El millonario forado de Becas Chile: casi 1.800 beneficios están en incumplimiento

Una deuda que supera los $91 mil millones, cerca de 1.800 becas en incumplimiento y miles de beneficiarios que recibieron más de una beca, incluso con obligaciones pendientes. Esos son algunos de los principales hallazgos de la auditoría que el Ministerio de Ciencia presentará este lunes ante el Congreso y a cuyos antecedentes tuvo acceso Mega Investiga.

El informe comenzó a elaborarse en marzo, apenas asumió la nueva administración del ministerio encabezado por la ministra Ximena Lincolao, y constituye la primera revisión integral al funcionamiento del programa Becas Chile, uno de los principales instrumentos de financiamiento para estudios de postgrado en el extranjero.

La auditoría surge luego de que el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, encendiera las alertas durante una sesión de la Comisión de Hacienda del Senado. En esa oportunidad sostuvo que un grupo importante de beneficiarios “no cumplió sus obligaciones, no retornó al país cuando tenía que retornar y le debe al país hoy día (?) más de US$100 millones”.

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Los antecedentes obtenidos por Mega Investiga permiten dimensionar el alcance del problema.

Actualmente, el 14% de todas las becas otorgadas por el programa se encuentra en situación de incumplimiento, lo que equivale a aproximadamente 1.800 beneficios. Según los cálculos de la cartera, ello representa una deuda cercana a $91 mil millones, recursos que el Estado buscará recuperar mediante procedimientos administrativos y, eventualmente, acciones judiciales.

Doctorados concentran la mayor parte de los incumplimientos

La revisión también revela que los incumplimientos se concentran principalmente en los programas de mayor duración.

Del total de casos observados, el 52% corresponde a doctorados, mientras que el 37% pertenece a magísteres y el 6% a postdoctorados.

De acuerdo con la normativa vigente, quienes obtienen una Beca Chile deben cumplir dos obligaciones principales: acreditar la obtención del grado académico y regresar al país una vez finalizados sus estudios.

Además, deben permanecer en Chile durante un período equivalente al doble de la duración de la beca cuando fijan residencia en la Región Metropolitana, o por un tiempo igual al beneficio recibido si desarrollan su actividad en regiones.

Es precisamente el incumplimiento de estas exigencias el que ha originado buena parte de la deuda detectada por la auditoría.

Becarios con más de un beneficio

Uno de los hallazgos que más preocupa al Gobierno apunta a las debilidades de control del programa.

Según la auditoría conocida por Mega Investiga, 2.467 becas fueron otorgadas a personas que registraban más de un beneficio, situación que incluso permitió que algunos postulantes con incumplimientos anteriores accedieran a una segunda o tercera beca financiada por el Estado.

La revisión también detectó irregularidades en el pago de asignaciones familiares.

En 43 casos, ambos integrantes de un matrimonio eran beneficiarios del programa y solicitaron simultáneamente la asignación de manutención para su cónyuge, generando pagos duplicados por el mismo concepto.

Fuentes de Gobierno señalaron a Mega Investiga que la instrucción del Ministerio de Ciencia es recuperar los recursos comprometidos, considerando que el costo promedio de cada beca asciende a $102 millones en doctorados y $57 millones en magísteres.

Los becarios cuestionan el concepto de incumplimiento

La publicación de la auditoría ha generado inquietud entre organizaciones que representan a los beneficiarios del programa, quienes sostienen que el criterio utilizado por el Estado para definir el incumplimiento resulta excesivamente rígido.

“Yo no veo que ahí haya una pérdida de la inversión del país. Simplemente hay un incumplimiento administrativo porque la beca es tan estricta en su forma, es tan burocrática, es tan rígida, que no contempla siquiera causas de fuerza mayor”, afirma Mary Valdés, presidenta de la Sociedad Internacional de Investigadores de Chile (SICh).

Los representantes de los becarios sostienen que miles de investigadores continúan aportando al país pese a permanecer en el extranjero.

De acuerdo con cifras recopiladas por organizaciones de beneficiarios, existen más de 8.000 actividades de investigación y docencia realizadas desde fuera de Chile, incluyendo colaboración con universidades nacionales, publicaciones científicas, formación de investigadores y obtención de financiamiento internacional.

Sin embargo, dichas contribuciones no son consideradas por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID) como una forma válida de retribución al Estado.

Para Valdés, el problema radica en el diseño mismo del programa.

“El sistema actual está como está porque es muy cómodo o muy fácil para la agencia verificar con un papel si cumplió o no cumplió, pero en realidad eso hace un tremendo daño al desarrollo científico y a entender cuáles son las capacidades que tenemos como país”, sostiene.

A su juicio, “hay que hacer una modificación al decreto que rige la beca, donde se permita que además de la residencia se contemplen otras actividades de retribución que la agencia o el legislador decidan”.

“Chile no tiene capacidad de absorción laboral”

Otra de las críticas apunta a las dificultades que enfrentan quienes intentan regresar al país una vez concluidos sus estudios.

Los becarios aseguran que muchas universidades y centros de investigación carecen de plazas disponibles, mientras que en el sector privado abundan ofertas de empleo de jornada parcial o cargos para los que son considerados sobrecalificados.

Carlos Zamora, becario actualmente catalogado en incumplimiento, sostiene que el problema excede la voluntad de los investigadores.

“Chile no tiene capacidad de absorción laboral para los becarios. Entonces, el becario se enfrenta a la realidad de volver a Chile a buscar trabajo y no encontrarlo. Por lo tanto, botar a la basura todo lo que aprendió en el extranjero”, señala.

Añade que muchos investigadores continúan desarrollando proyectos vinculados directamente con Chile desde universidades extranjeras.

“Muchas veces ese mismo becario tiene la alternativa de seguir desarrollando sus capacidades, incluso con aportes verdaderos a Chile, trabajando con datos chilenos, haciendo investigación en redes internacionales junto a universidades chilenas. Pero nada de eso le interesa a la ANID”, concluye.

Con la auditoría ya finalizada, el Ministerio de Ciencia presentará este lunes sus conclusiones al Congreso, en medio de un debate que no solo apunta a la recuperación de recursos públicos, sino también a una eventual reforma del sistema de obligaciones que rige a quienes reciben financiamiento estatal para especializarse en el extranjero.

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