"Vulneraciones permanentes de sus derechos": El lapidario informe de la Defensoría de la Niñez sobre el Slep de Atacama

Apenas cinco días quedan para el regreso a clases, y la crisis educacional en Atacama parece estar lejos de terminar. Los problemas del Servicio Local de Educación Pública (Slep) de la región han mantenido en suspenso el ingreso de cerca de 30 mil estudiantes que asisten a los 79 establecimientos del servicio.

Ante un posible paro de profesores y la incertidumbre sobre las condiciones de los establecimientos, el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, viajó este jueves a la región de Atacama para contener la escalada de la crisis. Sin embargo, su arribo llega acompañado de un duro informe que enreda las conversaciones con el gremio de profesores, luego de que el propio ministro firmara un acuerdo a fines de 2023 para levantar el paro.

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Se trata de un extenso documento que elaboró la Defensoría de la Niñez sobre la crisis educacional que afecta a la región. El informe al que tuvo acceso Mega Investiga, contiene 25 páginas y en este se abordan una serie de problemáticas derivadas de la gestión del Slep de Atacama. "Las conclusiones nos dan cuenta de un escenario que al día de hoy, ad portas de estar comenzando el año escolar 2024, es bastante preocupante, porque se detectaron deficiencias", señala Anuar Quesille, Defensor de la Niñez.

La "Misión de Observación" se llevó a cabo en la semana del 8 de enero y fue encabezada por el propio Quesille, quien junto con un grupo de profesionales, visitaron cinco establecimientos que están bajo la administración del Slep de Atacama, incluyendo a las comunas de Tierra Amarilla, Copiapó y Caldera. La metodología incluyó recorridos en terreno, entrevistas a profesores, apoderados, estudiantes y autoridades, además del levantamiento de datos.

En la visita alertaron sobre una serie de problemas que mantienen hace meses en una crisis educacional a la región y que, varios de ellos, incumplen con los acuerdos que lograron las autoridades y las comunidades educativas a fines de 2023.

En particular, el informe advierte que en todos los establecimientos visitados, "no existe ejecución de obras durante el mes de enero de 2024, así como tampoco se conoce de un plan para lograr el avance esperado". Durante la inspección de la Defensoría, también se constató que al menos cuatro establecimientos observados "no se encuentran en funcionamiento ni tienen evidencias de trabajos en ejecución o de pronta intervención".

Respecto al "Plan Atacama", elaborado por el Ministerio de Educación y con la participación del Gobierno Regional, Municipalidades y parlamentarios de la región, la Defensoría consigna que el plan estaría lejos de cumplirse en su totalidad. "Resulta preocupante que el principal organismo ejecutor y responsable del proceso de mejoras (Slep) señale que no se encuentran las condiciones al 100% y que hay una disposición del Ministerio sólo hasta un 50% de las obras", se lee en el documento.

El informe también aborda las problemáticas que han tenido los establecimientos que han sido afectados por los robos durante el verano. Particularmente, se advierte la "falta de seguridad de los establecimientos, tanto en la infraestructura de los recintos, como en la inexistencia de personal de seguridad". 

Un punto que las propias autoridades de la zona han reconocido. "Estamos presentando querellas por todos los establecimientos que han sufrido siniestros de robo", dijo esta semana la directora del Slep Atacama, Cecilia Brito. Aún así insistió en que la situación no afectaría el inicio de clases.

Una parte importante del informe elaborado por la Unidad de Estudios, Planificación y Estadística de la Defensoría de la Niñez, apunta a la afectación de los derechos de niños, niñas y adolescentes. 

Según la institución, la crisis de Atacama ha afectado el derecho de acceso a la educación, ante la imposibilidad de que los alumnos puedan acceder a clases de manera periódica, "no recibiendo sus procesos de aprendizaje en forma adecuada". 

A raíz de esta situación, el informe advierte que también se ha visto afectado el derecho a tener una educación de calidad, ya que la "intermitencia" de los procesos educativos ha provocado un "rezago pedagógico" y un aumento de inasistencia o abandono escolar. Un reflejo de esto serían los resultados del SIMCE 2022, los cuales muestran que la región tuvo una disminución mayor que la constatada a nivel nacional, tanto en segundo medio como en cuarto básico, alcanzando en este último una merma de nueve puntos en los últimos cuatro años en la medición de Lenguaje.

Otros derechos que han sido vulnerados, según se lee en el documento, son el acceso a la salud, al existir riesgos de "intoxicación por gas emanado de alcantarillas y cañerías de establecimientos de Copiapó", además de otros derechos como la no discriminación y el derecho al juego y esparcimiento. 

Según comentó el defensor Quesille a este medio, "no existía en la región aún un plan formal para poder paliar las deficiencias de infraestructura, no había obras esa semana, sino que las obras se supone empezarían la semana del 15 de enero, cuestión que tampoco fue así". 

Quesille apunta particularmente a las autoridades de Gobierno y asegura que "acá tiene que haber una señal desde el nivel central, desde como el Ministerio de Educación envía señales claras, de cómo el Presidente de la República se involucra en la materia".

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Desde el minsiterio respondieron a Mega Investiga que ya sostuvieron una reunión con el defensor para abordar los resultados del informe y atender las problemáticas presentadas en el documento. Aun así, desde la cartera de educación precisaron que ese informe responde a una "radiografía geográficamente acotada de un escenario que ha cambiado".

Sobre este punto, señalan que el informe "habla de cinco establecimientos de dos comunas en un Servicio que tiene 60 recintos y más 19 jardines distribuidos en cinco comunas. Se trata de una radiografía que refleja algunos problemas existentes al momento de la visita, pero no es una descripción acabada de la situación de todo el Servicio que, como he indicado, es mucho mayor".

Finalmente, agregaron que desde el momento de la visita de la Defensoría de la Niñez hasta ahora "se han verificado varios avances y se han tomado medidas que atienden a varias de las recomendaciones que realiza este organismo".

El informe será revisado por la Comisión de Educación del Senado, que sesionará este jueves y viernes en la región de Atacama, y será el propio Quesille quien presentará el documento ante los parlamentarios.