Fiscalía acusa a Diego Ancalao por fraude electoral y pide 15 años de cárcel: habría falsificado 23 mil firmas para candidatura

Casi cinco años después de que su candidatura presidencial se derrumbara en medio de uno de los mayores escándalos electorales de las últimas décadas, la Fiscalía Metropolitana Centro Norte presentó acusación contra Diego Ancalao Gavilán y otros cinco imputados, solicitando penas que, en el caso del exaspirante a La Moneda, suman 15 años de privación de libertad por fraude electoral, falsificación reiterada de instrumento público y usurpación masiva de identidad.

La presentación judicial, ingresada ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, sostiene que Ancalao fue quien el 23 de agosto de 2021 concurrió hasta las oficinas del Servicio Electoral para formalizar su candidatura independiente a la Presidencia de la República, acompañando una nómina de 35.297 patrocinios ciudadanos. De ellos, 12.136 correspondían a respaldos electrónicos obtenidos a través de la plataforma del Servel y otros 23.161 aparecían certificados ante notario.

Sin embargo, según la Fiscalía, prácticamente la totalidad de esas firmas físicas eran falsas.

La acusación afirma que 23.135 de los 23.161 patrocinios presentados en papel fueron falsificados y que las personas que aparecían respaldando la candidatura nunca completaron los formularios, no firmaron los documentos y tampoco entregaron autorización para utilizar sus datos personales.

“Los imputados incurrieron en un falso testimonio, ya que 23.135 de esos 23.161 patrocinios físicos son falsificados”, sostiene el Ministerio Público.

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La tesis de la Fiscalía: una operación organizada para llegar a La Moneda

La acusación plantea que Ancalao no actuó solo.

Según el Ministerio Público, al advertir que no lograría reunir el número de firmas exigidas por la Ley 18.700 para inscribir una candidatura independiente, el exdirigente mapuche se concertó con Denisse Olivares, Fabián Olivares, Nataly Vega, Max Bustamante y Gonzalo López Allende para ejecutar una operación destinada a fabricar respaldos inexistentes.

La investigación sostiene que el grupo utilizó los datos personales de 23.135 ciudadanos sin su consentimiento y confeccionó planillas falsas incorporando nombres, números de cédula de identidad, domicilios y firmas inventadas.

De acuerdo con la acusación, los formularios fueron elaborados en distintos domicilios de Santiago, Purén y Concepción vinculados a los imputados.

Posteriormente, agrega la Fiscalía, Diego Ancalao y Denisse Olivares entregaron esas planillas a Gonzalo López Allende, quien habría recibido dinero para incorporar un timbre y una firma falsificada del exnotario Patricio Zaldívar Mackenna.

Ese antecedente es uno de los más delicados del libelo acusatorio.

Según la investigación, el notario cuya certificación aparecía validando miles de patrocinios no solo no participó en el proceso, sino que había dejado el cargo años antes.

La Fiscalía recuerda que Patricio Zaldívar Mackenna renunció a la 18ª Notaría de Santiago en abril de 2018 y falleció el 11 de febrero de 2021, varios meses antes de que se presentaran las firmas ante el Servel.

Más de 23 mil víctimas

Uno de los aspectos más llamativos de la acusación es la magnitud de las personas afectadas.

La Fiscalía identifica a 23.135 ciudadanos como víctimas de usurpación de identidad y falsificación de firmas, cuyas identidades habrían sido utilizadas para aparentar un respaldo electoral inexistente a la candidatura presidencial de Ancalao.

La acusación dedica decenas de páginas a individualizar a las personas cuyos antecedentes habrían sido utilizados sin autorización.

Los delitos imputados

El Ministerio Público atribuye a Diego Ancalao responsabilidad como autor de tres delitos.

El primero corresponde a fraude electoral, previsto en la Ley de Votaciones Populares y Escrutinios. El segundo corresponde a delitos reiterados de falsificación de instrumento público cometido por particulares. El tercero es usurpación reiterada de identidad.

La Fiscalía sostiene que los ilícitos se encuentran consumados y que Ancalao actuó como autor directo de los hechos.

Los 15 años que arriesga Ancalao

La acusación es especialmente severa respecto del excandidato presidencial.

A diferencia de otros imputados, la Fiscalía sostiene que no le favorece ninguna circunstancia atenuante de responsabilidad penal.

Por el delito de fraude electoral solicita tres años de presidio menor en su grado medio y una multa de tres UTM.

Por los delitos reiterados de falsificación de instrumento público, considerando la existencia de 23.135 hechos de la misma naturaleza, pide una pena de nueve años de presidio mayor en su grado mínimo.

Y por los delitos reiterados de usurpación de identidad solicita otros tres años de presidio menor en su grado medio.

La Fiscalía invoca además el artículo 74 del Código Penal para solicitar que las penas privativas de libertad se cumplan sucesivamente, comenzando por la más grave.

En términos prácticos, Ancalao arriesga una condena total de 15 años de cárcel efectiva, además de multas, accesorias legales y el pago de las costas de la causa.

El fin de una candidatura que alcanzó a llegar al Servel

La causa tiene su origen en la fallida candidatura presidencial que Diego Ancalao intentó levantar para las elecciones de 2021.

Su inscripción fue rechazada luego que el propio Servel detectara graves irregularidades en miles de patrocinios presentados para cumplir con los requisitos legales exigidos a los candidatos independientes. La denuncia dio paso a una investigación penal que hoy culmina con una acusación de 186 páginas y con la petición de una de las condenas más altas solicitadas en una causa por fraude electoral en la historia reciente del país.

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