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Perú rompe relaciones diplomáticas con México por asilo a ministra del expresidente Pedro Castillo

¿Qué pasó?

Perú rompió relaciones diplomáticas con México tras el asilo otorgado a la exjefa de gabinete, Betssy Chávez, procesada por el fallido golpe de Estado de diciembre de 2022 del expresidente Pedro Castillo.

"Hoy hemos conocido con sorpresa y con profundo pesar que la expremier Betssy Chávez, presunta coautora del golpe de Estado que pretendió consumar el expresidente Pedro Castillo, está siendo asilada en la residencia de la embajada de México en el Perú", dijo el canciller Hugo de Zela en conferencia de prensa.

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"Frente a este acto inamistoso y teniendo en cuenta las reiteradas ocasiones en que el actual y el anterior presidente de ese país han intervenido en los asuntos internos del Perú, el gobierno peruano ha decidido en la fecha romper relaciones diplomáticas con México", agregó.

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México tildó de "excesiva y desproporcionada" la decisión peruana

Tras la ruptura de las relaciones diplomáticas, el presidente José Jerí anunció en su cuenta X "que la encargada de la embajada de México en Perú, Karla Ornela, fue informada por el canciller que tiene un plazo perentorio para abandonar" el país.

México, por su parte, tildó de "excesiva y desproporcionada" la decisión peruana al señalar que el asilo a Chávez es un "acto legítimo (...) y apegado a derecho internacional" que no interviene "en modo alguno" en los asuntos internos de Perú.

Chávez sostiene que "ha sido objeto de reiteradas violaciones a sus derechos humanos como parte de una persecución política del Estado peruano desde el momento de su captura en 2023", indicó la cancillería mexicana en un comunicado. Resaltó además que su asilo cumple con la Convención de Caracas sobre la materia, la cual establece que el Estado otorgante es "el único facultado para calificar la naturaleza de la persecución en contra" del solicitante.

Chávez estaba siendo enjuiciada junto con Castillo por el presunto delito de rebelión, desde marzo de 2025. La fiscalía pide 25 años de prisión para ella por haber participado como expresidenta del Consejo de Ministros en el plan de Castillo. Ella es procesada en libertad, mientras que Castillo cumple prisión preventiva desde diciembre de 2022.

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