas, el proyecto abrió un frente distinto. La propuesta inicial contempló una rebaja para el Servicio Electoral que, según las cifras expuestas durante la discusión, rondaba el 12% de los recursos solicitados y se acercaba a los $4.000 millones. La subcomisión que revisó esa partida rechazó el recorte, pero la discusión sobre el presupuesto del organismo seguía instalada.

El Servel ha advertido que la reducción podría afectar funciones que requieren preparación anticipada para los procesos electorales de 2028 y 2029. Entre ellas están la transmisión de resultados, la actualización de sistemas y la contratación y capacitación de personal antes de las elecciones.

La presidenta del organismo también manifestó reparos por la manera en que el Ejecutivo propuso implementar el presupuesto, al señalar que podía afectar la estructura tradicional del servicio y su autonomía constitucional. La preocupación es que las restricciones presupuestarias incidan en la capacidad del Servel para organizar elecciones y cumplir sus tareas de fiscalización con independencia.

Una discusión distinta en Contraloría

La situación presupuestaria de Contraloría es diferente. El proyecto contempla cerca de $130.960 millones para 2027, un aumento de 5,9% respecto de la base de comparación utilizada para el cálculo. La propuesta considera, además, recursos para ampliar la dotación en 75 funcionarios y reforzar capacidades tecnológicas y de fiscalización.

Ese aumento marca un contraste con el recorte propuesto para el Servel y con las restricciones objetadas por Fiscalía. Sin embargo, el tema que estuvo sobre la mesa en el Singular fue más amplio que el monto asignado a cada institución: cómo se compatibiliza la aprobación y el control del gasto con la autonomía necesaria para que cada organismo cumpla sus funciones.

En el caso de la Contraloría, esa autonomía es especialmente relevante por su papel de control sobre los actos de la Administración y el uso de los recursos públicos. La discusión presupuestaria abre así una pregunta sobre las condiciones institucionales en que el organismo fiscalizador puede ejercer sus atribuciones, incluso cuando la propuesta le asigna más recursos, pero conforme a las glosas agregadas por Dipres, la Contraloría tendría que pedir autorización al Ministro de Hacienda (sujeto a su fiscalización) cada vez que necesite mover recursos dentro de su presupuesto vigente para que sus fiscalizadores se puedan desplazar a revisar en terreno a los servicios públicos (incluso a los dependientes del mismo Ministerio de Hacienda, como son Aduanas, SII, Tesorería, etc).

El límite entre control y autonomía

La ley de presupuestos establece el marco para que el Estado financie sus funciones y rinda cuentas del uso de los recursos. Pero las reglas que acompañan las partidas también pueden incidir en la gestión cotidiana: desde la contratación de equipos hasta la reasignación de fondos o la respuesta ante necesidades que no estaban previstas al inicio del año.

Ese es el punto que conecta las aprensiones de los tres organismos. Una exigencia de autorización previa, un límite rígido o una reducción de fondos no equivale por sí sola a una vulneración de la autonomía. El efecto depende de la redacción de cada norma, del alcance que tenga y de cómo se aplique. La alerta surge cuando el control presupuestario deja de revisar el uso de los recursos y pasa a condicionar decisiones que corresponden a la institución.

El proyecto de Presupuesto 2027 seguía en discusión en el Congreso al cierre de esta nota.

Para Fiscalía, el foco está en la intervención de la Dipres y la flexibilidad para administrar sus recursos; para el Servel, en el recorte y las tareas necesarias para preparar los próximos procesos electorales; y para Contraloría, en el resguardo de la independencia de un órgano que debe fiscalizar a la Administración. El almuerzo en el Singular reunió esas preocupaciones en una misma mesa, mientras el debate presupuestario avanza en el Parlamento.

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