Puerto Coronel: Fiscalía del Biobío pide 8 años y 1 día de cárcel para exalcalde Boris Chamorro por cohecho
- Por Paul Follert | Leslie Ayala | Mega Investiga
La Fiscalía solicita dos penas de cuatro años y un día de presidio para el exalcalde de Coronel Boris Chamorro Rebolledo, a quien acusa de recibir pagos periódicos por un total de $82 millones mientras ejercía el cargo. El Ministerio Público también pide que se le imponga inhabilitación para ejercer cargos públicos, multas y el comiso de parte de las ganancias que, según la acusación, obtuvo.
Las penas corresponden a dos grupos de delitos de cohecho, según el documento al que accedió Mega Investiga. En el libelo se describen 18 hechos ocurridos entre mayo de 2022 y julio de 2023. La Fiscalía pide, además, 6 años y 1 día de inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos, una multa equivalente a $70 millones y el comiso de $8 millones.
Por otros tres hechos, calificados como delitos económicos y registrados entre septiembre y noviembre de 2023, solicita una segunda pena de cuatro años y un día, junto con la misma inhabilitación, 150 días, multa y el comiso de $12 millones.
Ir a la siguiente notaLa acusación atribuye a Chamorro haber aceptado esos pagos en razón de su cargo de alcalde. Según el escrito, el dinero habría sido entregado en efectivo y provenía de fondos de Compañía Puerto de Coronel, que llegaban a una empresa proveedora mediante facturas por servicios que, de acuerdo con el Ministerio Público, no se prestaron.
La Fiscalía acusa también al expresidente del directorio de Puerto Coronel Eduardo Hartwig Iturriaga de disponer los pagos y al entonces gerente de Administración y Finanzas, Daniel Chamorro Madariaga, de gestionarlos. El proveedor Víctor Olivares Matamala habría recibido los recursos a través de su empresa Transolv y entregado posteriormente parte de ellos al alcalde.
El mecanismo descrito por la Fiscalía
De acuerdo con la acusación, el esquema operó al menos entre mayo de 2022 y noviembre de 2023. Hartwig habría instruido a Daniel Chamorro para coordinarse con Olivares, quien emitiría facturas de Transolv por supuestas prestaciones y provisiones de bienes para Puerto Coronel. Los documentos, sostiene el Ministerio Público, describían servicios inexistentes o difíciles de verificar después.
Las facturas se habrían respaldado con cotizaciones y órdenes de compra. Luego, Puerto Coronel pagaba los montos a Transolv mediante su procedimiento habitual para proveedores. Olivares habría retirado parte de esos fondos y entregado el dinero en efectivo a Boris Chamorro.
La acusación detalla pagos al entonces alcalde desde el 27 de mayo de 2022 hasta el 9 de noviembre de 2023. Entre las entregas consignadas figuran $9 millones en mayo de 2022, pagos de $3 millones durante varios meses y, desde julio de 2023, entregas de $4 millones. El total señalado por la Fiscalía es de $82 millones.
Por estos hechos, el Ministerio Público atribuye al exalcalde la autoría de cohecho reiterado. A Hartwig lo acusa de soborno y sostiene que Daniel Chamorro y Olivares habrían intervenido en la ejecución del mecanismo.
La pena solicitada para Chamorro no equivale a una condena. La acusación contiene la imputación de la Fiscalía y sus pretensiones de pena; será el tribunal el que resuelva, después del juicio, si los hechos se acreditan y qué sanciones corresponden.
Una acusación por ocho hechos
El escrito fiscal acusa a siete personas: además de Boris Chamorro, Eduardo Araya Poblete —exconcejal de Coronel—, Hartwig, Javier Anwander Hammersley —exgerente general de Puerto Coronel—, Daniel Chamorro, Olivares y Hernán Romero Sáez, representante de Servicios Caryher.
En otro capítulo, la Fiscalía sostiene que Araya recibió transferencias periódicas desde Transolv por un total de $69,75 millones entre julio de 2021 y noviembre de 2023. Según la acusación, se emitieron facturas de una empresa vinculada al exconcejal para dar una apariencia de justificación a esos pagos. Para Araya, el Ministerio Público también solicita dos penas de cuatro años y un día de presidio por cohecho, además de inhabilitación, multas y comiso de ganancias.
La acusación describe, además, un presunto esquema de administración desleal que habría perjudicado a Puerto Coronel en más de $2.159 millones. La Fiscalía sostiene que, entre otras maniobras, se usaron facturas de Caryher por servicios que no se habrían realizado, se dispusieron pagos a Hartwig por sobre los aprobados por el directorio y se traspasaron fondos a Transolv para fines particulares.
También atribuye a algunos acusados delitos tributarios por la incorporación de facturas falsas en la contabilidad y en declaraciones de IVA. El escrito estima perjuicios fiscales por créditos de IVA utilizados indebidamente y por solicitudes de devolución de IVA exportador que, según el Ministerio Público, no correspondían. Para esos cargos solicita penas que pueden alcanzar siete años de presidio.
La investigación fue cerrada el 2 de octubre. Tras presentar la acusación, la Fiscalía pidió citar a los intervinientes a la audiencia de preparación de juicio oral y anunció que llevará testigos, peritos y otros medios de prueba
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