Fiscalía formaliza a dos imputados por red que traficó niños haitianos y movió más de $800 millones

La Fiscalía Centro Norte formalizó este jueves a los ciudadanos haitianos Ezequiel Rome y Jean Chery Dormeus, imputándoles integrar una organización criminal dedicada al tráfico ilícito de migrantes, principalmente niños, niñas y adolescentes haitianos, además de lavado de activos y asociación ilícita.

Durante la audiencia, el fiscal Francisco Jacir y la fiscal Carolina Suazo sostuvieron que la investigación permitió establecer la existencia de una estructura criminal de carácter transnacional que operó, al menos, desde mediados de 2024 y que habría obtenido ganancias cercanas a $800 millones.

Cabe precisar que esta investigación es completamente distinta al informe de Contraloría sobre el ingreso de menores haitianos. En este caso, la causa se refiere exclusivamente a una presunta organización criminal dedicada al tráfico ilícito de migrantes que se inició en 2024 y no a las observaciones formuladas por el organismo contralor sobre los procesos de reunificación familiar.

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Cobraban $3 millones por niño

Según expusieron los persecutores ante el tribunal, el grupo “actuando de manera organizada formó parte de una organización de carácter transnacional, que con ánimo de lucro, promovió y facilitó el ingreso ilegal de migrantes de nacionalidad haitiana, principalmente menores de edad, desde Haití a República Dominicana para luego viajar a Chile”.

Agregaron que el grupo “se asoció y bajo el liderazgo de Ezequiel Rome asumió funciones para promover y/o facilitar el ingreso ilegal de los migrantes”, cobrando aproximadamente $3 millones por cada menor de edad trasladado.

De acuerdo con lo expuesto por los fiscales, la investigación permitió reconstruir un sofisticado mecanismo de operación. Los familiares de los menores residentes en Chile pagaban a la organización para sacar a los niños desde Haití —cuya frontera terrestre con República Dominicana permanece cerrada desde septiembre de 2023— e ingresarlos clandestinamente a territorio dominicano antes de embarcarlos rumbo a Chile.

En la audiencia, Jacir y Suazo explicaron que el pago también incluía un adulto designado por la propia organización para acompañar a los menores durante el viaje. “Previo al viaje, les envían el nombre de la persona y su pasaporte, instruyéndoles concurrir a una notaría en Chile para efectuar una autorización de viaje”, señalaron.

Agregaron que, en la mayoría de los casos, ese acompañante era “una persona desconocida tanto para los padres como para los NNA”. Incluso, sostuvieron que “la falsificaban (la autorización) si fuera necesario”.

Los persecutores agregaron que la organización utilizaba diversas modalidades para recibir los pagos: dinero en efectivo, transferencias bancarias a cuentas de los imputados e incluso envíos de dinero hacia Haití. Asimismo, afirmaron que operaban utilizando las sociedades MUNDOPAM SpA y CANANEEN SpA, las que —según la imputación— servían para desarrollar parte de las actividades de la organización.

El rol de cada imputado

Durante la formalización, los fiscales sostuvieron que Ezequiel Rome era el líder de la organización.

Según expusieron, “se encarga de coordinar desde Chile el ingreso ilegal de NNA haitianos desde Haití a República Dominicana”, además de designar al adulto que viajaría con los menores, remitir sus antecedentes a los padres para obtener autorizaciones notariales y “ocultar y disimular el origen del dinero obtenido producto del tráfico ilícito de migrantes”.

Respecto de Jean Chery Dormeus, la Fiscalía afirmó que trabajaba conjuntamente con Rome en la coordinación de los viajes y que, además, “en algunos casos tramita directamente el permiso de reunificación familiar de los NNA haitianos, cobrando un monto aparte por tal gestión”.

La organización, agregaron, contaba además con integrantes radicados en República Dominicana y Haití encargados de recibir a los menores tras cruzar ilegalmente la frontera, trasladarlos hasta el aeropuerto y coordinar el resto del viaje hacia Chile.

Cinco casos concretos de menores

Para sustentar la imputación, Jacir y Suazo describieron distintos episodios específicos.

Uno de ellos corresponde a un niño de siete años cuyos familiares pagaron $2,7 millones. Según relató la Fiscalía, el viaje nunca pudo concretarse porque integrantes de la organización fueron detenidos en República Dominicana. El menor de edad permaneció cerca de ocho meses en una residencia de menores antes de ser deportado nuevamente a Haití.

En otro caso, correspondiente a un niño de once años, la madre pagó $3 millones mediante transferencias, depósitos y dinero en efectivo. Sin embargo, el menor terminó en una casa de acogida en Santo Domingo y tampoco logró reunirse con su familia en Chile.

La Fiscalía también describió otros tres episodios que involucrarían a niños y adolescentes de 13, 4, 16 y 7 años, cuyos familiares habrían desembolsado entre $3 millones y $8 millones, sin que finalmente pudiera concretarse la reunificación familiar debido a que los integrantes de la organización fueron detectados por autoridades dominicanas.

La arista de lavado de activos

Además del tráfico de migrantes, los persecutores formalizaron a ambos imputados por lavado de activos.

Respecto de Rome, sostuvieron que recibió ingresos por al menos $475 millones, de los cuales aproximadamente $386 millones correspondían a movimientos entre sus propias cuentas bancarias. Según la Fiscalía, el análisis financiero detectó “patrones de movimientos circulares, fraccionamiento de montos, uso de terceros recurrentes, operaciones de alto valor y transferencias inmediatas de entrada y salida”, además del uso de cuentas personales y de la empresa MUNDOPAM.

En cuanto a Dormeus, los fiscales señalaron que recibió ingresos por al menos $408 millones y que utilizó la cuenta corriente de CANANEEN SpA para efectuar depósitos en efectivo que resultaban inconsistentes con los ingresos declarados al Servicio de Impuestos Internos. Agregaron que durante la investigación se estableció además la adquisición de un vehículo marca Jetour a nombre de su cónyuge, operación que, según la imputación, habría buscado ocultar el origen ilícito del dinero.

Con estos antecedentes, el Ministerio Público formalizó investigación por los delitos de asociación ilícita para el tráfico ilícito de migrantes, tráfico ilícito reiterado de migrantes agravado por afectar a niños, niñas y adolescentes, y lavado de activos, investigación que continuará con nuevas diligencias para determinar la participación del resto de los integrantes de la organización.

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