La voz de Camilo Huerta, recetas en 15 minutos y cannabis para Lollapalooza: las escuchas del "Imperio Ámsterdam"

Un centenar de interceptaciones telefónicas fueron parte de los antecedentes que permitieron a la Fiscalía y al OS7 de Carabineros reconstruir el funcionamiento de la organización investigada en la denominada Operación Imperio Ámsterdam, una causa que indaga una presunta red de tráfico de drogas que habría operado bajo la fachada del uso medicinal de cannabis.

Mega Investiga accedió a parte de esas escuchas, incorporadas a la investigación que durante agosto derivó en múltiples allanamientos realizados simultáneamente en nueve regiones del país y en la detención de más de 70 personas.

Ocho de los imputados identificados como integrantes de la primera línea de la organización quedaron en prisión preventiva. Entre quienes fueron formalizados también figura el preparador físico y exrostro de televisión Camilo Huerta, quien quedó sujeto a la medida cautelar de arresto domiciliario total.

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Huerta ha rechazado las imputaciones y, tras su detención, aseguró públicamente que era inocente y que todo correspondía a un “montaje”.

Sin embargo, de acuerdo con los antecedentes expuestos por el Ministerio Público, el exchico reality habría sido administrador de una de las franquicias vinculadas al Dispensario Nacional.

La tesis de la Fiscalía apunta mucho más arriba. Según la investigación, detrás de la corporación sin fines de lucro destinada formalmente a producir y abastecer cannabis medicinal a pacientes habría funcionado una estructura dedicada al tráfico de drogas y al lavado de activos, que habría generado ganancias millonarias.

El mercado del cannabis

Una de las piezas de la investigación corresponde a las interceptaciones de las conversaciones de Andrés Astorga, uno de los ejecutivos de DN Medcorp, sociedad que, según los investigadores, funcionaba como núcleo financiero y administrativo del Dispensario Nacional.

En una de las escuchas a las que accedió Mega Investiga, Astorga dimensionaba el tamaño que, a su juicio, tenía el mercado del cannabis en Chile.

“El mercado nacional es de 290 millones de dólares anual, solamente medido en lo que planta el narco que lo vende a dos lucas. O sea, en mejorándole la calidad de la hueá, un mercado de 500 mil dólares así, pero fácil. En Chile”.

Su interlocutor reacciona sorprendido por las dimensiones del negocio y Astorga continúa hablando sobre las posibilidades comerciales del cannabis, extendiendo el análisis incluso al mercado europeo.

“Entonces el mercado no es solo el gallo enfermo, también el gallo que consume. Es el mercado que te estoy hablando yo, pues, el mercado total de cannabis”.

Luego agrega:

“¿Sabes cuánto es en Europa, no? Son 80 billones de euros al año (?) Yo tomé esta empresa con 12 palos de venta mensual, huevón. La hice explotar”.

Para la Fiscalía, las conversaciones son parte de los antecedentes que permiten reconstruir la verdadera naturaleza del negocio que existiría detrás de la estructura formal de la organización.

MA Botanics y la producción de cannabis

Según la investigación, MA Botanics estaba encargada de la producción de cannabis en un predio ubicado en Pelarco, Región del Maule.

Uno de los aspectos que indaga el Ministerio Público es la diferencia entre los cultivos autorizados y aquellos que efectivamente se habrían producido.

La empresa contaba con un permiso del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) para cultivar cannabis con CBD, pero, de acuerdo con la tesis de la Fiscalía, habría producido también cannabis con THC, el principal compuesto psicoactivo de la marihuana.

Una de las interceptaciones incorporadas a la investigación aborda directamente la rentabilidad de ese producto.

“El único asiento rentable de hoy día de MA Botanics, el único, es la venta de THC. El único”.

En la misma conversación se habla de la intención de obtener nuevas autorizaciones:

“El próximo permiso SAG lo voy a sacar yo directamente (?) de THC. Nada más de campo de CBD, nada más de hueá (?) Es lo único rentable y ya tengo los 5.000 socios activos”.

