Presupuesto 2027: Valencia y fiscales regionales llegan a La Moneda para manifestar "preocupación" por riesgos en autonomía

El fiscal nacional, Ángel Valencia, llegará este viernes a las 8:30 horas a La Moneda junto al fiscal supraterritorial Miguel Ángel Orellana, a los fiscales regionales Roberto Garrido, Aquiles Cubillos, Carmen Gloria Wittwer, Francisco Jacir, Cristian Crisosto y Marcos Pastén. La delegación se reunirá con el ministro del Interior, Claudio Alvarado, para abordar las disposiciones del proyecto de Presupuesto 2027 que, según el Ministerio Público, podrían limitar su autonomía en la administración de recursos.

El encuentro se realizará un día después de que Mega Investiga revelara que Valencia, la contralora general de la República, Dorothy Pérez, y la presidenta del Consejo Directivo del Servicio Electoral (Servel), Pamela Figueroa, se reunieron en un reservado almuerzo para compartir su preocupación por las reglas presupuestarias que, a juicio de las instituciones, podrían estrechar el margen de decisión de organismos que deben actuar con independencia del gobierno de turno.

La cita de este viernes pone el foco en las objeciones planteadas por la Fiscalía Nacional. La institución, en ruedas internas, advierte que algunas normas incluidas en el proyecto podrían someter decisiones administrativas propias a autorizaciones o visaciones de la Dirección de Presupuestos (Dipres), organismo dependiente del Poder Ejecutivo.

La preocupación de la Fiscalía es que esa intervención afecte la posibilidad de distribuir recursos y responder con rapidez a necesidades de la persecución penal. La institución sostiene que su autonomía constitucional no se limita a investigar y perseguir delitos: también requiere capacidad para administrar los medios con que cumple esas funciones, dentro del marco legal y con rendición de cuentas.

Entre los puntos que serán parte de la discusión está la creación de un programa presupuestario separado para la Fiscalía Supraterritorial, unidad especializada en investigar fenómenos criminales de alcance interregional. La Fiscalía plantea que esa estructura podría dificultar el movimiento de recursos entre esa unidad y otras áreas del Ministerio Público, si para hacerlo se requiere la intervención de la Dipres.

Otro foco está en los Equipos contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH). El proyecto incorpora exigencias de visación e información para estos equipos, incluidos reportes periódicos sobre actividades y ejecución presupuestaria. Para la Fiscalía, esas obligaciones podrían condicionar decisiones de gestión y deben diseñarse de manera que la rendición de cuentas no exponga antecedentes protegidos de investigaciones penales.

El Ministerio Público ha precisado que su objeción no apunta a eliminar los controles sobre el gasto ni a cuestionar la transparencia en el uso de recursos públicos. La institución reconoce que debe rendir cuentas. La diferencia, plantea, está en si esos mecanismos revisan cómo se utilizan los fondos o si pasan a exigir autorizaciones externas para decidir cómo administrarlos.

La propuesta también establece límites para determinados gastos de funcionamiento, como horas extraordinarias, viáticos y capacitación. La Fiscalía advierte que topes rígidos pueden reducir su capacidad de reaccionar ante diligencias imprevistas, desplazar equipos o extender jornadas durante investigaciones complejas. En esos casos, sostiene, la necesidad de actuar puede no coincidir con la planificación presupuestaria hecha al inicio del año.

La reunión en La Moneda se produce mientras el proyecto de Presupuesto 2027 continúa su tramitación en el Congreso. El encuentro con Alvarado abre una instancia de diálogo entre el Ejecutivo y la Fiscalía sobre las normas que la institución considera podrían incidir en su gestión.

Una preocupación compartida, con distintos énfasis

La conversación de ayer entre Valencia, Pérez y Figueroa reunió inquietudes presupuestarias distintas. En el caso de la Fiscalía, el reparo se concentra en las facultades de la Dipres y en la flexibilidad para gestionar recursos. El Servel ha cuestionado tanto los recursos propuestos para el organismo como la forma en que las restricciones podrían afectar la preparación de futuros procesos electorales.

La situación de Contraloría es diferente: el proyecto considera un aumento de recursos para el organismo. Sin embargo, la preocupación expuesta en el encuentro se relaciona con las reglas que inciden en su margen para administrar el presupuesto y ejercer su labor fiscalizadora.

Así, la discusión común no supone que las tres instituciones enfrenten el mismo problema ni que tengan idénticas demandas. El punto que las conecta es el alcance de las reglas presupuestarias y el límite entre fiscalizar el uso de fondos públicos y condicionar decisiones que corresponden a organismos autónomos.

Para la Fiscalía, el tema será planteado hoy directamente ante el ministro del Interior, mientras el debate legislativo sigue en curso. La institución busca que las disposiciones del Presupuesto 2027 permitan mantener controles y rendición de cuentas sin afectar la capacidad del Ministerio Público de tomar decisiones oportunas para investigar y perseguir delitos.

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