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Licencias médicas: Contraloría revela que otros 10 mil funcionarios públicos fueron al extranjero durante supuesto reposo

¿Qué pasó? 

La Contraloría General de la República (CGR) dio a conocer que otros 10.805 funcionarios que se desempeñan en servicios públicos con presencia regional salieron del país durante su licencia médica o en parte de ella.

Estos casos se suman a los 25.078 funcionarios públicos que fueron detectados en el primer informe publicado el 20 de mayo pasado, en el marco del CIC N° 9, que desencadenó un escándalo a nivel nacional. 

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Presunto uso irregular de más de 15 mil licencias médicas

Según el nuevo Consolidado de Información Circularizada (CIC) N°16, esto podría implicar el uso irregular de 15.257 licencias médicas emitidas entre 2023 y 2024, de las cuales el 76% corresponde a Fonasa y un 24% a Isapres.

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En este reporte, comprometido por la contralora general, Dorothy Pérez, en junio de este año ante la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, se agrega que los titulares de esas licencias habrían entrado o salido del país en 26.606 oportunidades.

Un total de 67 funcionarios registran entre 16 y 30 entradas y/o salidas, mientras que 30 tienen más de 30 entradas y/o salidas del país. Tanto en 2023 como en 2024, los viajes al extranjero se concentraron principalmente en el último trimestre, es decir, entre octubre y diciembre.

¿A qué servicios pertenecen los funcionarios que habrían incumplido su periodo de reposo?

Respecto de los servicios a los que pertenecen los funcionarios que habrían incumplido su periodo de reposo, estos corresponde a 442 entidades públicas de regiones. De ellas, el 67% son servicios de salud y hospitales, un 15% Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), un 11% municipalidades, corporaciones y direcciones municipales, un 4% establecimientos educacionales, y un 3% otro tipo de servicios.

Se destacan el Servicio de Salud Magallanes (1.258 licencias), SLEP Chinchorro (1.065 licencias), Servicio de Salud del Reloncaví (780 licencias), Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota (692 licencias), Dirección Servicio de Salud Aysén (553 licencias), y Corporación Municipal de Desarrollo Social de Antofagasta (517 licencias).

Tras la presentación de este reporte, la Contraloría notificará a las instituciones involucradas para que se inicien los procedimientos disciplinarios de rigor, y remitan las respectivas resoluciones a través del Sistema de Inspección de Acciones Derivadas (SIAD) de la CGR, en un plazo de cinco días hábiles.

Además, la información, será remitida a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (Compin), a la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso), al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado, para que se ejerzan las acciones que correspondan.

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