La defensa cuestiona esta interpretación. El abogado Claudio Uribe -quien representa a un imputado de la causa- sostuvo que la supuesta prohibición respecto del THC no tendría el respaldo normativo que le atribuye el Ministerio Público.

“Esta referencia de que está prohibido el THC existe en la imaginación de la Fiscalía con amparo en algunas resoluciones de muy bajo nivel del ISP, que en ningún caso eran obligatorias para los médicos que recetaban ni para las personas. Eso no tiene sustento normativo”, aseguró.

Cultivos clandestinos

La investigación también apunta a la utilización de cultivos clandestinos que habrían permitido dificultar los controles de las autoridades.

Durante los allanamientos realizados en agosto, personal del OS7 de Carabineros encontró en El Quisco un búnker semienterrado que, de acuerdo con los antecedentes investigativos, formaría parte de la infraestructura utilizada por la organización.

La Fiscalía de Aysén sostiene que existió una estructura corporativa que habría logrado sortear los controles estatales, utilizando al Dispensario Nacional como fachada para justificar la producción y distribución de cannabis bajo fines terapéuticos.

La defensa controvierte esta tesis y sostiene que la corporación mantenía procedimientos para verificar que las personas que recibían cannabis tuvieran una necesidad médica.

Según uno de los abogados, existía “un mecanismo bajo inscripción, donde se tenía que presentar una patología”, además de antecedentes destinados a acreditar que el solicitante no tuviera problemas penales y que existiera una necesidad terapéutica para la dispensación.

Recetas en 15 minutos

Otro de los focos de la investigación apunta precisamente a la forma en que los usuarios conseguían las recetas médicas necesarias para incorporarse al sistema.

Una escucha telefónica da cuenta de la facilidad con que supuestamente podía gestionarse una receta.

“Súper fácil el tema de la receta porque nosotros trabajamos, tenemos contacto de centros médicos que trabajan con cannabis”.

En otra parte de la conversación se explica el procedimiento:

“Yo te doy el contacto de un centro médico que te hace una videollamada (?) la consulta es por tele video (?) creo que la tienen como a 15.000 pesos la hora de atención y en 15 minutos más o menos estaría tu receta en tu correo electrónico”.

Para probar cómo funcionaba el sistema, la Fiscalía recurrió a agentes encubiertos.

Uno de ellos habría logrado obtener una receta médica, incorporarse posteriormente como socio del Dispensario Nacional y finalmente adquirir cannabis.

Una segunda agente encubierta, identificada como Sofía, realizó un procedimiento similar en otro centro médico.

En su declaración, incorporada a la carpeta investigativa, relató que fue contactada mediante WhatsApp y que recibió un documento denominado “Manual Clínico Legal”.

Luego, según su testimonio, comenzó una evaluación realizada a través de mensajería.

“Me confirma si sus síntomas a tratar son: dolores de espalda y estrés”, fue una de las preguntas que recibió.

También se le consultó si tenía “dificultad para conciliar y mantener el sueño” y posteriormente se le preguntó por sus formatos de preferencia, entregándole como ejemplos “flores, extractos, comestibles u otro”, además de solicitarle información sobre la cantidad aproximada de gramos que consumía diariamente.

Finalmente, mediante WhatsApp le informaron que la receta sería enviada a su correo electrónico.

La defensa nuevamente cuestiona la interpretación del Ministerio Público.

El abogado Bocaz sostuvo que, si la Fiscalía plantea que existieron irregularidades en las recetas, deberá acreditarlo durante el proceso.

“Hasta ahora la Fiscalía ha traído a cero médicos al juicio y solo tenemos el relato de un agente encubierto, pero no hay ningún cuestionamiento a un médico que haya dado la receta”, afirmó.

Cannabis para Lollapalooza

Otra interceptación que forma parte de la investigación menciona directamente el festival Lollapalooza.

En la conversación, Andrés Astorga —sindicado por la Fiscalía como uno de los principales articuladores de la estructura— recibe una solicitud relacionada con artistas que participarían del evento.

