Fiscalía Nacional Económica denuncia a siete empresas por colusión en el mercado de la centolla

¿Qué pasó?

La Fiscalía Nacional Económica (FNE) presentó un requerimiento ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) contra siete empresas procesadoras de centolla en la Región de Magallanes y ocho de sus ejecutivos, acusándolos de haberse coludido entre 2012 y 2021 para fijar los precios de compra del recurso extraído por pescadores artesanales.

La FNE solicitó aplicar multas por un total de 62.406 Unidades Tributarias Anuales (UTA), equivalentes a unos US$ 54 millones ($51.870 millones), a las compañías involucradas. A los ejecutivos se les atribuye responsabilidad directa, por lo que se piden sanciones adicionales de 511 UTA (aproximadamente US$ 445 mil).

¿Cómo operaba la colusión?

De acuerdo con la investigación, los representantes de las empresas se coordinaban a través de reuniones presenciales en muelles, ferias internacionales o encuentros locales, además de llamados, correos electrónicos y grupos de WhatsApp. Allí intercambiaban información estratégica sobre los precios que pagaban o planeaban pagar por la centolla.

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Las firmas involucradas son Elaboradora de Alimentos Porvenir, International Seafood, Pesquera Cabo Froward, Productos Marinos Puerto Williams, Proyecta Corp, Sociedad Pesquera Bahía Chilota y Bakkavör. Según la FNE, estas compañías definían un precio de inicio de temporada más bajo que en un escenario competitivo y luego retrasaban o contenían las alzas que naturalmente se producían entre julio y noviembre, afectando directamente los ingresos de los pescadores.

Entre 2017 y 2021, estas empresas concentraron entre el 81% y el 88% de las compras de centolla viva en Magallanes, la cual procesaban y exportaban casi en su totalidad a mercados como China, Estados Unidos y México.

La Fiscalía sostiene que esta práctica redujo los pagos recibidos por los pescadores artesanales, quienes no pudieron acceder a precios justos de mercado debido a la constante coordinación entre las compañías.

El requerimiento detalla que los ejecutivos confirmaban entre sí las tarifas que estaban aplicando, corroboraban información entregada por proveedores y discutían estrategias de compra, anulando la independencia en la toma de decisiones y eliminando la incertidumbre propia de un mercado competitivo.

¿Cómo inició la investigación?

Las indagaciones comenzaron en julio de 2020 tras una denuncia. Se utilizaron interceptaciones telefónicas, allanamientos e incautaciones en oficinas de las empresas en Porvenir, además de declaraciones de ejecutivos que reconocieron los contactos con sus competidores.

En febrero de 2021, la empresa Bakkavör y tres de sus ejecutivos accedieron al beneficio de la delación compensada, confesando su participación y aportando antecedentes que permitieron acreditar la colusión.

El Fiscal Nacional Económico, Jorge Grunberg, afirmó que este caso refleja la decisión del organismo de perseguir la colusión incluso en mercados regionales.

“Con este requerimiento, la Fiscalía reafirma su compromiso de desplegarse en cualquier rincón del país donde exista alguna infracción anticompetitiva y de perseguir con el máximo rigor las colusiones en los mercados regionales”, sostuvo.

Añadió que, pese a que hoy casi toda la centolla se exporta, “resulta indiscutible el daño que este comportamiento ha provocado en el mercado chileno, particularmente a los pescadores artesanales que viven de la extracción de este recurso”.

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