INDAP bajo la lupa: Contraloría detecta que benefició con créditos a personas que tenían autos de lujo y a condenados por tráfico

¿Qué pasó? 

La Contraloría Regional Metropolitana emitió un duro informe contra la Dirección Regional Metropolitana del Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP), tras detectar múltiples irrfegularidades en el otorgamiento, supervisión y recuperación de créditos de fomento agrícola entregados durante 2024.

El Informe Final N°80 al que accedió Mega Investiga, concluyó que el organismo presentó falencias tanto en los controles internos como en la acreditación de beneficiarios, llegando incluso a otorgar créditos a personas que no cumplían los requisitos legales para ser consideradas pequeños agricultores.

Uno de los hallazgos más sensibles apunta a que INDAP benefició con créditos a usuarios que registraban vehículos motorizados “cuya valorización es superior a las 3.500 UF”. Según detalló Contraloría, el valor conjunto de esos automóviles alcanzaba los $128.791.740.

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La auditoría también detectó personas con un capital propio tributario superior al límite permitido para acceder a ayudas estatales destinadas a pequeños agricultores. “El Servicio de Impuestos Internos determinó que beneficiarios presentaban un Capital Propio Tributario Simplificado superior a las 3.500 UF”, señaló el organismo fiscalizador.

Pero los cuestionamientos no quedaron ahí. El organismo fiscalizador detectó casos de beneficiarios vinculados a antecedentes penales relacionados con drogas, armas e incluso investigaciones asociadas a predios declarados ante INDAP. Entre ellos aparece un usuario “formalizado por el delito de cultivo de estupefaciente de marihuana”, otro “condenado por el delito de usurpación de agua”, y un tercero investigado por tráfico de drogas luego de hallarse plantas de marihuana en un predio informado al servicio.

El informe cuestiona directamente la falta de verificación previa de antecedentes y controles efectivos. “El INDAP no aportó antecedentes que acrediten alguna forma de tenencia legítima de los respectivos predios”, indicó el fiscalizador respecto de algunos beneficiarios que recibieron recursos pese a existir dudas sobre los terrenos declarados.

Más de $5.400 millones pendientes de cobro

Otro de los focos críticos del informe es el nivel de morosidad acumulado por el servicio. Según la auditoría, al 31 de diciembre de 2025 INDAP mantenía pendientes de cobro créditos por $5.479.078.192, correspondientes a 1.453 préstamos otorgados hasta 2024.

De ese total, $3.265.314.820 correspondían a 703 créditos catalogados como morosos y que seguían vigentes. Contraloría precisó que esa cifra representaba el 58% del total adeudado. Asimismo, se detectaron “saldos pendientes de recuperación” asociados a beneficiarios fallecidos por más de $118 millones.

Supervisiones mínimas y funcionarios revisando sus propios créditos

La auditoría también puso el foco en los deficientes mecanismos de fiscalización. Contraloría constató que durante 2024 solo se realizaron 36 supervisiones en terreno para un total de 566 créditos de corto plazo, equivalente apenas al 6% de los casos.

Además, detectó situaciones donde “el mismo funcionario que realizó la supervisión en terreno fue el mismo que aprobó la solicitud de crédito”.

El organismo advirtió que aquello “no se condice” con los principios de control interno establecidos por la propia normativa pública. A ello se sumaron informes técnicos incompletos, errores en registros y ausencia de mecanismos consolidados para rastrear renegociaciones de créditos.

Beneficiarios sin Registro Social y acreditaciones vencidas

El informe también cuestionó la forma en que INDAP acreditó a sus usuarios. La Contraloría detectó que 481 personas mantenían acreditaciones superiores a cinco años sin reevaluación de antecedentes, pese a que ello debía revisarse periódicamente.

Asimismo, se detectaron usuarios que recibieron créditos pese a no contar con Registro Social de Hogares o presentar una Calificación Socioeconómica fuera del tramo permitido para acceder a beneficios. En uno de los casos observados, Contraloría indicó que existían beneficiarios con un tramo de hasta 90% y 100% en el Registro Social de Hogares, pese a que la normativa exigía pertenecer al 70% más vulnerable.

Las órdenes de Contraloría

El organismo instruyó a INDAP iniciar procedimientos disciplinarios, revisar todas las operaciones observadas y adoptar medidas correctivas en un plazo de 60 días hábiles.

Entre otras acciones, deberá reevaluar beneficiarios, revisar acreditaciones, corregir procedimientos de cobranza, fortalecer controles internos y reportar formalmente los avances ante Contraloría

Documento: Informe Final N°80 de la Contraloría Regional Metropolitana sobre la Dirección Regional Metropolitana de INDAP.

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