“Te llamábamos porque, como estamos con algunos artistas en los Lollapalooza, nos habían hecho las solicitudes (?) de saber dónde podríamos conseguir algo de cannabis para ellos”.

Luego se especifica qué productos estaban buscando:

“Nos pidieron así como unos armados, unos pre-rolls creo que se llaman los que usan ustedes. Y unos vapers, si teníamos la posibilidad, y nada más que eso para el día”.

Para los investigadores, esta conversación es otro de los antecedentes que permitiría sostener que cannabis producido o distribuido por la estructura habría terminado siendo comercializado fuera de los supuestos fines terapéuticos que justificaban el funcionamiento del sistema.

El rol atribuido a Camilo Huerta

La comercialización de los productos se habría realizado mediante franquicias instaladas en distintas zonas del país.

Uno de esos establecimientos, según la investigación, habría estado bajo la administración de Camilo Huerta.

Una de las interceptaciones registra una conversación relacionada con vaporizadores que contendrían THC.

“¿Los vapo desechables, esos cómo aparecen?”.

La respuesta registrada en la escucha señala:

“Dicen vapo THC 05. Vapo THC. Y ahí tú lo vas a buscar”.

De acuerdo con los antecedentes de la causa, Huerta habría recibido cerca de $50 millones provenientes de empresas investigadas.

Otra conversación interceptada registra al ex chico reality hablando con Gino Athens, uno de los principales accionistas de DN Medcorp, respecto de las dificultades que enfrentaba un local debido a que no contaba con patente.

“Se está cerrando este local, no podíamos funcionar porque no teníamos patente. ¿Cachái? (?) Ese local, como yo le decía a Andrés: ‘Andrés, tú me llamaste, me dijiste vente, vente para acá, en dos semanas tenemos el local, este local está listo’”.

Huerta continúa señalando:

“Yo, puta, invertí las lucas (?) fuimos ahí y la cuestión del local no pudimos sacar la patente”.

La defensa sostiene que ninguna de estas conversaciones permite acreditar por sí misma la comisión de delitos.

“Las interceptaciones no dan cuenta de ningún ilícito en sí. Dan cuenta de que estas personas trataban de hacer funcionar el Dispensario Nacional y toda la red de abastecimiento de cannabis medicinal”, afirmó uno de los abogados.

La confusión con el domicilio de Huerta

Este jueves, dos funcionarios de Carabineros llegaron hasta un domicilio de Estación Central para controlar el cumplimiento del arresto domiciliario total impuesto a Camilo Huerta.

La diligencia permitió además aclarar una insólita situación ocurrida durante una fiscalización anterior.

Carabineros había informado al tribunal que personal policial concurrió hasta el domicilio registrado para controlar la cautelar y que, al llegar, constató que la dirección correspondía actualmente a un minimarket ubicado en Ñuñoa.

El hecho fue informado formalmente al tribunal como parte de la fiscalización de la medida cautelar.

Posteriormente, el abogado de Huerta, Rodrigo Núñez, explicó en el matinal Mucho Gusto que se trató de una confusión respecto del domicilio en que debía cumplirse la medida.

Cuatro meses de investigación

La causa está lejos de terminar.

El tribunal fijó un plazo de investigación de cuatro meses, período durante el cual la Fiscalía continuará analizando la evidencia reunida durante los allanamientos.

Entre las diligencias pendientes está el peritaje de cientos de dispositivos electrónicos incautados a los imputados durante agosto, incluido el equipo utilizado por Camilo Huerta.

El contenido de computadores y teléfonos podría permitir a los investigadores reconstruir nuevas comunicaciones, operaciones comerciales, movimientos de dinero y eventuales vínculos entre los distintos integrantes de la estructura.

Son diligencias con las que la Fiscalía buscará establecer hasta dónde llegaron las operaciones del denominado “Imperio Ámsterdam” y si, tal como sostiene el Ministerio Público, detrás de una estructura destinada formalmente al cannabis medicinal funcionó una organización dedicada al tráfico de drogas y al lavado de activos.