Abren causa penal por querella de Greenpeace por caso Dominga: Apunta a ministro Jean Pierre Matus por posible corrupción judicial

¿Qué pasó? 

Una querella presentada por la Fundación Greenpeace Pacífico Sur abrió una nueva y delicada arista judicial en torno al proyecto minero-portuario Dominga. La acción, a la que accedió en exclusiva el programa Lo Importante de Radio Infinita, fue declarada admisible por el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, remitida a la Fiscalía y dio origen a una investigación penal por eventuales delitos de cohecho agravado y revelación de secretos.

La querella, patrocinada por el abogado Mauricio Daza, apunta directamente a posibles vínculos entre pagos realizados por Andes Iron al estudio jurídico Lagos, Vargas & Silber y actuaciones judiciales en las que intervino el ministro de la Corte Suprema Jean Pierre Matus.

En el escrito judicial, Greenpeace sostiene que existen “antecedentes vinculados a posibles delitos de corrupción asociados a la tramitación judicial” del proyecto Dominga y que los hechos “requieren ser investigados, debido a su gravedad, por involucrar eventuales actos de corrupción de funcionarios públicos”.

Ir a la siguiente nota

La acción judicial afirma que Andes Iron realizó pagos por más de $255 millones al estudio Lagos, Vargas & Silber durante 2023. Según la querella, los depósitos comenzaron el 30 de marzo de ese año y luego “se regularizaron mes a mes con montos cercanos a los $22 millones de pesos chilenos”, hasta alcanzar un total de $255.500.000.

Greenpeace sostiene que la explicación formal entregada por la minera —una supuesta asesoría jurídica— no se sostiene. De hecho, el escrito afirma que “no es efectivo que los pagos asociados al estudio jurídico al que pertenecían los abogados Eduardo Lagos y Mario Vargas hayan tenido por objeto colaborar con la defensa jurídica del proyecto”.

Más aún, la querella sostiene que los informes elaborados por el estudio “reproducen información pública que se encontraba disponible en internet” y que aquello constituiría “una justificación mendaz, que tendría por objeto darle una cobertura a la entrega de beneficios económicos”.

El documento agrega una de las frases más duras de toda la presentación judicial al afirmar que los abogados Lagos y Vargas “tenían el rol de intermediadores en un esquema de corrupción judicial”.

La querella además sostiene que los antecedentes conocidos “constituyen indicios determinantes de que los aludidos podrían haber operado también como intermediadores entre la titular del proyecto Dominga y los ministros de los tribunales superiores de justicia que debían conocer el proyecto”.

El foco en Jean Pierre Matus

Uno de los capítulos más sensibles del libelo dice relación con los vínculos entre el estudio jurídico y el ministro Jean Pierre Matus. La querella afirma que el magistrado mantenía relaciones profesionales y personales con integrantes de la oficina que recibió pagos desde Andes Iron.

Greenpeace detalla que la cónyuge del ministro, María Cecilia Ramírez, “integraba el equipo jurídico del estudio Lagos, Vargas & Silver” mientras se realizaban los pagos de la minera. Además, sostiene que “en las cartolas bancarias del estudio aparecen transferencias a María Cecilia Ramírez por $18 millones entre los años 2023 y 2024”.

El escrito agrega que “existirían registros de transferencias de dinero del ministro Matus al abogado Mario Vargas”, pagos que, según la querella, “demuestran que existía una relación de confianza entre el abogado Vargas y el ministro Matus”.

Para Greenpeace, aquello “torna, a lo menos, en poco verosímil la idea de que el ministro Matus no haya tenido conocimiento” del vínculo entre Lagos, Vargas & Silber y Andes Iron.

La presentación judicial recalca además que Jean Pierre Matus intervino directamente en uno de los fallos de la Corte Suprema que terminó favoreciendo a Andes Iron. En específico, se menciona el recurso de casación Rol 115.544-2023, cuya resolución fue redactada por el propio ministro y dictada el 24 de enero de 2024.

La querella sostiene que “resulta poco verosímil” que el magistrado no conociera los vínculos entre la minera y el estudio jurídico, “si su cónyuge asesoraba al referido estudio de abogados, a la fecha en que se dictó la resolución”.

Además, Greenpeace plantea que es necesario determinar “si existieron comunicaciones y revelaciones indebidas de información secreta o reservada por parte del ministro Matus u otros ministros del máximo tribunal”.

Declaración de Eduardo Lagos

La querella incorpora además parte de la declaración judicial del abogado Eduardo Lagos, hoy imputado en la trama “Muñeca Bielorrusa”, quien reconoció ante el Séptimo Juzgado de Garantía que Jean Pierre Matus y su esposa colaboraron con el estudio jurídico. “Prestó colaboración en nuestro estudio durante un tiempo, al igual que su señora”, declaró Lagos.

Lagos también reconoció que Dominga y Andes Iron eran clientes habituales de la oficina: “Somos abogados permanentes de Minera Dominga y Andes Iron”, afirmó en esa audiencia judicial incorporada en la querella.

En el apartado jurídico, Greenpeace sostiene que la existencia de beneficios económicos vinculados al ejercicio de funciones jurisdiccionales “puede estar asociado a delitos de cohecho agravado” y que el pago a abogados “que habrían operado como intermediarios” se vuelve “incompatible con la función pública y el principio de probidad”.

Finalmente, la querella solicita diligencias como oficiar a Andes Iron para entregar contratos, informes y antecedentes tributarios; ordenar peritajes documentales; y citar a declarar a ejecutivos y abogados relacionados con la causa.

¿Qué dijeron desde Dominga?

En relación a la querella “contra quien resulte responsable” presentada por Greenpeace y su abogado, Mauricio Daza, desde Andes Iron, empresa detrás del proyecto Dominga, señalaron que "no tiene fundamento alguno y que no aporta ningún nuevo antecedente, por lo cual probablemente estemos frente a una acción de naturaleza política destinada a dilatar un proyecto minero. Ello teniendo en cuenta que el propio señor Asún ha reconocido ante la Cámara de Diputados que puede 'agregar unos 2 mil días a cualquier proceso de evaluación ambiental'".

"Dominga ha sido consistentemente respaldada desde un punto de vista técnico por todas las instancias pertinentes, por lo cual consideramos que esta acción no es más que un nuevo intento de Greenpeace por trabar proyectos de inversión instrumentalizando nuestra institucionalidad", cerraron.

Todo sobre Mega Investiga